“Un verde inmenso, cabalgatas con la cara al viento, paseos relajados en canoa, noches que invitan a perderse mirando las estrellas: escenas idílicas de la vida en el campo que se hacen realidad a menos de 30 kilómetros de Montevideo”. De esta forma, describen Pablo Bidegain y el Grupo Laguna, en su página web, la iniciativa de construcción de 72 chacras que pretende instalarse en una superficie de 300 hectáreas que rodean la Laguna del Cisne, la única laguna natural de Canelones que provee desde 1970 agua potable a la población de Costa de Oro y que se encuentra en graves problemas debido a la contaminación que históricamente ha recibido. Los privados dicen en su material de difusión que quienes habiten en el territorio tendrán el “privilegio [y el compromiso] de ser guardianes de un área protegida”. Prometen que el proyecto tendrá canchas de fútbol 11, fútbol 7, fútbol playa, de golf, de pádel, de bochas, barbacoas, “piscina y solarium”, una “zona de caballos”, un “muelle con botes disponibles”, un “microcine”, una “bodega”, que el perímetro será “videovigilado” y más.

Un dato importante radica en que, según lo que cuenta en su sitio, esta no es la única iniciativa del Grupo Lagunas. También tiene proyectos inmobiliarios similares cerca de la Laguna de Rocha, La Paloma, La Pedrera, Cabo Polonio y Laguna de Castillos. Incluso reconoce que cuenta con “una variedad de tierras en zonas estratégicas, con alto valor paisajístico, ambiental y potencial de crecimiento, ideales para el desarrollo territorial y urbanizaciones, proyectos turísticos, agropecuarios o residenciales”.

Sin embargo, en la cuenca de la Laguna del Cisne parte de la población está organizada y denuncia que la iniciativa privada pone en peligro la principal fuente de agua potable de la Costa de Oro, defiende que es “incompatible” con la normativa, plantea que no se ha tramitado la Autorización Ambiental Previa, que no se escucha a los posibles afectados en los espacios de participación y que los promotores están utilizando estrategias de “greenwashing” o “lavado verde”. Una de las organizaciones históricas que está presente en el territorio es la Comisión en Defensa de la Cuenca de la Laguna del Cisne y el Yasyry. Han presentado denuncias en el Ministerio de Ambiente –que ordenó el “cese de actividades de urbanización” al privado–, la Intendencia de Canelones y más recientemente en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que aún no se ha pronunciado. Debido al contexto, están pensando iniciar acciones judiciales. Han mantenido reuniones con Juan Ceretta, abogado de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que está evaluando tomar el caso.

Varias opiniones del Ministerio de Ambiente y un freno a las actividades

Los vecinos destacan que existen varios expedientes e informes dentro del Ministerio de Ambiente. Un documento técnico de la División de Cuencas y Acuíferos del 20 de marzo de 2025, que fue difundido por El Observador y al que también accedió la diaria, describe que son aproximadamente 78.000 personas las que se abastecen de la Laguna del Cisne. Manifiesta que, en un principio, los “asuntos críticos” en la cuenca estaban vinculados a “temas de calidad de agua debido a las malas prácticas en los sistemas de producción agropecuaria”. Sin embargo, la lista de presiones creció.

Define que: “Los principales asuntos críticos de la cuenca son la disponibilidad de agua; los elevados valores de nutrientes, las trazas de agroquímicos encontrados en el agua, los sedimentos y en los peces de la laguna; los cambios de coloración del agua de la laguna; la pérdida de los servicios ecosistémicos –principalmente– en el humedal El Estero; el cambio de morfología de la cañada del Cisne y del arroyo Solís Chico por el trasvase; los pozos negros no impermeables que infiltran en condiciones no controladas en la cuenca, y los fraccionamientos para proyectos de complejos habitacionales aguas arriba y aguas abajo de la laguna”.

Afirma que “es necesario y precautorio no seguir presionando aún más la principal fuente de abastecimiento de la Costa de Oro”. Agrega que “los primeros conflictos ambientales en la cuenca ocurrieron principalmente por las malas prácticas en los sistemas de producción agropecuaria”, pero, “en la actualidad, los conflictos ambientales se están generando por los cambios de uso del suelo, principalmente por el desarrollo de proyectos de complejos habitacionales”. Sobre la iniciativa de chacras presentada por los privados, el informe remarca que “podría generar un aumento de los riesgos para los eventos peligrosos identificados por OSE” en el Plan de Seguridad de Agua del Sistema de Abastecimiento de Laguna del Cisne. Entre los “eventos peligrosos” identificados está el “vertido de aguas residuales domésticas con o sin tratamiento”, “sobreexplotación del acuífero”, “infiltración de agua superficial al acuífero” y “descargas contaminantes”.

