El jueves, el Ministerio de Ambiente convocó a una audiencia pública para abordar el proyecto que presentó la compañía PGS Exploration, que se encarga de hacer campañas de prospección sísmica offshore y vende los datos a las petroleras para que puedan tener información sobre si existen o no hidrocarburos en la zona. El intercambio tuvo lugar en la Cámara Mercantil de Productos del País, comenzó a las 18.00 y duró hasta altas horas de la noche. La sala, por momentos, estuvo llena. Sin embargo, hubo ausencias como la del ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y el subsecretario, Gerardo Amarilla, que en su momento se posicionó en contra de futuras exploraciones de hidrocarburos. Luego de esta jornada, los técnicos de la cartera deberán elaborar un informe con recomendaciones para los jerarcas. Después queda la decisión política del Poder Ejecutivo.

El proyecto de PGS pretende llevar adelante la actividad sísmica en un área total de 44.182 kilómetros cuadrados —distribuidas en cuatro fases de menor área— en nuestra plataforma marina. En la audiencia pública, una representante de la compañía dijo que “las áreas son tentativas y dependen del interés” de las petroleras y que “las fases pueden cambiar de orden dependiendo el interés de la industria”. Estiman que la duración total será de 430 días y pretende realizarse entre 2025 y 2027.

“Autorizan ‘bombardear’ durante años las zonas que el mismo Ministerio de Ambiente dice que es prioritario proteger”, decía un cartel que sostenía Corina Devitta, activista socioambiental e integrante del Frente Ambiental Delia Villalba. La manifestación hace referencia a que, durante la gestión del entonces ministro Adrián Peña, el Ministerio de Ambiente impulsó un informe donde se detallan sitios que deberían ser prioritarios para la conservación en nuestra plataforma marina. Este conflicto estuvo presente a lo largo de la audiencia. Mariana Ríos, directora de Gestión Costera y Marina, subrayó que están trabajando para el ingreso de estos territorios en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas e hizo hincapié en el sitio de cría de merluza y el talud continental. Sobre esto último, adelantó que se puso a consideración de la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas un diseño del área y en diciembre terminaron “todas las consultas previas para la puesta de manifiesto”. Aún queda este último paso. Ambos sitios se superponen —según los diseños que se manejaron en el informe— con el área donde PGS pretende aplicar sísmica.

Otro de los puntos que generó conflicto en la audiencia pública fue la afectación a la fauna marina producto de la sísmica. Ante esta problemática, una de las medidas que propone la compañía en su Informe Ambiental Resumen es contar con observadores, que define como “personas con entrenamiento específico, experiencia en biología marina y trabajo de campo”, cuyo rol es “monitorear visualmente la presencia de especies de particular preocupación, como cetáceos, durante el tiempo que lleve la campaña”. De esta forma podrán parar la sísmica si las observan. Durante la instancia se preguntó si los observadores serán uruguayos —en caso de aprobarse la iniciativa— y una representante de la consultora CSI —encargada de hacer los estudios que PGS presentó ante el Ministerio de Ambiente—, respondió que “idealmente” lo serán, pero “probablemente por la cantidad” no “haya disponibilidad para que en todas las campañas haya 100% de personas uruguayas, por lo que se está considerando también personal de Brasil y de Argentina”.

Por otro lado, empresarios de la industria pesquera —junto con sus abogados y técnicos contratados— y pescadores también alertaron sobre los impactos que podría traer la sísmica para su producción. Ante la pregunta del público sobre si existirá algún subsidio para los trabajadores del sector, la representante de PGS respondió: “La empresa propone capacitaciones, como hemos propuesto en el informe, para cursos de inglés y para offshore”.

También se le preguntó a Ancap por qué este tipo de proyectos es beneficioso para el país. Santiago Ferro, gerente de Transición Energética de la compañía estatal, acotó: “Uruguay está muy bien en cuanto a su matriz eléctrica, que es la mayoría, arriba del 90%, de origen renovable, pero todavía un 40% de su matriz energética son combustibles fósiles. Hay que seguir avanzando en la sustitución de esos fósiles. En el mediano plazo se van a ir sustituyendo, pero no es para mañana. Por eso Ancap, a través de la Gerencia de Transición Energética, sigue impulsando la exploración de hidrocarburos en nuestra plataforma como una forma de obtener el consumo de los 50.000 barriles de la refinería que tenemos diariamente, al menor costo posible para los uruguayos”.

La iniciativa fue clasificada como “C” por el Ministerio de Ambiente, que incluye aquellos “proyectos de actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. En la entrada del local donde tuvo lugar la instancia, había una pancarta que decía “mar libre de petroleras: el mar y la vida se cuidan, no se venden”. Una activista dijo en la audiencia pública a las autoridades y los empresarios: “Espero que esta no sea una instancia meramente formal, donde no se tengan en cuenta las aportaciones de todos los que vinimos hoy. Si nos están pidiendo una autorización, la respuesta es no; no es necesario todo esto”.