La Asociación de Limnología del Uruguay organizó, en la previa al Día Mundial del Agua, un conversatorio para abordar los principales desafíos que debe enfrentar Uruguay vinculados a este bien común. Fueron varias las temáticas tratadas por los expositores; todos reflejaron la urgencia de acciones y plantearon recomendaciones. A su vez, una tomadora de decisiones dio pistas sobre cuáles serán los puntos claves en su gestión.

Ismael Díaz, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias, puso sobre la mesa las consecuencias que ha traído la intensificación del uso de los recursos hídricos para la producción agrícola. Luis Aubriot, también del IECA, expuso sobre los factores desencadenantes de las floraciones de cianobacterias en los embalses del Río Negro y sus consecuencias. Miriam Gerard, investigadora del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario de la Región Este, brindó información sobre cómo el cambio climático impactará en nuestros ecosistemas acuáticos. Danilo Ríos, docente del curso Potabilización de Agua en la Facultad de Ingeniería y ex gerente general de OSE, analizó los desafíos de la potabilización convencional del agua en condiciones de alta salinidad. María Selva Ortíz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, recordó algunos conflictos socioambientales históricos de nuestro país.

En la instancia estuvo presente Teresa Sastre, la nueva directora nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente. Ella es ingeniera civil con perfil Hidráulica Ambiental y tiene una maestría en Ingeniería Mecánica de los Fluidos Aplicada. Durante su presentación, hizo un repaso por la normativa existente. Mencionó el artículo 47 de la Constitución, que determina que “las personas jurídicas estatales son las únicas personas que pueden prestar en forma exclusiva y directa los servicios públicos de agua potable y saneamiento”. “El marco legal vigente en materia de agua debe estar en consonancia con la evolución del conocimiento científico y tecnológico”, apuntó y enseguida sumó: “creo que nos debemos cierta adecuación dado que una de las principales normativas que tenemos es un Código de Aguas que data de 1978”.

La jerarca puntualizó que existe una gran cantidad de actores en el gobierno que están involucrados en la gestión del agua y reconoció que la gestión transversal es “compleja”. En esta línea, adelantó que el Ministerio de Ambiente integrará el grupo de trabajo para crear un Plan de Riego. “Queremos actuar y queremos coprotagonizar los programas que se vayan a establecer”, declaró.

Algunos objetivos de su dirección son administrar “los sistemas de monitoreo de información, el fortalecimiento de la participación y desarrollar políticas de prevención”, por ejemplo, de las sequías e inundaciones. “Una de las cosas que nos preocupa mucho en la administración es saber realmente qué cantidad de agua se usa. Estamos muy atrasados en esto. La Dirección Nacional de Aguas lo que hace por ahora es tomar declaraciones juradas y las declaraciones juradas no son mediciones reales. En realidad, a veces son las mismas declaraciones de agua que se piden en los permisos, entonces no se está midiendo el uso real. Nosotros queremos apostar a la medición de uso real y sobre todo crear acuerdos con otras áreas de gobierno nacionales y departamentales para la potenciación e implementación de programas de control y fiscalización de estos volúmenes”, subrayó Sastre.

A su vez, la directora definió que hay que reforzar “nuestros sistemas de medición de agua disponible”. “Tenemos una posibilidad muy grande de mejorar y saber realmente qué disponibilidad de agua tenemos, para poder medir qué [cantidad] estamos consumiendo y cómo”, acotó. En este sentido, planteó que es importante recopilar, ordenar y generar información de las fuentes de agua subterránea.

Sastre anunció que existe “una voluntad de convocar a un diálogo por el agua involucrando a toda la sociedad civil, la academia, los usuarios, dándole una mirada a largo plazo”. “Necesitamos revalorizar los espacios que tenemos de participación, como los Consejos Regionales y las Comisiones de Cuenca. Necesitamos redefinir criterios de funcionamiento para que no se conviertan sólo en un derrotero, no de cosas que se están haciendo mal, pero sí de quejas y que no salga ningún producto, que no salgan acuerdos. Necesitamos que de esos espacios participativos salgan acuerdos y tengan determinados productos para poder avanzar”, consideró. Y sumó: “Si los usamos solo como ámbito de discusión y no resulta ningún producto para poder desarrollar, creo que los espacios van perdiendo potencia y credibilidad para poder solucionar problemas”.

“Priorizar lo social sobre lo económico, el interés general sobre el interés particular”

Diversas organizaciones sociales y académicas han señalado problemas en el funcionamiento de los espacios de participación. Existen reclamos específicos y otros que se repiten en los diferentes ámbitos. Un ejemplo reiterado es la falta de asiduidad de las convocatorias por parte de la Dirección Nacional de Aguas y el llamamiento durante horarios laborales, que impiden la participación . Otro cuestionamiento histórico consiste en que las opiniones o propuestas planteadas en las Comisiones de Cuenca o Consejos Regionales no son tenidas en cuenta por las autoridades a la hora de tomar decisiones. Cabe recordar que estos espacios de participación no son vinculantes.

Durante el intercambio, el investigador Luis Aubriot señaló: “El cambio [de perspectiva] me parece muy relevante porque es cómo funcionan las Comisiones de Cuenca en otros países. Tiene un sentido de utilidad mutua; creo que llegar a esos consensos debe ser difícil, pero me parece muy necesario”, remarcó. María Selva Ortíz, de Redes Amigos de la Tierra, contó que su postura es similar a la de Aubriot. Dijo que cuando las organizaciones redactaron el artículo 47 de la Constitución -que fue modificado en el plebiscito de 2004 a partir de una iniciativa popular y determinó que la gestión de los recursos hídricos debe ser participativa- entendían que las Comisiones de Cuenca y los Consejos Regionales eran los espacios donde los diferentes actores analizarían lo que sucede en los territorios del país para “priorizar lo social sobre lo económico, el interés general sobre el interés particular”.

Sastre aclaró: “Estoy de acuerdo, han pasado a ser ámbitos que no ayudaron mucho al objetivo para el que fueron creados [...]. Yo no digo que sean resolutivos en el sentido de que sean vinculantes. Lo que sí me parece es decir: 'Bueno, bajemos la pelota al piso’. Veamos realmente qué queremos de estos espacios, generemos acuerdos, proyectos, propuestas. Entiendo que esa va a ser la forma más rápida y mejor de poder hacer las cosas. Tenemos que probar, tenemos que intentar”.