En 2019, un dato difundido por el Fondo Mundial para la Naturaleza nos pegó una bofetada: los seres humanos consumimos la cantidad de microplásticos equivalente a una tarjeta de crédito cada semana. La estimación fue hecha por un equipo de investigadores de la Universidad de Newcastle, Australia, que encontró concretamente que las personas consumimos en promedio unos cinco gramos de plástico cada semana a través del agua que tomamos, la comida que ingerimos y el aire que respiramos. Sin embargo, este no es el único trabajo que debería alertarnos. En nuestro país, más de la mitad de los peces de arroyos de Uruguay nadan con microplásticos en sus tripas, registramos cantidades récord de plástico en tortugas verdes y la presencia de plásticos en playas ha aumentado su presencia en los últimos 20 años. Hace poquito, un hecho ayudó a visibilizar la magnitud de la problemática. Durante una de las expediciones del Schmidt Ocean Institute en nuestra plataforma marina, mientras el robot SuBastian exploraba a más de 970 metros de profundidad, encontraron una bolsa plástica de leche. Las imágenes nos permitieron obnubilarnos ante la belleza del ecosistema, pero también nos mostró la torpeza de nuestra especie.
En pocas palabras, la contaminación por plásticos es un problema mundial que viene en aumento, tiene repercusiones locales y, como muchas organizaciones sociales y académicos vienen denunciando desde hace tiempo, genera daños a la salud humana y ecosistémica.
En este contexto, la Usina de Percepción Ciudadana, con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo, Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre) y el Grupo de Economía Verde e Inclusiva, realizó un estudio denominado Percepción ciudadana sobre economía circular, que fue presentado hace unas semanas en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. El objetivo, según versa en el texto, es “generar insumos para el diseño de políticas que promuevan la economía circular” y relevar las percepciones de la ciudadanía en torno a la temática. El relevamiento fue llevado a cabo del 12 al 16 de setiembre y permitió obtener información para una muestra de 500 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas. El trabajo abordó la percepción de la población sobre los plásticos de un solo uso –artículos ideados para ser usados una única vez antes de ser desechados–, las prácticas luego de usarlos, el empaquetado plástico, la disposición a pagar más por productos que eviten el uso del contaminante y más. En paralelo, una iniciativa parlamentaria busca prohibir algunos plásticos de un solo uso.
El apoyo a políticas concretas y la percepción de exceso
Una de las conclusiones del estudio de percepción consiste en que “la mayoría de las personas responde que sabe lo que son los plásticos de un solo uso y se dividen en porcentajes iguales entre quienes dicen saberlo claramente (38%) y quienes dicen tener una idea pero no estar muy seguros/as (38%)”. Sin embargo, casi una de cada cuatro personas responde “no conocer y decir que es la primera vez que lo escucha” al término. El informe detecta que “a menor edad, mayor nivel de conocimiento” y, al desagregar por nivel socioeconómico, se ve que “a mayor nivel, más personas responden saber claramente qué son los plásticos de un solo uso”. Ante la consulta de cuál es el plástico de un solo uso que utilizan con más frecuencia, las tres opciones más seleccionadas fueron: “envases de alimentos y bebidas” (46%), “artículos de higiene personal” (40%) y, finalmente, “utensilios y accesorios” (26%).
La mayoría de las personas los tiran con “la basura común” (40%), “algo más de una de cada tres los limpia y los deposita en contenedores de reciclaje” (31%) y “casi uno de cada cuatro los reutiliza en su casa” (23%). El informe describe que “al desagregar por nivel socioeconómico, se ve que quienes en mayor medida tienen el hábito de limpiar los plásticos y depositarlos en contenedores son las personas de sectores medios”. Por otra parte, “quienes en mayor medida los tiran en la basura común son los sectores altos, mientras que los bajos son quienes más responden reutilizarlos en su casa”. A su vez, cuanto “mayor edad, mayor proporción de personas responden limpiar y depositar los plásticos en contenedores de reciclaje, mientras que los más jóvenes son quienes más responden tirarlos en la basura común”.
