Aunque no está presente explícitamente en la agenda de las negociaciones, todos los partidos políticos están de acuerdo con renovar la integración de la Corte Electoral (CE) y el Tribunal de Cuentas (TCR). Actualmente se mantienen los miembros de esos organismos votados por el Parlamento en 1995, en función de los resultados electorales del año anterior, que llevaron al segundo mandato presidencial de Julio María Sanguinetti. De los 16 integrantes de los organismos de contralor -nueve de la CE y siete del TCR-, siete son colorados, cinco blancos y cuatro frenteamplistas.*

Si se aplicara un criterio de proporcionalidad de acuerdo con los resultados de octubre, al Frente Amplio (FA) le correspondería tener por lo menos siete representantes en esos organismos (en términos aritméticos, 7,59), al Partido Nacional (PN) por lo menos cuatro (4,56), al Partido Colorado (PC) por lo menos dos (2,66) y al Partido Independiente (PI) ninguno (0,39), restando tres por distribuir.

En el paquete

No se habló de este tema en la reunión mantenida el lunes por el presidente electo José Mujica y el secretario general colorado, Pedro Bordaberry, pero éste dijo el lunes a El Espectador que la renovación de los organismos de contralor es el “primer nivel” de la participación de la oposición en el futuro gobierno. Tampoco se ha planteado el asunto dentro del PC, pero el senador electo Ope Pasquet se manifestó a favor de cambiar la situación congelada en 1995, aunque acotó que eso debe discutirse en el marco de un “acuerdo político global” y “no se puede considerar por separado de todo el paquete”.

Desde el PN, el diputado Jaime Trobo aseguró: “Todos siempre hemos sido partidarios de renovarlos”, pero afirmó que eso depende “de la proporcionalidad con la que se integren”. Fuentes nacionalistas señalaron que, en el marco de los acuerdos políticos a los que se pueda llegar con el presidente electo, habría unanimidad en “ceder” sobre ese punto. “Si hay presencia multipartidaria en los entes públicos, que es lo mejor para el sistema, eso incluye la renovación de los organismos de contralor”, señaló un legislador blanco.

La discusión estará planteada en la próxima reunión del Directorio del PN, donde fundamentalmente se debatirá sobre el rol de ese partido en el futuro gobierno: si mantiene la postura de ser “sólo oposición”, o si “cambia la estrategia” y participa de alguna forma en la administración.

Pablo Mieres, líder del PI, manifestó que el tema “no está en la agenda”, pero que “sería lógico que pudiera haber acuerdos” en la materia, en un marco de participación de todos los partidos en la administración descentralizada. “Tiene que ser el resultado de una negociación en la que es preciso que haya equilibrio. Sería bueno que en los entes autónomos y servicios descentralizados hubiera participación de todos, y los organismos de contralor deberían incluirse en ese conjunto de negociaciones también”, señaló.

Sobre la posibilidad de que haya un representante de su partido en esos organismos, Mieres dijo que no es algo que tengan pensado, pero que, si bien se debe respetar la proporcionalidad, no se trata de “un cálculo estrictamente matemático” sino de parte de un acuerdo político.

  • En el caso de la Corte Electoral, la Constitución establece que cinco de sus integrantes deben ser personas que den “garantía de imparcialidad”, designados por dos tercios de la Asamblea General, y que los cuatro cargos restantes deben ser ocupados por “representantes de los partidos”, designados por la misma Asamblea con un sistema de votación similar al que se aplica en todo el país para elegir senadores. De todos modos, la filiación partidaria de todos los actuales integrantes es pública y notoria.