El director de Rentas realizó estas valoraciones y adelantos concernientes al organismo que dirige en el marco de un desayuno de trabajo organizado por la revista Somos Uruguay bajo la convocatoria “Contexto actual y desafíos futuros de la administración tributaria”. Allí destacó que el pago de impuestos supone “una responsabilidad de contribuir con la sociedad” y que el rol de la DGI consiste en garantizarlo para articular la vida en sociedad. Para ello la administración aplica dos criterios centrales: facilitar que los contribuyentes paguen sus impuestos y combatir el fraude y la evasión tributaria. Graficó esa tarea comentando que por cada peso que no se paga de 100 que se debería aportar, podrían comprarse 250.000 ceibalitas, 2.450 patrulleros, y que ello equivale a seis veces lo gastado en el sistema carcelario.
Por otra parte, argumentó que la recaudación impositiva debe perseguir el objetivo de generar equidad. Explicó que los países desarrollados logran ser más equitativos mediante el gasto público y la aplicación de tributos. Sin embargo, lamentó que en América Latina ocurra lo contrario. Informó que la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplica impuestos directos, que representan 60% del total de su tributación, mientras que en América Latina implican la parte menor (30%). “Los impuestos directos son redistributivos y los indirectos, no”, subrayó.
Destacó que en el caso de Uruguay, con la aplicación del nuevo sistema tributario inaugurado en 2007, se logró mejorar la igualdad mediante el incremento de la imposición directa en desmedro de la indirecta. Los tributos directos representaban 29% antes de la reforma y luego de ella pasaron a significar 35%, al tiempo que los impuestos indirectos bajaron de 71% a 65% sobre el total. No obstante, admitió que pese a tal mejora el país mantiene vigente, en términos generales, una estructura impositiva de carácter regresivo.
¿Dónde está el piloto?
Ferreri también se refirió a los “desafíos futuros” de la DGI, entre los que ponderó sobre los demás la futura implementación de la factura electrónica, con la que se apuntará a “revolucionar el comercio en Uruguay” mediante la presentación en formato digital de la documentación necesaria para concretar transacciones. Apuntó que ello generará “grandes beneficios a los contribuyentes, que tendrán grandes ventajas logísticas”. Esto optimizará la capacidad de control de la administración tributaria, en virtud de lo cual Impositiva está trabajando “codo a codo” con el sector privado para comenzar un plan piloto en 2011. “Esto sólo les sirve a los contribuyentes honestos”, advirtió. En cuanto al cronograma, explicó que “a partir de 2012 se incorporarán todos los grandes contribuyentes, y en 2013, ya de manera coercitiva, estaremos ampliando [el plan] a algunos sectores de actividad”.
Por otra parte, el jerarca adelantó que también en 2011 se aplicará otro plan piloto, en este caso para instaurar el sistema de “declaración jurada borrador” para el IRPF, que “busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones”. Al revés de como se hace ahora, será la DGI la que redacte las declaraciones juradas de los contribuyentes, que luego enviará vía página web o e-mail, aunque éstos tendrán la opción de aceptarla o rechazarla para hacer otra por su cuenta.
En otro orden, informó que serán mejorados los niveles de atención en el interior de la República “equiparando para arriba” el nivel de los servicios, y que se fomentará la educación tributaria con una “fuerte presencia en la sociedad”, “juegos en las ceibalitas de Primaria y cosas más sofisticadas para Secundaria”.
También se creará un Centro de Estudios Fiscales, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas con colaboración técnica de organismos internacionales, participación del sector académico y de las gremiales de profesionales.
Asimismo, Rentas prevé invertir en recursos humanos reforzando su plantilla en 200 funcionarios en el correr del quinquenio mediante concurso, y el trabajo de éstos será orientado a la fiscalización y el cruzamiento de datos. También apostará a la capacitación continua de todos sus funcionarios y otorgará las encargaturas de la DGI mediante concurso y no por la discrecionalidad del director general.
Por último, informó que el organismo invertirá unos 15.000.000 de dólares en tecnología durante el período, un nivel similar al del quinquenio anterior aunque muy por encima de los 50.000 dólares anuales que se invertía antes de 2005. Buscará ampliar los servicios web, impulsará el cruzamiento de datos y el diseño de un mapa de riesgos, así como la inscripción o modificación de empresas por internet.