Por otro lado, la mayoría de las personas (68%) señala que frecuentemente siente que “los productos que compra están excesivamente empaquetados en plásticos que podrían evitarse”, un porcentaje menor responde que esto sucede “a veces” (20%) y apenas un 5% dice que sucede “rara vez”. En este caso, “las mujeres y las personas más jóvenes son quienes en mayor medida responden percibir con frecuencia que los productos que compra están excesivamente empaquetados”. Otra de las preguntas es si estaría dispuesto el entrevistado a “pagar un 5% más (por ejemplo: $ 50 en un producto de $ 1.000) por un producto que evite el uso de envases de un solo uso”. En este caso, 40% de las personas dijo que sí, 44% que no y 16% “no sé, prefiero no contestar”. Las mujeres y las personas de 30 a 59 años son quienes indican en mayor medida que lo harían.
Quizás el resultado más llamativo consiste en que el 62% de la población apoya que se limite por ley el uso de envases de un solo uso, entendidos como “plásticos descartables que no cumplen una función esencial”. En esta pregunta, “a mayor edad, mayor nivel de apoyo” y, al desagregar por nivel socioeconómico, se ve que quienes en su mayoría apoyan la medida son las personas de nivel medio.
Otra consulta que se realizó durante la encuesta gira en torno a la ley que obliga a los supermercados y tiendas a cobrar a los consumidores las bolsas plásticas. En concreto, buscaron saber si las personas entendían que contribuyó a reducir los plásticos de un solo uso. 21% respondió afirmativamente, 41% que lo hizo parcialmente y 32% que tuvo un resultado negativo. Las mujeres son quienes en mayor medida responden que la ley de bolsas sí contribuyó a reducir los plásticos de un solo uso. Asimismo, en la encuesta de percepción también se examina cuál es el sector que tiene mayor responsabilidad en reducir los envases de un solo uso. Las opciones más votadas fueron: “supermercados, shoppings y grandes tiendas” (36%), “delivery y comida para llevar” (20%), “plataformas de e-commerce” (16%), “el Estado” (15%) y “los consumidores” (11%).
No alcanza con la acción individual: ¿qué sucede con la regulación vinculada a los plásticos a nivel nacional e internacional?
En 2022, Uruguay fue sede de la primera reunión que buscó elaborar el primer tratado internacional legalmente vinculante para poner fin a la contaminación por plásticos. Sin embargo, desde entonces, las negociaciones fracasaron y no se ha llegado a consenso. Según informó Associated Press, el último borrador que se trató este año en Ginebra no establecía un límite a la producción de plástico y generó molestia en países que apostaban por un tratado más ambicioso. La resistencia a la normativa proviene principalmente de los países productores de petróleo y fabricantes del contaminante, que rechazan la restricción a la producción. Mientras tanto, según datos de las Naciones Unidas, cada año se producen en el mundo más de 400 millones de toneladas de plástico y la mitad fueron diseñados para utilizarse una sola vez. Estos plásticos tardan décadas y décadas en degradarse –el tiempo depende del producto y tipo de material–.
En el ámbito nacional, los diputados están tratando en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende prohibir varios plásticos de un solo uso. La iniciativa fue presentada en el quinquenio anterior por legisladores del Frente Amplio y recibió comentarios de varias delegaciones, entre ellas, el Ministerio de Ambiente, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Asociación Uruguay de Industrias del Plástico y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (Rapal). El proyecto fue desarchivado en mayo y Sylvia Ibarguren, diputada del Frente Amplio y vicepresidenta de la Comisión de Ambiente, contó a la diaria que se acordó darle “prioridad” en el tratamiento.
La exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria dice que tiene como fin “reducir el consumo de plásticos de un solo uso, eliminando su utilización y distribución en sitios de origen”. “La legislación actual, y en particular el Plan Nacional de Gestión de Residuos, está enfocada en otras metas (como la recuperación y reutilización de residuos), mientras que este proyecto apunta directamente a evitar su generación. Se trata de una iniciativa sin un fin recaudador ni comercial; tiene un único fin y es ambiental”, expresa. Enseguida recuerda que, en 2019, la vajilla descartable generó 1.335 toneladas, las bandejas otras 2.007 toneladas y el film plástico otras 11.312 toneladas en nuestro país.
El proyecto cuenta con diez artículos. Uno de ellos refiere a los “productos presentados en plástico”. Prohíbe “la entrega de bandejas de poliestireno expandido (espuma plast), bandejas de plástico transparente y cloruro de polivinilideno (conocido como film), utilizados para contener y transportar productos y bienes fragmentados en empresas que comercializan alimentos [...] y que sean entregadas a un consumidor en cualquier punto de venta o de entrega”, salvo exclusiones que prevé la normativa. También prohíbe “la entrega de embalajes o envases de un solo uso” para contener “frutas y hortalizas cuyo peso no supere los 1.000 gramos” y “alimentos prontos para consumir fraccionados en porciones menores a 500 gramos”. Determina que el Ministerio de Ambiente “deberá prohibir la producción, importación y comercialización de productos plásticos de un solo uso para los cuales existan sustitutos a nivel nacional”. Por otro lado, los titulares de los puntos de venta o entrega donde se suministren los plásticos estarán obligados a “promover y participar en campañas de difusión y concientización a la población sobre el uso responsable y racional de plásticos de un solo uso”.
Ibarguren cuenta que hay varios puntos de la iniciativa que están puliendo. “Lo positivo es que vamos a avanzar en el proyecto. El trabajo que se hizo durante la legislatura anterior también se está considerando, no empezamos de cero. Estamos considerando algunos aportes, algunas modificaciones coherentes, de recibo, que fueron aceptadas por toda la comisión del período pasado, que en definitiva estaba integrada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria”, señala la diputada. El objetivo es que “cuando no es necesario, que el plástico no se use y cuando es sustituible [por un producto con menor impacto ambiental], que se sustituya”. Desde su perspectiva, “no va a ser un proyecto que salga rápidamente, pero tiene chances de que el año que viene se pueda llegar a un acuerdo y poder avanzar”. Afirma que “lo bueno de este tipo de proyectos es que puede haber matices, puede haber algunas diferencias, pero en el fondo del asunto estamos todos absolutamente de acuerdo”.
Por ejemplo, el exministro de Ambiente Robert Bouvier manifestó en la Comisión de Ambiente en 2023 que comparte “el espíritu del contenido del proyecto de ley en lo referente a reducir el consumo de plástico de un solo uso”, si bien manifestó que “es más conveniente un proceso de prohibición o restricción de uso gradual que tenga en cuenta un análisis de funcionalidad, factibilidad de sustitución e impacto para establecer un camino seguro y para que sea factible su control”.
El técnico del LATU Germán Posadas hizo varios apuntes en el mismo espacio. Comentó que “reducir el consumo de plásticos de un solo uso es una iniciativa por demás importante”. Sin embargo, acotó: “Luego de estudiar distintos enfoques sobre estas normativas y sus potenciales riesgos, entendemos que es necesario incorporar evaluaciones ambientales que efectivamente garanticen que la propuesta tendrá un impacto ambiental positivo. Por ejemplo, en el caso de las bolsas, se les agregaba un aditivo que, posteriormente, generaba microplásticos. En este caso, la solución fue peor que la situación que se tenía anteriormente. Entendemos que se deben incorporar herramientas de evaluación ambiental en este tipo de normativas”. Y este será uno de los apuntes que tendrán en cuenta los legisladores. La Comisión de Ambiente retomó el tratamiento del proyecto el martes y recibió a una de las redactoras del proyecto, la bióloga y exdiputada Martina Casás. Pronto recibirán más delegaciones.