El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, junto con el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, recibió este martes a representantes de organizaciones sociales que se oponen a la construcción del proyecto Neptuno-Arazatí, cuya ejecución se encuentra suspendida mientras avanza la mesa de negociación entre el gobierno y el consorcio Aguas de Montevideo, impulsor de la iniciativa.
La organización Redes-Amigos de la Tierra –que presentará el miércoles 14 un nuevo recurso ante la Justicia para solicitar la nulidad del contrato–, junto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), se reunió primero con las autoridades, quienes luego recibieron a representantes del Movimiento Uruguay Sustentable (Movus). Todas estas organizaciones consideran inviable el proyecto desde el punto de vista legal y ambiental.
El presidente de la FFOSE, Carlos Larrosa, comentó a la diaria que los jerarcas plantearon, sin “hilar fino”, cómo ha sido el intercambio con el consorcio y cuáles son sus objetivos, mientras que las organizaciones reiteraron su rechazo al proyecto, “con todos los argumentos que ya son más que sabidos”, e incorporaron además el informe elaborado por la Gerencia de Agua Potable de OSE, que sostiene, entre varios puntos, que el desarrollo del proyecto Neptuno se hizo “sin contar con suficientes datos (cantidad, calidad e históricos) que permitieran evaluar las características de la fuente y consecuentemente el mejor lugar para ubicar la toma”.
Foto: Ernesto Ryan
Para el dirigente, el informe es “contundente” y “echa por el suelo” las “últimas esperanzas de construcción del Neptuno”. Sostuvo que es “uno de los más importantes dentro de todo este proceso”, ya que la empresa “no lleva adelante ningún tipo de proyecto con respecto al agua potable sin la anuencia o sin el OK de la gerencia”. “Si la gerencia clave está diciendo que este proyecto es totalmente inconveniente desde el punto de vista técnico e incluso puede suponer un problema de la calidad de agua que el organismo brinde, entendemos que es inviable que se construya”, afirmó, y resumió: “Básicamente, hoy en día estamos apelando al sentido común”, porque “si este proyecto sigue adelante y luego el agua es de mala calidad”, el consorcio también sería responsable “frente a la sociedad del mal proyecto que impulsó”.
Larrosa señaló que las autoridades se están “apoyando” en equipos técnicos, tanto de OSE como de la academia, “para argumentar en contra de ese proyecto”. “Los argumentos que manejan las autoridades son contrarios a la realización del proyecto, y el objetivo de ellos es la defensa del Estado uruguayo en su concepción más integral”, aseguró el dirigente de la FFOSE. El sindicato ve el plazo de 90 días para la renegociación “como una oportunidad” y reafirmó que “el desenlace tiene que ser la no construcción de este proyecto y sí el anuncio de obras que verdaderamente puedan solucionar o ayudar a asegurar el servicio de agua potable”.
Los representantes de la FFOSE también plantearon a las autoridades la delicada situación de la empresa pública en todos los departamentos, especialmente en el interior, donde “tal vez la situación es mucho más grave y hubo episodios de crisis hídrica que no trascendieron tanto en la prensa o no se conocieron, pero sí sucedieron y siguen sucediendo”, indicó Larrosa. Tras años de una “gestión muy deficiente en OSE”, la federación de funcionarios sostiene que “ahora se necesita reformular el papel” de la empresa, para lo cual “se requiere mucha inversión y obra pública”, un tema que también se trató en la reunión. “Nos dio la impresión de que lo tenían bastante claro, muy claro, y que también querían actuar en ese sentido”, acotó.
Por parte de Movus, el integrante Raúl Viñas dijo a la diaria que mantuvieron con los jerarcas una reunión “franca, constructiva”, en la que “los dos lados nos interiorizamos más de las cosas”. Plantearon a las autoridades “directamente” que el contrato es “inválido” y que su “ilegalidad” radica en su propio objeto, “donde se le deja a la empresa el manejo del agua”, cuando “la Constitución dice claramente que debe ser prestado única, exclusiva y directamente por organismos estatales”. “La flagrante violación de la Constitución es la que verdaderamente te da las armas para desarmar el proyecto”, afirmó.
“El proyecto es insuficiente, inconveniente, la justificación está mal seleccionada, y en eso, menos los técnicos a los que la empresa les paga para que defiendan el proyecto, todos los demás técnicos del país están de acuerdo”, sostuvo Viñas.
Raúl Viñas, el 6 de mayo, en la Torre Ejecutiva.
Foto: Ernesto Ryan
La organización sostiene que, aunque “con la nulidad no hay posibilidad de demanda”, “seguramente igual la empresa trataría de obtener algún rédito”, pero aun así “tiene que ser anulado”. “Si se hace la anulación del contrato, y sobre todo si la anulación la hace el Poder Judicial, la responsabilidad será de quienes lo firmaron, en todo caso”, explicó. Por otro lado, expresaron a las autoridades que, para lograr un mejor abastecimiento de agua, primero se debe “solucionar los problemas de la red”. “Específicamente a Ferreri le dijimos: ‘Ustedes no tienen dinero para arreglar las redes, pero dentro de dos años tienen que empezar a pagar 50 millones de dólares por un sistema de agua que no cumple con las necesidades de Montevideo y que además va a ser agua para verter en una red que pierde la mitad”.
En ese sentido, plantearon la necesidad de activar los canales de participación de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente, de trabajar en la descontaminación del río Santa Lucía y también en el diseño de un protocolo para actuar ante casos de sequía. Sobre este último punto, el gobierno les adelantó que, con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo, se está trabajando en torno a la sequía.