Cuando la atención de los periodistas y de los uruguayos en general se concentraba en el partido ante Holanda, el canciller Luis Almagro adelantó el viaje que tenía previsto para el miércoles y voló rumbo a Buenos Aires. Allí se reunió el martes luego del mediodía con su par Héctor Timerman, quien confirmó el contaco ayer al término de una sesión de comisión de Relaciones Exteriores del Senado. “Estuve reunido con el canciller Almagro. Él pidió verme. Lo hizo ayer después del mediodía. Me entregó una contrapropuesta a la nuestra”, informó Timerman a la prensa.

El ministro argentino aseguró que no tuvo tiempo de estudiar el texto, pero insistió en que el monitoreo del río Uruguay estará a cargo de científicos y se permitirá el ingreso a la planta de celulosa de UPM (ex Botnia). “La Argentina no va a aceptar ninguna propuesta que no incluya el fallo total de la Corte de La Haya, que dice que el control se realiza dentro de la planta papelera”, remarcó. El gobierno uruguayo no tiene problemas respecto a este punto. La administración encabezada por José Mujica mantuvo contactos informales con UPM y la empresa accedería al ingreso si entiende que las garantías son suficientes.

Almagro se comunicó entre el lunes de noche y el martes a mediodía con los líderes de la oposición para informarles de la entrega de la contrapropuesta, y les anunció que ni bien esté pronta la respuesta argentina los convocará para actualizarlos del asunto. El encuentro podría concretarse a principios de la semana que viene, informó a la diaria el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Roles y roles

En sus contactos con los líderes partidarios, Almagro no quiso dar detalles de la contrapropuesta. Según indicaron a la diaria fuentes vinculadas a la cancillería, la propuesta argentina fue validada por nuestro país en términos generales. Respecto a quiénes estarán a cargo del monitoreo, las fuentes aclararon que al momento no se manejan nombres propios de científicos, pero sí hay consenso en que participen universidades públicas de ambos países.

Tanto la Universidad de Buenos Aires (UBA) como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en Argentina realizaron informes, que fueron incluidos en la documentación probatoria que ambos países presentaron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA realizó mediciones en el río durante dos años y constató un incremento de fito y zooplancton; detectó la famosa “mancha blanca” conformada por algas y registró valores de concentración de sulfuro de hidrógeno que habrían generado “olor a huevo podrido” en el aire de Gualeguaychú, en 78 días de los 270 que duró el análisis. El Plan de Vigilancia que inició en enero de 2008 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina tuvo como base los informes de la UBA.

Los informes de la UNLP también aportaron datos que respaldaban la supuesta contaminación generada por Botnia. En 2009 esa institución dio a conocer un estudio realizado por el Laboratorio de Química Ambiental, que demostró la existencia de nonilfenol en el río Uruguay, el que fue atribuido a pulpa de celulosa derramada por una falla en la fábrica. El nonilfenol es una sustancia prohibida en la Unión Europea desde 2005 porque puede alterar el sistema hormonal de las personas, mamíferos y peces.

En cambio, la Universidad de la República no estuvo tan ligada al gobierno uruguayo en el proceso que culminó con la sentencia de La Haya. La Facultad de Ciencias no participó en los monitoreos de agua y aire realizados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Apenas elaboró un informe en 2006, previo al inicio del funcionamiento de la planta, que advertía sobre algunos efectos nocivos que ésta podría tener en base a una revisión de estudios anteriores. Y concluía que la pastera debía estar sometida a un monitoreo permanente con la participación de la Universidad de la República.

“Lo importante es a quién le cree la gente, a quién le creen los asambleístas. A los gobiernos seguro que no”, señaló una fuente de Presidencia. Resta ver si, en función de los antecedentes, el conflicto no se traslada del ámbito político al técnico.