En el marco del Proyecto J se diseñó, en el 2005, el Índice de la Sociedad Civil (ISC), a cargo del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El ISC es una herramienta de investigación que permite evaluar el estado de la sociedad civil y se realiza en más de 50 países con la coordinación internacional de Civicus, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.
Analía Bettoni, presidenta de ANONG, destacó en la presentación los cambios producidos en la sociedad civil: “La sociedad civil era totalmente distinta cuando se fundó ANONG, hace 18 años. Era otro contexto social y económico, con otras tecnologías, otras alianzas y otras formas de trabajo y de financiamiento. Las organizaciones de la sociedad civil [OSC] fueron mutando, acompasándose a los cambios”. Se les ha llamado organizaciones no gubernamentales (ONG) sin fines de lucro y actualmente son reconocidas como OSC. Este cambio permitió, según Bettoni, “borrar algunas fronteras: la sociedad civil es mayor y lo que tienen en común las organizaciones es un camino estable en la defensa de los derechos humanos, en el desarrollo nacional y de la democracia”. Bettoni aclaró, también, que el índice no aporta datos cuantitativos: “No hay datos de cuántas organizaciones de la sociedad civil hay, pero son miles y eso es una riqueza, es un mundo dinámico que esperamos que siga creciendo”, explicó. Por su parte, Anabel Cruz, presidenta de Civicus, afirmó que “participaron en la creación del Índice cientos de organizaciones y personas”, y señaló que allí se hacen recomendaciones a las agencias donantes, al gobierno, a las OSC y a los organismos internacionales.
Marcia Rivera, editora del libro Avances y necesidades en el fortalecimiento de la sociedad civil uruguaya, afirmó: “Una pregunta que se hacen las organizaciones de la sociedad civil es cómo contribuir a generar un Estado que permita un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Éste es un debate importante para definir qué Estado queremos”. Destacó también el compromiso de las organizaciones uruguayas en la lucha por la superación de la pobreza.
Según Rivera, “el Estado no puede hacer la titánica labor de mejorar la inequidad, por lo que se requiere la sinergia entre Estado, empresas y la cooperación internacional”. Por último, expresó su deseo de que el Proyecto J, que finaliza en setiembre del 2010, tenga una segunda fase, ya que, según dijo, “el desafío todavía es muy grande”.
El proceso de investigación fue acompañado por un comité consultor compuesto por representantes de redes de OSC, coordinaciones de grupos de mujeres, movimiento sindical, organismos del Estado, sector académico, medios de comunicación, organismos internacionales y agencias bilaterales de cooperación.
Como miembro del Comité Consultor de Redes, Lilián Abracinskas, de la Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres, destacó la importancia del proyecto para que las OSC se conozcan entre sí, y señaló la necesidad de “superar estigmas entre ellas, para lo que es fundamental el diálogo entre la sociedad civil para realizar con éxito el diálogo con el gobierno”.
Todos somos civiles
La sociedad civil es tomada de manera amplia y se define, según se lee en el libro, como “la arena o escenario, fuera de la familia, el Estado y el mercado, que se crea mediante acciones individuales y colectivas, y por organizaciones e instituciones para hacer avanzar intereses comunes”. En esta definición caben diversas organizaciones: sindicatos; organizaciones religiosas, de mujeres, juveniles o estudiantiles; OSC de desarrollo, de promoción y cabildeo; medios de comunicación sin fines de lucro; asociaciones de servicio social y salud; organizaciones comunitarias, de interés económico, y un largo etcétera.
La evaluación de la sociedad civil se realiza en base a cinco dimensiones: el compromiso cívico de las personas en relación con iniciativas sociales, aspecto en que se considera todo lo referente a su participación en el ámbito social y político; el nivel de organización o grado de institucionalización; los valores que practica y difunde la sociedad civil; el impacto del trabajo que realizan sobre la realidad social y política y sobre la sociedad en su conjunto; y, por último, el ambiente externo (variables culturales, políticas y socioeconómicas), utilizado como contexto para analizar las cuatro dimensiones ya mencionadas.
El ISC realizado en 2005 resumía la siguiente situación de las OSC en Uruguay: “La sociedad civil actúa en un ambiente medianamente propicio, con un desarrollo medio en la promoción y práctica de valores, pero con un bajo impacto de sus acciones y más débil en lo referente a estructura”.
