El 23 de octubre, una carta escrita por los investigadores Omar Defeo y Nelson Rangel, publicada en la prestigiosa revista Science, llamó a proteger los mares uruguayos de la política cortoplacista con la declaración de una moratoria permanente sobre nuevos proyectos petroleros en alta mar. Esta semana, la diaria Ciencia también publicó una columna del biólogo especializado en bioacústica e investigador del Instituto de Ciencias Oceánicas, Javier Sánchez Tellechea, donde alerta sobre cómo la búsqueda de petróleo podría afectar la vida marina de nuestro país. El jueves, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, dijo en conferencia de prensa que convocará al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, al Parlamento para obtener más información sobre el tema. En este contexto complejo, tuvo lugar una nueva acción del movimiento socioambiental.
Este viernes, la agrupación Amigos del Océano -compuesta por aproximadamente 150 familias de Maldonado- entregó en la Torre Ejecutiva y el Ministerio de Ambiente más de 1.800 firmas que buscan frenar las actividades petroleras en nuestra plataforma marina, sitio donde está previsto que ingresen nuevas áreas marinas protegidas.
La organización se ampara en los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República que, entre otros puntos, establece que “todo habitante tiene derecho de petición ante todas y cualesquiera autoridades de la República”. En concreto, la petición de la agrupación busca que las autoridades “suspendan las actividades de prospección sísmica, exploración y explotación de hidrocarburos en la zona económica exclusiva de Uruguay”. Afirma que esta actividad producirá impacto ambiental, ya que “la prospección sísmica representa un riesgo significativo para los ecosistemas marinos”.
El texto también apunta que tendrá “consecuencias socioeconómicas” porque “pueden perjudicar sectores clave como la pesca artesanal y el turismo, que dependen de un entorno marino saludable”. Por otra parte, sostiene que en el proceso de discusión de los distintos proyectos hubo vulneración de “derechos humanos y participación ciudadana”, ya que “no se ha garantizado una consulta adecuada a las comunidades afectadas, vulnerando los principios de transparencia”.
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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recibió a la agrupación Amigos del Océano, el 14 de noviembre, en la Torre Ejecutiva.
Foto: Gianni Schiaffarino
El nacimiento de la idea, la entrega de las firmas y el amor al océano
“No te puedo decir que es un grupo de ambientalistas. Hay de todo: familias con niños, gente grande, gente chica, muchos jóvenes, personas muy relacionadas con el agua. Esta agrupación nace en La Barra de Maldonado y tiene una mirada no sólo sobre la prospección [sísmica], sino que también estamos preocupados por otras problemáticas que se viven en la costa. Después de la tercera o cuarta audiencia pública [dedicadas a la búsqueda de hidrocarburos], toda la agrupación quedó diciendo: ‘¡Tenemos que seguir!’”, cuenta Sandra Corbo, integrante de Amigos del Océano, a la diaria. De esta forma, fueron tocando varias puertas para encontrar aliados, organizaron charlas y, luego de trazar un camino legal con juristas amigos, decidieron juntar firmas para encaminar la petición. Enseguida destaca un punto que no es menor: en este conflicto “no te enfrentás a una construcción en la playa, te estás enfrentando a empresas que son muy pesadas a nivel mundial”.
La defensora apunta que si bien la recolección de firmas tuvo lugar en Maldonado, los impactos de la sísmica no conocen de fronteras departamentales. “Tenemos poco tiempo y no queríamos extenderlo mucho porque estamos a la espera de cuál es la respuesta del ministro de Ambiente”, explica. La idea de la agrupación al crear la petición es generar “un precedente, un expediente y seguir mostrando todas las cosas que se pueden hacer” para intentar proteger el territorio. “Es preocupante porque [la exploración y posible explotación] puede suceder en un lugar que realmente vive del turismo, donde hay gastronomía, hotelería, inmobiliario”, dice.
“El mar es nuestro, pero nuestro no en un sentido de propiedad. Es el lugar donde están los mejores atardeceres, las ballenas. Yo nací en la costa. Cuando te sentís mal, te vas solo a la playa y lloras con el agua. Tenemos muchos amigos y familia que sus cenizas fueron al mar. Hay un vínculo con la costa. Esta es la parte romántica, pero también está toda la afectación, por ejemplo, a la pesca”, afirma Corbo. Agrega: “Te duele lo que queda para los más chicos. La playa es el baldecito de los niños, jugar a la pelota, a la paleta, tomar sol, tomar mate, darte un baño de noche con tus amigas. Todo eso es la playa. [La sísmica] resuena en cada rincón del mar, altera un sistema, produce estrés y desplazamiento de fauna”.
