En el marco de la presentación del libro La educación en cárceles del Uruguay. Balance y perspectivas, elaborado por la Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles (CAEC), Eduardo Bonomi, ministro del Interior; Ricardo Ehrlich, ministro de Educación y Cultura; Felipe Machín, presidente de la CAEC; Teresita Capurro, consejera del Consejo Directivo Central (Codicen), y Álvaro Garcé, comisionado parlamentario por el sistema carcelario, reflexionaron sobre la realidad educativa dentro de los centros penitenciarios, los avances registrados y las dificultades persistentes.
Garcé, quien fue responsable de presentar el libro, puntualizó: “Siempre es bueno pensar, debatir, discutir sobre el tema carcelario. Como dice el libro, es una manera de revertir la oscuridad del encierro. Una oscuridad que muchas veces nos hace darles la espalda a más de 9.000 personas: niños, hombres y mujeres que están en situación de cárcel”.
Y agregó: “Siempre es necesario renovar el compromiso con la educación, sobre todo con la educación como derecho de todos, de un lado y otro de la reja”.
A clase
En junio de 2009 el número de personas privadas de libertad era de 8.403, “distribuidas en 29 establecimientos de los cuales 16 registran hacinamiento considerado crítico”, cita el texto.
Del total, entre 60 y 70% es población reincidente, en tanto 70% de los encarcelados es menor de 35 años.
Una de las primeras acciones de la CAEC fue una encuesta elaborada en 2007 dentro de los centros; 40% de los consultados tenía educación primaria incompleta y 30% declara tener el primer nivel de estudios completo, mientras que 70% de los reclusos no supera los seis años de escolaridad.
Sobre las actividades educativas desarrolladas en los últimos años, Garcé comenzó cuestionando: “¿Qué se ha hecho en materia de cárceles y qué queda por hacer? Se han hecho cosas muy valiosas pero falta muchísimo por hacer”.
Entre otras cosas, en 2007 se concretó la cobertura nacional de maestros en todas las cárceles, “mínimo un maestro para cada cárcel”, especificó. El incremento del cuerpo docente fue uno de los puntos destacados, de nueve maestros que impartían clases en los centros penitenciarios en 2005, la cifra aumentó a 51. Asimismo, durante 2009 hubo más de un centenar de profesores de Educación Secundaria impartiendo clases en 12 establecimientos.
Por otra parte, en 2008 fue implementado en el Comcar el plan de alfabetización “En el país de Varela Yo sí puedo”.
También fue ampliada, en diversos centros, la oferta educativa en materia técnico-profesional, puesto que desarrollaron cursos de carpintería, panadería, apicultura, repostería, cocina, electricidad, sanitaria, albañilería, mecánica y teatro.
“El año pasado pasaron más de 2.300 internos por los servicios y ámbitos educativos, ya sea formales o no formales; 2.300 es un número bueno pero no es el número que queremos que sea de aquí en más, [...] la propuesta es que la educación tiene que llegar a todos y a todas”, reflexionó Felipe Machín.
De adentro hacia afuera
“No todos los involucrados visualizan a la educación como un derecho”, establece el texto. “Responsables del subsistema educativo han mostrado indiferencia a la propia CAEC y envían docentes más para cubrir un servicios que para garantizar un derecho”, añade.
El ministro de Educación y Cultura recalcó la necesidad de integración que vive la población reclusa y recordó: “La educación es una gran herramienta de inclusión y de construcción de un proyecto de vida, adentro y afuera del sistema carcelario”.
En comparación con el crecimiento en materia de propuestas educativas, la organización interna es más lenta y la toma de conciencia sobre la importancia que tiene la formación de los reclusos no es global.
En el capítulo “Hacia un sistema educativo carcelario”, el autor, Diego Barboza, establece que para hablar de un sistema integral de educación orientado a las personas que se encuentran privadas de libertad es necesario el compromiso de quienes son mediadores entre educadores y los que están privados de libertad.
“Se torna casi imposible un trabajo de promoción de los seres humanos en espacios de encierro, si los diferentes actores sociales no asumen su nivel específico de responsabilidad. Tanto la sociedad civil como el funcionariado policial deberán reasumir su importancia y responsabilidad específica en relación a la conformación, justificación y despliegue eficiente de espacios de promoción humana”.
Un caso paradójico que cita La educación en cárceles del Uruguay. Balancs y erspectivas fue la inauguración de la nueva cárcel departamental de San José, en abril de 2009. La construcción arquitectónica, de 1.740 metros cuadrados, no contempló espacios educativos. Cabe señalar que la obra fue ejecutada por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y su construcción tardó 12 años.
La propuesta
Garcé manifestó que el programa de educación en el sistema penitenciario se basa en que la educación es un derecho fundamental y es responsabilidad del Estado garantizarlo. Además, es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida y no es confundible con la alfabetización. Por último, la educación formal y no formal son modalidades no excluyentes, se complementan.
Sobre esta base, Garcé detalló que el objetivo de la educación en las cárceles se centra en la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Para que sea accesible no debe haber obstáculos administrativos y se tiene que contar con una adecuada infraestructura; para garantizar la asequibilidad se requiere una amplia oferta educativa; la adaptabilidad se logra ofreciendo una educación acorde a la persona y la aceptabilidad implica apuntar a la reconstrucción de la autoestima.