Indica que, “en caso de ser una urbanización, requería solicitar la Autorización Ambiental Previa” y destaca que la división está “trabajando y articulando con la Comisión de Cuenca la formulación del Plan de Cuenca de la Laguna del Cisne”. Llama a “extremar las precauciones a los efectos de identificar los impactos ambientales negativos o nocivos en los recursos hídricos que este proyecto podría tener a corto, mediano y largo plazo”. También explica que deben analizarse los “impactos acumulativos”.

En paralelo, existe otro informe fechado el 26 de agosto de 2025, que fue elaborado por el Área de Control y Desempeño Ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). Menciona que, luego de denuncias presentadas por vecinos, se realizó una inspección. Describe que el predio “se encuentra cercado de tal manera que impide el acceso de peatones y vehículos” y que el portón de entrada estaba “cerrado con cadena y candado y cartelería que prohíbe el ingreso al predio”. “En el lugar no se encontraban presentes responsables del emprendimiento u otras personas que pudieran recibir a los técnicos de Dinacea. Desde fuera del predio se observaron dentro de los padrones denunciados algunas construcciones y caminería interna. No se observaron en el predio [desde este punto de observación] actividades productivas del sector primario características de la actividad de chacra. Se observó dentro del predio un cartel de grandes dimensiones publicitando ‘Laguna del Cisne. Reserva de chacra’; ‘72 chacras de 30.000 m²’”, dice.

Afirma que al momento de redacción del informe no se encontró información de que los responsables del emprendimiento “tramitaran y obtuvieran autorizaciones ambientales en el Ministerio de Ambiente”. Recuerda que el Reglamento de Evaluación Ambiental y Autorizaciones Ambientales establece que requerirán pedir los permisos aquellos proyectos que conlleven “la implantación de complejos y desarrollos urbanísticos de más de diez hectáreas”. En este contexto, transmitieron a los privados que “deben cesar toda actividad de urbanización” en los padrones “hasta obtener las correspondientes autorizaciones del Ministerio de Ambiente”.

Por otro lado, la Dirección General de Catastro consultó al Ministerio de Ambiente con el objetivo de determinar “si existen directrices o restricciones de uso que debieran considerar al momento de evaluar el fraccionamiento”. El Área de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, el 6 de agosto de 2025, respondió con otro informe más donde recomienda que “se incorpore en la leyenda del plano de fraccionamiento una nota aclaratoria que indique los usos del suelo permitidos” y “la delimitación del suelo rural natural y de las zonas de amortiguación”. En este documento, la cartera no habla de que el privado deba tramitar la Autorización Ambiental Previa.

Fraccionamiento propuesto por Pablo Bidegain y el Grupo Laguna. Mapa extraído de su página web.

Fraccionamiento propuesto por Pablo Bidegain y el Grupo Laguna. Mapa extraído de su página web.

“Ese lugar nunca fue de todos. Ese lugar era privado”

“Cuando yo compré el campo, cuando los inversionistas míos quisieron comprar el campo, era un basural, había miles de botellas tiradas, autos prendidos fuego, pañales de bebé, lo que te puedas imaginar. Era una mugre, entraba todo el mundo a pescar, a hacer mil cosas, esa es la realidad. Entré yo, que no soy un tipo de plata y, a pulmón, con un empleado, limpiamos todo nosotros. El lugar cambió radicalmente. Es una limpieza total, un cuidado permanente y una exigencia para que compres, absolutamente estricta”, expresa Pablo Bidegain a la diaria. Consultado por los impactos ambientales y la segregación territorial del proyecto, responde: “Hablan sin conocer. Por ejemplo, una cosa que ellos dicen es que van a perder un lugar que era de todos. Ese lugar nunca fue de todos, ese lugar era privado. Es un campo que era de otra persona, nunca fue del Estado. Ahí nunca se pudo acceder. La gente entraba porque había alambrado, pero la realidad es que es un campo privado”.

