Muchos de los emprendimientos llamados de energías renovables o sustentables que se plantea llevar a cabo, algunos de los cuales se encuentran en proceso de finalización, presentan una rentabilidad muy baja con relación al riesgo asumido por quienes invierten recursos financieros en ellos. Su rentabilidad viene dada por la relación entre la cantidad de energía producida y el precio al que ésta se vende. La viabilidad técnico-económica de la generación eléctrica a partir de fuentes alternativas ha estado en el foco de la discusión desde hace más de cinco años. Los bajos costos de la energía regional y local que se verificaban en años anteriores determinaban el rechazo a las fuentes renovables. Actualmente, la realidad global, regional y local ha cambiado. Por un lado, las expectativas a nivel global son de que el petróleo siga su escalada de precios, con altas probabilidades de que, por problemas de oferta, supere los 174 dólares por barril alcanzados hace dos años. Por otro lado, la situación regional no es mucho más alentadora: Argentina dejó de ser el proveedor de energía excedentaria en abundancia y a bajo costo; y las nuevas interconexiones con Brasil, que están en proceso, no obtienen energía firme disponible, salvo la generada por la planta de Candiota, situada cerca de la frontera brasileño-uruguaya, cuyos índices de contaminación son altísimos, y Uruguay, a través de la Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico Nº 16.832, tiene prohibida la importación de energía de plantas que contaminen el territorio nacional. Además, otros países como Bolivia, con abundantes reservas de gas, presentan ciertas dificultades en las vías de efectivizar su producción de manera sustentable.
Con razón
A raíz de este contexto, el gobierno saliente inició un camino de promoción del desarrollo de las energías renovables no tradicionales, como la eólica y la biomasa. La meta establecida es tener una potencia instalada de 500 megavatios para 2015, de los cuales 200 serían a partir de biomasa y 300 de eólica. En 2005, UTE realizó un llamado para generar 60 megavatios a partir de biomasa y energía eólica, que se hizo en dos etapas, dado que inicialmente no se logró adjudicar en su totalidad. Primero se adjudicaron 34 megavatios y después los 26 restantes. Los contratos rigen por un plazo máximo de 20 años y la mayoría de las plantas de biomasa está asociada a emprendimientos agroindustriales y forestales. A partir de un contrato firmado en 2007 entre UTE y Botnia, la empresa finlandesa (ahora UPM) genera unos 140 megavatios a base de los residuos de la producción de celulosa, y entrega a la red de UTE, en promedio, 30 megavatios correspondientes al excedente del autoconsumo. En 2008, el 1,6% de la energía demandada por Uruguay fue abastecido por recursos no tradicionales, y el aporte de Botnia significó el 90%. La biomasa es una fuente de energía abundante al norte del Río Negro, donde existen muchos aserraderos y emprendimientos agroforestales. Al cierre de 2009, uno de los ganadores de la primera licitación, Fenirol SA, firma adjudicada en 2008 para generar electricidad por biomasa, comenzó a entregar energía a la red pública. La empresa, ubicada en Rivera, procesa residuos forestales y cáscara de arroz, y venderá a UTE 10 megavatios. Desde este año se espera que entren en funcionamiento dos compañías más, también ganadoras de la misma licitación. Una es Bioener, también radicada en Rivera, que funcionará con residuos provenientes del procesamiento de madera en aserraderos del departamento; y Galofer es la otra, asentada en Treinta y Tres, cuya materia prima será la cáscara de arroz. Bioener venderá 9 megavatios a UTE y Galofer 10.
Spotlight
En marzo del año pasado, como resultado del segundo llamado, UTE adjudicó a Alur SA, Los Piques, Ponlar SA y Aguia Maderas SA la generación de energía a base de biomasa y su posterior compra. Alur SA tendrá una potencia instalada de 12 megavatios y venderá 4 megavatios a partir de las etapas de finalización de zafra, desde mayo de este año, y otros 4 megavatios en los últimos meses del año. La inversión de Los Piques SA (ahora Weyerhaeuser Productos) ronda los 26.000.000 de dólares y consiste en una planta de cogeneración (electricidad y vapor) instalada en Rivera; la potencia instalada será de 12 megavatios, de los cuales acordó vender 5 a UTE. Otra empresa que se suma a la generación de energía por biomasa es Liderdat, pero con una modalidad diferente en cuanto a su comercialización. La firma, de la cual Azucarlito tiene el 50% de su capital, se está instalando en el emplazamiento de Azucarlito en Paysandú, y generará 5 megavatios provenientes del tratamiento de residuos forestales, con una inversión de 10.000.000 de dólares. Se espera que en los meses que corren la compañía esté operando y vendiendo energía en el mercado spot. Esta modalidad es una de las cuatro posibles de participación de privados establecidas en la Ley de Marco Regulatorio. Básicamente, la norma establece que la firma inyecta energía a la red pública cuando el precio le conviene, sin tener que solicitar permiso a UTE, y, en ese caso, el ente está obligado a comprarle energía al precio spot, es decir, al de la fuente de generación más cara en ese momento. En setiembre de 2009 se aprobó el decreto que habilita a UTE a contratar 150 megavatios de energía eólica para granjas de entre 30 y 50 megavatios. La licitación aún no ha salido pero, según el ente, se espera que ocurra en breve. Queda en evidencia que son muchos los proyectos que se han llevado adelante en estos últimos años y los que aguardan el momento de empezar a funcionar, para que, en el mediano plazo, puedan medirse sus resultados tanto técnicos como económicos.
Demanda y déficit
La descentralización en la generación de energía se está desarrollando y claramente muestra un punto de inflexión en los últimos años, aunque por ahora parece tener un ritmo bastante lento. Los inconvenientes que aparecen en el escenario de desarrollo de fuentes alternativas de energía llevadas adelante por el sector privado, parecen estar asociados a la lentitud con que los procesos licitatorios se desarrollan, así como con los precios de compra de energía definidos por el único comprador, que es UTE. Se estima en la actualidad que el déficit energético del país es de unos 400 megavatios, con una demanda energética que crece en alrededor de 7% a 8% anual, debido al aumento en la producción y en el consumo nacionales. Con estos números, si se pretende cerrar la brecha en los próximos cinco años, deberían incorporarse a la matriz energética 100 megavatios adicionales por año. Por lo tanto, el ritmo al cual se aprueben todos los proyectos de ampliación energética y se pongan en funcionamiento es vital para alcanzar un consumo asegurado de energía a un precio razonable. A su vez, los incentivos que ha generado el convencimiento, entre los inversores privados, de los beneficios de la producción de energía mediante fuentes alternativas, se fortalecerían con la aplicación de una política de precios más flexible y que permita asegurar una rentabilidad media. Para ejemplificar el aserto, basta con señalar que en los contratos firmados por UTE con los productores privados, los precios del megavatio se establecieron en entre 80 y 90 dólares, niveles muy inferiores a los que Uruguay ha pagado por importar energía desde Argentina y Brasil, y a los que le ha costado al país generar electricidad con sus plantas térmicas en base a petróleo. Es altamente probable que si se mejoran los precios y se permite que un mayor número de proyectos operen en el mercado spot, sin topes significativos, la considerable incertidumbre planteada al comienzo de esta nota tendría, al menos, que mitigarse.