El Plan para la Valoración de Envases y Materiales de Envasado –también conocido como Plan Vale–, impulsado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), firmó este jueves un nuevo acuerdo con el Ministerio de Ambiente. Tiene como objetivo, según dice en la gacetilla de prensa difundida tras el evento, “fortalecer el sistema de información, fiscalización y control sobre las empresas alcanzadas por la iniciativa”. La concreción tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, en un evento en el que se presentaron nuevos datos y el plan previsto para los próximos dos años. Estuvieron presentes: el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; la directora de Incentivo a la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, Isabella Antonaccio; el presidente de la CIU, Leonardo García; y el presidente del Plan Vale, Agustín Tassani.

Ortuño señaló que el Plan Vale “implica un cambio significativo hacia una nueva forma de gestión de residuos alineada con la meta de enterrar menos y generar valor en los residuos”. En concreto, tiene entre sus objetivos recuperar envases tras su consumo. El jerarca definió la situación como un “avance en las políticas públicas y en particular en las políticas de ambiente”. Dos de las cifras que mostraron durante el evento consisten en que “330 clasificadores están vinculados al Plan Vale” y también que está prevista la creación de “40 puestos de trabajo que serán permanentes en este sector”. En este contexto, Sánchez manifestó que es “un hito de gestión muy importante en materia de gestión de residuos, que responde a una política de Estado con articulación y participación de los distintos niveles de gobierno, los trabajadores y trabajadoras y las industrias”. Cardona mantuvo la misma línea y señaló que, “a pesar de las realidades y cambios normativos que se puedan dar, se logra concretar una política que trabajamos desde hace mucho tiempo”, que muestra “resultados concretos”.

Los tomadores de decisiones y empresarios plantearon que, según consta en el comunicado, está previsto que este año el sector privado invierta seis millones de dólares en “el sistema de depósito, devolución y reembolso” y otros seis millones más para “las nuevas plantas de clasificación, equipamiento, recolección, transporte y clasificación”. Dicen que en 2027 la inversión total será “cercana a los 30 o 35 millones de dólares, dinero que será implementado para obras y equipamiento que permitan aplicar este nuevo modelo en la gestión de residuos”. Parte de este porcentaje estará destinado a “ampliar las plantas de clasificación operativas, que actualmente son 25 y se prevé llegar a 35 en todo Uruguay”.

En la actualidad el Plan Vale está presente en 15 departamentos y tiene como objetivo alcanzar la cobertura nacional este año. Tassani, integrante de la CIU y presidente del Plan Vale, mostró su visión durante la actividad: “Estamos generando la infraestructura, los instrumentos y las condiciones para clasificar, valorizar y tener un país más limpio y poder generar fuentes de trabajo, pero lo más importante de todo es que los ciudadanos se comprometan a seguirnos para tener un mejor país, ambientalmente más amigable”. La Ley de Gestión Integral de Residuos, aprobada en 2019, estableció la responsabilidad extendida del “fabricante e importador en la gestión de los residuos especiales”, salvo determinados casos en los que “sean gravados por el Impuesto Específico Interno (Imesi) los productos a partir de los cuales se generan”. La responsabilidad extendida es la “transferencia de la responsabilidad de la gestión de residuos o el financiamiento de la misma a sujetos distintos del generador”.

Poner el cuerpo

Jorge Ramada es integrante del Grupo de Trabajo por la Implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos y también referente de la Comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT. En diálogo con la diaria, cuestionó que en el Plan Vale “no hay representación” de la central sindical, que “los clasificadores están de adorno, no los han consultado” e insistió en que el “plan nace al margen de la Ley de Gestión Integral de Residuos”. Enseguida, expresó que la normativa establece que “los residuos especiales se manejan por la responsabilidad extendida del fabricante e importador, salvo los que estén sujetos a impuestos, y pone el Imesi a los embalajes no retornables”. Cuestionó que “este impuesto el gobierno pasado nunca lo puso” y optó por implementar el Plan Vale. “En los hechos, este gobierno, creo que con acuerdo previo antes de asumir, lo dio como consumado y no le dio marcha atrás”, lamentó Ramada.

Apuntó que el impuesto “lo iban a pagar fundamentalmente las grandes envasadoras y los grandes importadores”. Sin embargo, indicó que el Plan Vale se nutre del aporte de más de 3.000 empresas, por lo que “el costo que deberían haber asumido los principales generadores se ha repartido”. De todas formas, el dirigente sindical insiste en que su principal reclamo es que el plan “sea tripartito y que en las intendencias haya un representante de los clasificadores para negociar, porque la realidad es que ahora está quedando gente afuera”. Definió que la iniciativa es “la apropiación por parte de la CIU de los buenos envases”, aunque reconoció que “clasificadores que estaban trabajando en la venta ahora van a tener un sueldo base”. “Es del orden de los 30.000 pesos, no es ninguna maravilla, pero por lo menos van a tenerlo”, declaró.

Ramada relató que parte de los clasificadores han visto con “buenos ojos” la implementación del plan porque “aseguran el trabajo”; sin embargo, “no se lo aseguran a todos”. Por esta razón, entablaron contacto con el Ministerio de Ambiente para que “complemente” las fuentes de trabajo, y contó que “hay algunas ideas”. Recordó que existen alrededor de “3.000 clasificadores por lo bajo” y que con el Plan Vale “haciendo fuerza llegan a 400 empleos de los cuales la mayoría ya existía”.

Al ser consultado sobre la situación de los clasificadores, el dirigente sindical dijo que los nuevos tomadores de decisiones “habilitaron de vuelta la participación de Ucrus [Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos] en el Registro de Clasificadores, que el gobierno anterior había borrado”. Este sistema funciona como un registro de personas que se dedican a la clasificación de residuos y que desean acceder al mercado formal. “Ucrus va a poder tener un número de clasificadores que están en forma informal, independiente, a los que se puede recurrir para ocupar puestos de trabajo”, señaló. Por otro lado, Ramada manifestó que tienen “algunas expectativas” en la capital porque han mantenido intercambios con Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Contó que existe “voluntad de modificar radicalmente” actividades en las inmediaciones de Felipe Cardoso, incorporando a una planta un porcentaje de personas que “hoy trabaja clandestina”. También resaltó que a fin de mes tendrá lugar un encuentro en el PIT-CNT, donde participarán integrantes del movimiento internacional de recicladores y allí también habrá nuevos intercambios con autoridades.