La Unión Europea mantuvo ayer su “posición común” frente a Cuba, aunque encargó a la alta representante Catherine Ashton establecer contactos políticos y explorar caminos de acercamiento a la isla. El acuerdo fue un punto medio entre los países más escépticos, que querían mantener el aislamiento total, y aquellos como España, que buscaban un reconocimiento a los gestos hechos en los últimos meses: no sólo la liberación de opositores presos, sino también las reformas económicas que impulsa La Habana.
El último anuncio en materia económica fue realizado ayer, cuando el gobierno cubano publicó a través de la Gaceta Oficial nuevos decretos y reglamentos para la ampliación del sector privado, ámbito que se quiere potenciar al tiempo que se implementa el despido de 500.000 funcionarios en los próximos seis meses para reducir las plantillas del Estado.
Se aprobaron oficialmente 178 actividades de trabajo privado en las que pueden ejercer por cuenta propia quienes queden desempleados o “disponibles”, como indica el gobierno. Estas personas representan 10% de los funcionarios. Esas actividades incluyen tareas de albañiles, carpinteros, electricistas, artesanos, hasta transporte o trabajo en restaurantes, informó la agencia de noticias EFE. Además está previsto un sistema de subsidios para aquellos trabajadores que no sean “reubicados”, indicó el documento oficial.
Según la publicación, los empresarios autorizados “son sujetos del impuesto sobre los ingresos personales”, que oscilará entre 25% y 50% de los ingresos netos declarados a fin de año, excepto que éstos sean más bajos de 225 dólares, en cuyo caso estarán exentos, informó la agencia de noticias Reuters.
Según datos oficiales citados por EFE, con el nuevo sistema tributario y el crecimiento de la actividad económica privada, el gobierno cubano espera aumentar sus ingresos en 1.000 millones de dólares en 2011.