Pablo Pereira, también integrante de Amigos del Océano, espera que después de la entrega de firmas las autoridades los reciban para entablar un diálogo. Este viernes, cuando fueron a la Torre Ejecutiva, coincidieron unos minutos con el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, y le transmitieron los motivos de su visita. Pereira señala que presentaron 1.861 firmas, recolectadas en “aproximadamente tres semanas”.
“Somos un país que por mucho tiempo fue Uruguay Natural, hoy en día estamos dando un paso a un Uruguay Industrial que no comprende a las familias que trabajan del turismo, que trabajan de la pesca, ni las personas que simplemente disfrutan de nuestras costas por su belleza y naturaleza. Nosotros hemos estudiado muchísimo, hemos buscado apoyo de académicos para entender qué es lo que está pasando. Es alarmante que se intenten hacer estas actividades en nuestras aguas”, lamenta. El activista pide que “la ciudadanía se involucre más en estas instancias”, porque “a veces cuando uno se entera ya está todo realizado, se está realizando o hay un problema en puerta”.
¿Cuáles son las empresas?
Las petroleras que firmaron contratos con Ancap, según versa en la página web de la empresa estatal, son: Chevron, Apa Corporation, Shell, YPF y Challenger Energy (antes Bahamas Petroleum). Durante los primeros cuatro años, si consiguen autorización, además de la sísmica, se podrá hacer “un pozo exploratorio en el área OFF-6”. En paralelo, las empresas Searcher, PGS y CGG firmaron en 2024 “acuerdos multicliente para la adquisición no exclusiva de datos sísmicos 3D en aguas uruguayas”. “Los acuerdos multicliente son aquellos en los que los proveedores de servicio (en particular, los proveedores de datos sísmicos y geofísicos) invierten, por su cuenta y riesgo, en la adquisición de datos o la generación de información que posteriormente puede ser licenciada a diversas compañías petroleras”, resalta la empresa estatal. Aclara que Ancap es “propietaria de los datos” obtenidos y recibe un “porcentaje” por la venta de información.
“Los proyectos de exploración, los estudios sísmicos marinos y la perforación de pozos exploratorios requieren autorización del Ministerio de Ambiente. Esto incluye una evaluación de los impactos ambientales y sociales del proyecto, así como la incorporación de las medidas necesarias de prevención, mitigación, compensación y monitoreo para reducir dichos impactos a niveles aceptables. En caso de descubrimiento comercial y el desarrollo de un yacimiento de hidrocarburos, el proyecto también está sujeto a autorización ambiental previa”, suma la página de Ancap. A su vez, indica que “no se autorizará más de un estudio sísmico sobre la misma área en un período de cinco años”. Hasta el momento, formalmente ninguna de las compañías cuenta con permisos del Ministerio de Ambiente para llevar adelante sus actividades.
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Una cuestión de “responsabilidades”
La Red Unión de la Costa emitió un comunicado donde cuestiona un documento elaborado por el Ministerio de Ambiente denominado Uruguay hacia la COP30: Diálogos por el clima, que fue difundido en primera instancia por El País. En concreto, la cartera resalta que “el país tiene larga trayectoria en el cumplimiento de acuerdos” y que prevén que “se respeten los contratos de exploración firmados y por tanto se continúe con las actividades previstas”. Indica que “actualmente existen siete contratos de exploración en el off-shore que cubren toda el área disponible” y que “no habrá promoción de nuevas áreas” hasta que las empresas “decidan pasar el siguiente subperíodo o devolver el área”. El documento del Ministerio de Ambiente dice que “la exploración de hidrocarburos en el territorio nacional no es incompatible con el camino de descarbonización que el país ya empezó a recorrer”.
En este contexto, la organización señala que “estas decisiones comprometen la soberanía ambiental y la integridad ecológica de nuestro mar territorial y zona costera”. Manifiesta que “la defensa de nuestros ecosistemas marinos es también la defensa de nuestra soberanía y de las generaciones futuras” y que el Ministerio de Ambiente “no ‘debe aprobar’ sino que tiene la potestad de evaluar y eventualmente autorizar conforme al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Sostiene: “Investigaciones científicas han demostrado fehacientemente que las prospecciones sísmicas constituyen una fuente de contaminación acústica masiva y de gran escala, cuyos impactos directos pueden causar mortalidad y daños fisiológicos sobre las especies marinas, alteran comportamientos vitales y la estructura de ecosistemas, así como afectan a largo plazo a generaciones enteras de especies”.
La Red Unión de la Costa pide al Ministerio de Ambiente “asumir plenamente sus responsabilidades como autoridad ambiental”. También reitera su solicitud de crear una mesa de diálogo “integrada por todos los actores competentes y la sociedad civil para abordar de manera integral y definir una política nacional frente a estas actividades”.