La pata y el tablero
El Instituto Ceres publicó días atrás un comunicado en el que criticaba duramente la decisión de gravar los depósitos en el exterior de residentes, fustigando el argumento de “justicia” que esgrime el gobierno para su aplicación y que constituye un “cambio en las reglas de juego”. Se valora que “con medidas como ésta, se está debilitando la indispensable protección que, en un Estado de Derecho, los ciudadanos deben tener contra la posibilidad del ejercicio arbitrario del poder del Estado. Esta protección ha sido una parte esencial de las tradiciones liberales de nuestra República y estos cambios incrementales, aparentemente inofensivos, van erosionando”. En respuesta, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, valoró, durante una entrevista en radio El Espectador, que “las garantías están dadas porque nosotros tenemos confianza en la institucionalidad de este país”. “Estoy seguro, no como ministro de Economía y Finanzas sino como ciudadano, de que en este país no se avasallan los derechos de nadie. Si se trata de generar, ahora sí, incertidumbre respecto a la vigencia del sistema institucional, eso es otra cosa, pero sinceramente quedé sorprendido”, puntualizó.
Los tres expertos disertaron en el seminario “Sistema financiero y tributario: el posible impacto de las nuevas propuestas”, organizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Faget inició su exposición refiriéndose a las modificaciones tributarias que permitirán gravar los depósitos que los residentes locales tengan en el exterior, y lo hizo subrayando que si bien la norma “está bien elaborada desde el punto de vista técnico y por personas muy capacitadas”, advirtió que “no comparte esa decisión”.
Interpretó, en cambio, que con aquellas medidas se “perfora un elemento de la tradición nacional”, que es el “principio de territorialidad”, que establece que se deben gravar únicamente las rentas que provienen de las actividades económicas desarrolladas dentro del país. En ese sentido, aseguró que “los países desarrollados aplicaron el criterio universal”, que es el que ahora adopta Uruguay y que “mina el prestigio del país”. “Nos estamos poniendo pantalones de países desarrollados, y esto amerita pensar si no es demasiado radical”, recomendó. Además, mostró sus dudas respecto de la efectividad de aplicar esa política. “No sé si lo que se está tratando de cumplir se está cumpliendo con el paso dado”, se preguntó.
En cuanto al secreto bancario, su primer “palo” fue dirigido hacia la Suprema Corte de Justicia, la cual, según Faget, debería declarar la inconstitucionalidad de normas que, según el experto, cuestionarían sus potestades. “El Poder Judicial es la garantía de las libertades individuales”, recordó, para lamentar después que, en esta oportunidad, “resignó posiciones”. Asimismo, opinó que el país se encuentra transitando un proceso de “absolutismo democrático, donde aquél con la mitad más uno, prescinde del resto”.
No toques nada
Licandro, economista del Partido Nacional que asesorara a Luis Alberto Lacalle en la última campaña electoral, subrayó, al igual que Faget, que el principio de territorialidad representa un “activo muy importante para el sistema tributario” uruguayo, pero luego dobló la apuesta y aseveró que éste comenzó a ser “violado, aunque con poca relevancia y visibilidad”, a partir de la Reforma Tributaria instrumentada por el gobierno de Tabaré Vázquez. A modo explicativo, señaló que las personas colocan sus fondos en el exterior con el objetivo principal de “diversificar riesgos”, buscando más seguridad en otras plazas del mundo y también mayor rentabilidad por sus ahorros o ganancias. En esa línea, proyectó que “los cambios tributarios no deberían afectar las decisiones de los ahorristas, y no van a generar el retorno de los depósitos” al sistema bancario uruguayo sino que, a partir de ahora, “la puerta será sólo de salida”.
Licandro evaluó que la recaudación potencial que resultaría de la decisión oficial es muy baja y que, en el mejor de los casos, implicaría una suma equivalente al 0,2% del Producto Interno Bruto (unos 70 millones de dólares). Es decir que se trata de “algo demasiado irrelevante como para tocar estos dos temas tan relevantes para Uruguay, como son el principio de territorialidad y el secreto bancario”, valoró.
Respecto de este último punto, indicó que “Uruguay es un país receptor de capital externo, principalmente desde Argentina, por la seguridad en el patrimonio y el sigilo con el que trata” la información sobre esas operaciones. En ese sentido, fundamentó que las medidas anunciadas por el gobierno ponen en riesgo ese ingreso de capitales, “que implica el 3% del PIB” (unos 1.000 millones de dólares), por lo que “sería bueno entender a cambio de qué se sustituyen esos 1.000 millones de dólares”. “Hay que ser muy cautelosos en tocar cosas que han sido esenciales: cuando algo funciona bien no hay que tocarlo”, concluyó.
Lista negra
Jiménez de Aréchaga hizo foco en la CRC, detallando que el tema tiene origen en una ley aprobada en el año 2006, respecto de la cual declaró su perplejidad, debido a que fue “aprobada con un masivo apoyo político” de todos los partidos. En torno a esto, explicó que entonces se entendió “necesario dotar al mercado de crédito de la mayor información posible”, ya que previamente se verificaba “una asimetría” considerable porque los bancos disponían de una masa de información a la que los demás agentes financieros no tenían acceso. Describió que aquélla es “una ley breve, de sólo seis artículos”, y la interpretó como una norma “que no es de por sí mala sino que preocupa cómo se está aplicando”; por ejemplo, criticó que ahora es posible acceder a “toda la información de una deuda y algo más” tan sólo introduciendo el número de cédula de identidad a través de internet en el sitio web del BCU. “Las críticas no son tanto sustanciales como de aplicación”, precisó, dado que allí se puede leer el monto de la deuda pero también la categoría que le asigna la institución financiera al deudor, y opinó que eso no es lo importante sino “saber cuál es su posición consolidada” con relación a la obligación. Desde esa lógica y retrotrayéndose a la discusión parlamentaria, indicó que por la vía de los hechos se está violando el espíritu de la ley, aunque legalmente no su contenido. “Hay tres o cuatro artículos, de una ley de seis, que se hacen letra muerta por la vía de los hechos”, advirtió el experto.
Por último, sugirió que la CRC no publique las categorías ni las garantías computables. Recomendó que se suministre información consolidada incluyendo a otros proveedores de créditos, y que se organice un registro de solicitudes para acreditar la legitimidad de los demandantes de datos.