Tal como lo anunció el programa No toquen nada en su emisión del miércoles, “el Senado tiene ‘trancado’ el proyecto de ley de Protección Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Poder Ejecutivo pidió a Diputados que lo detuvieran, pero los representantes igual lo votaron”.

¿Por qué se frenó el proyecto? En primer lugar hay que aclarar que propone varias cosas. El director de la Secretaría de Discapacidad de la IMM, Federico Lezama, explicó a la diaria que la iniciativa modifica algunos términos de la ley 16.095, de 1989. Entre otras cosas, incorpora la certificación única de la discapacidad, crea la figura del asistente personal para las personas con discapacidad severa, y establece la accesibilidad al transporte público. Además se refiere al hecho de que la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado y el Programa Nacional de Discapacidad pasaron del Ministerio de Salud Pública (MSP) al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Un grupo de trabajo convocado por el diputado frenteamplista Pablo Álvarez (CAP-L) trabajó sobre cada uno de los capítulos de la iniciativa, para eliminar definiciones ambiguas y cosas que después no pudieran ser implementadas.En diciembre el proyecto se votó en Diputados, y cuando llegó al Senado algunos ministerios plantearon dudas sobre ciertos puntos. Pero, ¿por qué se trancó? Lo primero que pensó más de uno es que hubo presiones por parte de empresas, concretamente de CUTCSA, que, de ser aprobada esta ley, deberá invertir cientos de miles de dólares en unidades accesibles.

Lezama dijo que el proyecto es demasiado amplio y profundo para trancarse por la presión de una empresa, pero añadió que “CUTCSA debería apoyar con más énfasis el tema de la accesibilidad, porque, si bien hay un costo empresarial, hay un interés social que debe primar sobre la rentabilidad”.

Álvarez recordó que CUTCSA felicitó el proyecto y opinó que el freno puede venir por diferencias de interpretación. De todos modos, dijo que a él nadie le aclaró por qué la iniciativa quedó en veremos y se pateó la pelota para adelante.

Consultado sobre la hipótesis acerca de presiones ejercidas por CUTCSA, el presidente de la empresa, Juan Salgado, consideró que es “tremendamente injusta” y recordó que la firma respeta las determinaciones estatales, ya que acaba de traer 200 unidades que cumplen con las normas Euro 3 -de carácter ecológico-. Salgado recordó que CUTCSA fue la primera empresa en instaurar dos unidades para discapacitados (certificadas por las normas UNIT) en forma voluntaria, que empezaron a circular en mayo de 2005. “Un servicio totalmente deficitario. Desde 2005 hemos invertido cientos de miles de dólares que no tienen ningún retorno”, dijo.

En Uruguay se estima que 9% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Las dos unidades dispuestas por CUTCSA transportan un promedio de 150 personas en silla de ruedas por día, según Salgado. Además están las ocho unidades del CA1 que, como se sabe, son más utilizadas por la población en general que por aquellos a quienes fueron destinadas.

“Estamos totalmente de acuerdo con la accesibilidad. A partir de que la IMM disponga y nos comunique qué porcentaje de la flota debe ser para personas con discapacidad, no sólo lo vamos a acatar sino que lo vamos a aplaudir. Fuimos la única empresa que dio señales de que eso faltaba”, insistió Salgado.

Entonces, ¿por qué se frenó el proyecto? Como el ministro de Economía, Álvaro García, está fuera del país, consultamos al director general del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Apesteguía, sobre la decisión que tomó el Ejecutivo. Dijo que “se quedó en conversar el tema con el Senado para ver las consecuencias que la ley puede tener, los impactos presupuestales y aquellos aspectos que requieren iniciativa del Poder Ejecutivo”.

Según Apesteguía, “hay que saber cuáles son los gastos que esa ley generaría y que por lo tanto la harían inconstitucional en algunos aspectos, ya que, de acuerdo con la Constitución, una ley no puede aprobar gastos sin iniciativa del Poder Ejecutivo”, subrayó.

Lo cierto es que la negociación con las empresas no será sencilla. También habrá que esperar, porque los legisladores están en plena campaña electoral y el Parlamento está en receso hasta el 15 de febrero. Mientras tanto, hay episodios como el vivido por Noemi Duera, que al parar un CA1 e intentar subir al ómnibus con su sobrino, que padece mielomeningocele, se topó con un chofer que literalmente le dijo: “Cerrame la silla, dejámela ahí, tenés tu asiento allá, que no tengo lugar”. Esas personas seguirán preguntándose, inmóviles en las paradas: “¿Qué es lo que está pasando? ¿Ni siquiera en las unidades especiales hay espacio para sillas? ¿Ni para las de los niños?”.