Luego de que ayer se conocieran los últimos datos de desempleo, ubicado en el valor mínimo desde que se llevan registros, se dieron a conocer las primeras propuestas del denominado Ámbito por la Inclusión y la Formalización del Trabajo. Se trata de una herramienta integrada por los ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Trabajo y Desarrollo Social, la Dirección General de Impositiva (DGI), el banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección de Aduanas.
Las autoridades de estas dependencias aprovecharon la ocasión para congratularse por la nueva caída de la desocupación, sin dejar de advertir las vulnerabilidades que supone la elevada informalidad.
Si bien en el período de gobierno pasado se constataron “avances significativos”, persisten “situaciones que ameritan este tipo de instancias para mejorar la formalidad y así la calidad y las condiciones de trabajo”, tal como lo reconoció el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
El jerarca destacó la reducción que hubo en agosto del subempleo y de la informalidad, y particularmente que la desocupación entre mujeres menores de 25 años -uno de los sectores más frágiles del mercado laboral- se redujo de 28,8% a 24,2% de julio a agosto.
Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, remarcó la necesidad de darle continuidad a las políticas, aunque advirtió que “cada paso que se da es más difícil” que el anterior “porque queda el núcleo más duro [de desempleo] y no se pueden aplicar medidas que apuntan al bulto”.
Según los datos divulgados en la pasada jornada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo de agosto se ubicó en 6,2% de la población económicamente activa, 0,8 puntos porcentuales menos que el mes anterior (7%). El desempleo ascendió a 6,7% en Montevideo y a 5,8% en el interior.
Estos datos son positivos por partida doble, ya que también hubo más personas buscando empleo. La tasa de actividad (proporción del total de la población que en el período considerado trabajó o trató de hacerlo) se elevó 0,8 puntos porcentuales hasta alcanzar 63,9%, siendo mayor en la capital del país (66,4%) que la registrada en el resto de los departamentos (62,2%).
La tasa de empleo se situó en 59,9% para el total del país, 1,2 puntos más que en julio. En la capital fue de 61,9% y en el interior, de 58,5%.
En lo que refiere a las condiciones de la población ocupada, el subempleo se posicionó en 8,4%, el no registro a la seguridad social descendió hasta 29,8% y el empleo sin restricciones aumentó a 67,5%.
Está en la frontera
El director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrés Masoller, resaltó los avances alcanzados en los últimos cinco años, principalmente la baja del desempleo, el cual “se encuentra muy cercano a lo que sería el desempleo estructural” del país. Por lo tanto, la falta de trabajo dejó de ser el “principal foco” de las políticas del gobierno, que ahora apuntan contra “los problemas de calidad” del mercado laboral. Además, subrayó que la mejora del empleo se acompañó con un aumento del salario real y del registro en la seguridad social.
En tanto, la informalidad se redujo diez puntos desde el 41% que se tenía en 2005 hasta el 31% alcanzado en el primer semestre de 2010, pero se trata de “un nivel sumamente elevado”, según Masoller. El no registro se agrava en los departamentos fronterizos con Brasil y se concentra particularmente en algunos rubros de actividad, como en la construcción, el comercio, la limpieza y seguridad, el servicio doméstico y el sector agropecuario.
Además, el subsecretario del MEF dijo que un tercio de los trabajadores tiene su actividad en un lugar fijo, casi 30% trabaja a domicilio y 15% lo hace en su propia vivienda.
Por último, recalcó que se trata de un segmento social que presenta un grado de calificación menor al resto y que, en consecuencia, recibe ingresos más bajos.
A tu medida
El presidente del BPS, Ernesto Murro, fue el encargado de enumerar las diversas propuestas a las que apuesta el gobierno para mejorar la inclusión y la formalidad.
El funcionario explicó que se estudia la presentación de proyectos de ley, uno de los cuales apunta a la creación de un monotributo social mínimo, que esté orientado a los grupos sociales caracterizados como de “alta vulnerabilidad”. Según la iniciativa, el Estado subsidiaría esos aportes durante un plazo de tres años.
Otra norma que ya está a estudio del Parlamento impondría medidas para la trazabilidad de los productos del sector de la vestimenta. También mencionó una tercera propuesta que ubica el aporte proveniente de los jardineros en el rubro de industria y comercio, y no, como ahora, en el de trabajadores rurales.
El Ámbito por la Inclusión y la Formalización del Trabajo propuso la sanción de un decreto que apunte a la inclusión en el monotributo -con todos los derechos y obligaciones que eso implica- de cuidachoches, limpiaparabrisas, guías turísticos, personal de paradas de taxi, paseadores de mascotas, trabajadores sexuales, limpiavidrios de casas y edificios y productores de bloques. Otro decreto incluiría a los pescadores artesanales que cumplan con determinadas condiciones. Murro anunció campañas educativas y publicitarias, algunas de ellas específicas para los sectores considerados más vulnerables.
Por su parte, el director de Rentas, Pablo Ferreri, añadió que “así como están previstas actividades para incluir”, también se realizarán “acciones coordinadas para fiscalizar, intercambiando información entre los distintos organismos”.