Algunas de las recomendaciones que se desprendieron de esa primera evaluación fueron promover una mayor participación en las organizaciones, buscar mecanismos que faciliten la comunicación y la cooperación entre las propias organizaciones, fortalecer las redes e instituciones de segundo grado, procurar una mayor visibilidad pública de las acciones, promover una cultura de transparencia y rendición pública de cuentas, y fortalecer el relacionamiento con el Estado y el sector empresarial.
Las organizaciones hoy
En el 2009 se realizó una nueva evaluación, justificada por la llegada de la izquierda al poder en el año 2005, con el consecuente cambio en las funciones del Estado y en las relaciones de éste con la sociedad civil. Actualmente, y siguiendo la información que da el libro, la sociedad civil “muestra un desarrollo medio, que actúa en un ambiente altamente propicio, de relativo alto nivel de organización y cuyas acciones se perciben como de alto impacto relativo. Sin embargo, la participación de las personas es relativamente baja, así como también la práctica y promoción de valores, siendo esta última la más baja de todas las dimensiones”.
Por otro lado, se destaca que el voluntariado social ha crecido en los últimos años, llegando a cerca del 20% de la población mayor de 14 años. Entre lo negativo, se identificó la falta de recursos humanos capacitados y de sustentabilidad de esos recursos, y “serias dificultades para la consecución de fondos que aseguren el desarrollo de las actividades”.
En cuanto a los valores practicados por la sociedad civil, se identificó una percepción moderadamente alta sobre la promoción de una cultura de no violencia, paz y respeto a la democracia; sin embargo, “las organizaciones carecen en gran medida de procedimientos escritos sobre igualdad de oportunidades, su personal en general no está sindicalizado, y las organizaciones no brindan a sus colaboradores, sean voluntarios o rentados, capacitación sobre derechos laborales”.
Otro aspecto negativo detectado refiere a la democracia interna. Si bien es reconocida como valor, no siempre es practicada. A su vez, se destaca la necesidad de mejorar y profundizar la transparencia y la rendición de cuentas. Sobre el impacto de su trabajo, si hablamos de los vínculos con actores y agencias gubernamentales, el panorama es heterogéneo, con un rol accesorio de las OSC, en muchos casos “de simple tercerización”, y en otros casos consiguiendo mayor protagonismo.
En términos generales, las debilidades que persisten en la evaluación del 2009 son la baja participación de las personas en las OSC, la falta de transparencia y rendición de cuentas, y la débil capacidad de incidencia en las políticas públicas.
Murallas afuera
Otro componente del Proyecto J abarca el fortalecimiento de las OSC del interior del país. De acuerdo al informe presentado, la realización de los foros buscó generar un espacio abierto para que las organizaciones pudieran comunicarse, compartir experiencias y desafíos comunes, buscando que intervengan activamente en el debate nacional sobre los caminos para el cambio social. Los foros se realizaron en cuatro departamentos y de ellos participaron 173 organizaciones de la sociedad civil con sede en quince departamentos. Para el diagnóstico de las OSC del interior se utilizaron las mismas cinco dimensiones aplicadas en el ISC. Algunos de los problemas que surgen son la dificultad en el acceso a recursos adecuados, la fragmentación del trabajo, las deficiencias en la comunicación interna y externa, la falta de acceso a la información, las dificultades para la concreción de acciones conjuntas y la carencia de recursos tecnológicos adecuados. A su vez, tienen dificultades para contar con un plantel estable y rentado, y hay determinadas prácticas burocráticas que son un problema para la formalización de proyectos.
En los foros se planteó, entre otras cosas, la necesidad de seguir trabajando en la relación Estado-sociedad civil para “superar ciertas prácticas centralistas”; mejorar el acceso a la información sobre la oferta de fondos, la adjudicación de proyectos y el monitoreo de los resultados una vez ejecutados; fortalecer la capacidad de incidencia política de las organizaciones y mejorar la visibilidad del trabajo realizado. Según señaló Graciela Dede, coordinadora del Proyecto J, “las OSC del interior se sienten ‘los olvidados’ por el centralismo montevideano, pero tienen gran avidez por trabajar y capacitarse, cada vez con mayor autonomía y profesionalismo. En 2010, la idea es seguir trabajando en el fortalecimiento de las OSC del interior”.