Sobre su vínculo con el proyecto, afirma que es “inversionista”, “propietario del inmueble y desarrollador”. Dijo que él va a vivir allí y que lo que más le importa “no es hacer plata, es cuidar el medioambiente”. El 22 de setiembre, según consignó El Observador, respondió la intimación hecha por el Ministerio de Ambiente –que le ordenó frenar sus obras–. En el documento acusa al funcionario que realizó la inspección de estar motivado “por ambientalistas que sólo tienen fines políticos”. Definió el informe como “ilegítimo, irresponsable” con “conclusiones totalmente arbitrarias” que “causan un daño muy importante”. Al preguntarle por los trámites que cursó en el Ministerio de Ambiente, relata el recorrido que hizo en la Intendencia de Canelones y suma que la Dirección de Catastro consultó a la cartera. “No tenían observaciones del proyecto, dijeron que se podía inscribir, solamente cambiaron el tema de la cota, como que levantaron un poquito la cota para preservar la laguna. Eso fue todo lo que se hizo en Ambiente”, expresa. El privado dice que “fue totalmente aprobado por todos”.

“Lo que pasó después fue una denuncia, no sé de quién, un tema absolutamente político, que habla de una autorización previa, pero que eso es un disparate. Si a nosotros nos piden autorización previa, todas las chacras de todo el Uruguay van a tener que hacer una autorización previa”, esgrime, en referencia a la Autorización Ambiental Previa que se tramita en el Ministerio de Ambiente. El proyecto, según consta en su página web, propone construir 72 chacras en 300 hectáreas. Al preguntarle si la iniciativa es una urbanización cerrada, contesta: “No, nosotros somos chacras, obviamente que es cerrado porque... Si vos vas a una chacra en Sarandí Grande, vas a una chacra en Pan de Azúcar, vos a la chacra no podés entrar, no podés entrar a un campo, a un predio rural, porque es de otra persona. Vamos a ser cerrados en ese sentido, pero urbanización para nada. Es más, se respetaron los metrajes; el metraje mínimo es de 30.000 metros y las chacras nuestras tienen todas metraje de 30.000 o 40.000 metros”.

Admite que construyeron un muelle en suelo rural natural, que tiene protecciones especiales por ser especialmente vulnerable. Comenta que lo hicieron “para el avistamiento de aves”, que les “costó una plata importante”, pero cuando las autoridades les transmitieron que no tenían autorización lo sacaron. “No está más el muelle”, afirma. Uno de los principales cuestionamientos es la ubicación de la iniciativa, en el entorno de la laguna que se encuentra en una situación complicada y abastece a aproximadamente 78.000 personas. Sobre por qué construirlo en ese sitio, Bidegain dice: “En primer lugar, porque eso es un predio privado, como predio privado ahí se puede hacer todo lo que la ley autoriza. Yo no estoy pidiendo ninguna excepción de nada. La ley me dice que a un predio rural lo podés fraccionar y lo estoy haciendo [...] ¿Por qué lo estamos haciendo ahí? Porque el lugar es mucho más lindo que cualquier otro”.

“Tenemos una fuente de agua a proteger, ningún uso de suelo que pueda llegar a afectarla debería ser admisible”

La Comisión en Defensa de la Cuenca de la Laguna del Cisne y el Yasyry, compuesta por vecinos de la Costa de Oro, resaltó en un comunicado los posibles impactos ambientales de la iniciativa. Entre ellos están la “pérdida de biodiversidad por introducción de especies exóticas invasoras, animales domésticos y contaminación sonora y lumínica”; “cambios en el régimen de infiltración/escorrentía por aumento de la impermeabilización del suelo”; “contaminación por mal manejo de aguas residuales domésticas”; “aumento de aporte de nutrientes a los cursos de agua” y, como consecuencia, la “eutrofización” y generación de cianobacterias en la laguna, y la “segregación territorial, pérdida de valor paisajístico y privatización del disfrute” del bien común. En este contexto, la diaria conversó con tres personas que integran la colectividad: Pau Padrón, Lorena Jesús y Florencia Beder, que además es Magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y realizó parte de su tesis en la Laguna del Cisne.

Padrón relata que el rumor de la iniciativa comenzó a escucharse a fines de 2023, pero a mediados de 2024 fue que lograron acceder a los primeros documentos de la iniciativa. Luego de estudiarlos, consideraron que iba en contra del marco legal y decidieron presentar denuncias ante el Ministerio de Ambiente. “Tardaron ocho meses en ir al terreno para hacer una inspección. Ocho meses cuando se estaba ante un posible daño ambiental. Cuando el Ministerio de Ambiente hace la inspección en terreno, no consigue entrar a los predios. No consiguió ir al lugar a fiscalizar qué está efectivamente sucediendo, lo hizo desde fuera. Una vez que intiman a frenar las obras, nadie está fiscalizando que realmente suceda. Las obras continúan”, cuenta.

