La Corte Suprema de Justicia de Bolivia ordenó ayer al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Ramiro de la Fuente, la desclasificación de los archivos militares del período comprendido entre junio de 1979 y diciembre de 1980. La orden llega luego de que las Fuerzas Armadas apelaran varias decisiones en este sentido e incluso desobedecieran otras de tribunales de menor jerarquía.
Esta orden incluye también que se revelen los ingresos y salidas a la sede del Estado Mayor del Ejército del 10 al 20 de julio de 1980, para saber quiénes estuvieron en las instalaciones durante el golpe de Estado del 17 de julio de ese año, informó la agencia de noticias EFE.
El escrito debía ser entregado a De la Fuente, pero el general se encuentra en Rusia. Luego de hacer esperar una hora y media a la funcionaria judicial que debía entregar la orden, en la sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas le recomendaron que la dejara como si fuera correspondencia, en un procedimiento inusual.
La funcionaria se encontraba junto a Olga Flores, hermana de Juan Carlos Flores, asesinado en julio de 1980, junto al dirigente socialista Marcelo Quiroga, en la Central Obrera Boliviana. Fue asesinado por paramilitares ya identificados, informó el diario boliviano Los Tiempos. La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Democracia informó que hay 156 denuncias registradas por la organización respecto de personas desaparecidas en las tres dictaduras que hubo en el país entre 1960 y 1980, indicó EFE.
Flores calificó la orden de la Corte Suprema de Justicia de “histórica” y aseguró que evitará que las Fuerzas Armadas den excusas para no entregar la documentación secreta que permita saber dónde están los restos de los desaparecidos durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981).