Desde su perspectiva, existe una “estrategia de lavado verde” alrededor del proyecto. “Evidentemente, tienen una estrategia de marketing. Empezaron a notar que existía una movilización en torno al tema y empezaron a cambiar la forma de nombrarse. Ya no usan la palabra ‘barrio’ –que al principio sí lo hacían–, sino que utilizan la palabra ‘chacras’. Ya no hablan de urbanización. Evidentemente están aprendiendo a mostrarse, a intentar generar algún tipo de legitimidad para lo que están haciendo. Sin embargo, podemos demostrar que el emprendimiento de chacras en la Laguna del Cisne ya afectó al ambiente. Evidentemente, si sigue avanzando, va a ser muchísimo más grave, pero ya ha habido daños concretos. Construyeron infraestructuras en el área de amortiguación, que está catalogada como suelo rural natural, justamente porque es un área específicamente sensible, que es el borde lindero a la laguna, sin ningún tipo de autorización”, apunta. Padrón hace referencia, por ejemplo, a la construcción del muelle.

Beder señala que la Laguna del Cisne “está muy comprometida, en una situación de extrema vulnerabilidad” que ha sido registrada por el Centro Universitario Regional Este. Enseguida, pone sobre la mesa que hace casi una década tuvo lugar la incorporación de una serie de medidas cautelares. Tenían como objetivo reducir el uso de plaguicidas y productos que afecten la salud, el ambiente y, de esta forma, preservar la calidad del agua. Para lograrlo, el gobierno departamental determinó que los sistemas productivos que estaban vigentes hasta aquel momento debían transitar hacia otros más sostenibles, como la producción agroecológica.

Ella apunta que, con el paso del tiempo y las administraciones, la transición “dejó de ser [un eje] prioritario”. “Era para mejorar la calidad, pero ahora empiezan a habilitarse otros procesos que van en sentido muy distinto, que tiene que ver con el uso del suelo residencial [...] Este proyecto está asentado, la gran mayoría, sobre suelo rural productivo. En realidad, no es un proyecto productivo, sino que es un proyecto de urbanización”. Explica que no sólo “es una urbanización con fines residenciales”, sino que, además, es “cerrada”.

Ve que es necesario “activar todos los mecanismos que requiere hacer un cambio en la categoría del suelo” basándose en “el marco legal del ordenamiento territorial”. Afirma que “esto se está tramitando de una manera totalmente ilegal, como si fuese un fraccionamiento rural común y no se están activando” los procedimientos. Menciona que “hay tramas de poder económico-político que juegan en todos estos proyectos y, por ejemplo, tenemos la información de que el privado puso dinero para financiar la campaña del Frente Amplio, que es legal, y se puede ver en la página del Ministerio de Economía”. Esta información fue difundida en el artículo de El Observador, donde el medio detalló que Bidegain compró diez rifas para la campaña por 83.000 pesos y aportó otros 86.000 a modo de “donación nominativa”.

Beder plantea: “Hay una disociación entre el diagnóstico de la crisis ambiental, social, todo lo que estamos atravesando en esta contemporaneidad y las respuestas de la gestión pública, que están agravando esta crisis [...]. Vemos que esto es un claro retroceso. Hay que parar todo este proceso y dar la discusión”.

Lorena Jesús subraya que en la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne el proyecto se presentó “muy avanzado” y no existió un “debate profundo”. “No se trata de contraponer si este proyecto es mejor o peor que el uso productivo intensivo agrario, con uso de agroquímicos, como se intentó hacer para defender este proyecto en la Comisión de Cuenca. Lo que estamos planteando es que tenemos una fuente de agua a proteger, ningún uso de suelo que pueda llegar a afectarla debería ser admisible”, enfatiza. Lamenta que en los espacios de participación “nos sentimos ninguneados, no se toma en cuenta nuestra opinión”. “Entendemos que la preservación del agua, sobre todo la que abastece a gran parte de la zona de Costa de Oro, es primordial”, indica.

Padrón afirma que tiene a la Laguna del Cisne dentro de sus células porque consume su agua día a día y no quiere que esté en peligro por “el beneficio de un grupo minoritario”. “La verdad es muy difícil tener contacto directo con la laguna porque no podés entrar. Las veces que la puede ver fue desde lejos o entrando por la usina de OSE, que hemos logrado tener buen contacto con los técnicos. Es un contacto diario por consumirla, pero es un contacto que, a su vez, se siente como muy lejano”, dice. Por estas razones, la defiende. Beder señala que “desde hace mucho tiempo estamos solicitando y reivindicando que haya un acceso público a la laguna, claramente con los cuidados que amerita”, para que la Laguna del Cisne sea en los hechos de todas las personas.