El mismo día que fue aprobada por la Cámara de Diputados y promulgada por el Poder Ejecutivo la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado, los militares Arturo Aguirre y Alberto Gómez Graña fueron procesados por el juez Eduardo Pereyra por coautoría de homicidio muy especialmente agravado del ciudadano argentino Gerardo Alter, en agosto de 1973. El magistrado también pidió la captura internacional del militar retirado Hermes Tarigo, que se encontraría de viaje por Europa y cuyo procesamiento fue pedido por el fiscal Diego Pérez.

Al otro día, el juez Pedro Salazar procesó a los ya encarcelados Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina por el homicidio especialmente agravado de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman. Por este caso, el magistrado también dispuso la solicitud de extradición de Brasil de Manuel Cordero, que cumple prisión domiciliaria en ese país.

Caballero por infante

Hoy a las 16.00 asumirá el nuevo comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre Siqueira, quien sustituirá al general Jorge Rosales, que llegó al límite legal de su cargo. El nuevo comandante se desempeñaba hasta hoy como jefe de la División de Ejército IV, ubicada en Minas, y fue designado por el presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a mediados de setiembre, cuando se acercaba el retiro de Rosales. Aguerre es uno de los generales que fueron sancionados por el ex presidente Tabaré Vázquez en 2006 por haber mantenido una reunión con el ex presidente Julio María Sanguinetti y el ex ministro de Defensa Yamandú Fau, junto con el entonces comandante Carlos Díaz y el general Miguel Dalmao, hoy procesado por el crimen de Nibia Sabalsagay. El nuevo comandante en jefe nació en 1953 en Tacuarembó y egresó de la Escuela Militar como oficial de Caballería en 1973, justo el año del golpe de Estado. Es hijo del coronel Pedro Aguerre, ex comandante del Regimiento de Caballería Nº 9, militar afín al general Liber Seregni y que fue asesor de la ex ministra Azucena Berrutti.

A pesar de las coincidencias cronológicas, estos procesamientos consecutivos no tuvieron relación con los efectos de la aprobación de la ley contra la impunidad y eran esperados desde hace tiempo, aseguraron fuentes judiciales. Por otra parte, también en estos días se presentó una catarata de denuncias masivas por violaciones a los derechos humanos. A las 140 que se presentaron el sábado 15 en distintas comisarías de Montevideo, Las Piedras, Solymar y Salinas, el jueves 27, bajo el impulso de la Coordinadora por Verdad y Justicia de Maldonado, se presentaron otras 14. Y este sábado, en la segunda jornada de denuncia y seguimiento de casos, se sumaron otras 30.

Esta vez participaron más denunciantes en forma directa que acompañados por el doctor Federico Álvarez Petraglia, y las denuncias se concentraron en las seccionales 2ª y 5ª de la capital. Hasta ahora no hay novedades de las denuncias presentadas el 15, pero se espera que en breve sean recibidas las citaciones judiciales.

Se solicitó a los denunciantes que mantengan informado al equipo de seguimiento y se ofreció asesoramiento legal para las audiencias. El viernes, en paralelo a estas denuncias, 28 mujeres presentaron denuncias por torturas y violencia sexual desde el punto de vista de género. Esta causa señala a policías, militares y personal médico, y por primera vez se involucra a personal militar femenino. La otra novedad es que aparece por primera vez el delito de abuso sexual como delito de lesa humanidad.

Los olimareños

Hoy en la ciudad de Treinta y Tres se presentará denuncia del caso de detención, abuso y tortura de 38 jóvenes, de los cuales 29 tenían entre 13 y 17 años de edad, en abril de 1975. Los adolescentes, en su mayoría miembros de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), fueron detenidos en un megaoperativo que duró dos días. Con el asesoramiento jurídico de una comisión respaldada por el propio Frente Amplio (FA), será presentada la denuncia en sede judicial del departamento olimareño. A las 9.00 partirá el ómnibus que sale de la sede del FA en la calle Colonia.

El viernes el Poder Ejecutivo dio a conocer la resolución de conformar una comisión interministerial que tendrá el cometido de definir las políticas tendientes al esclarecimiento de las desapariciones forzadas y los asesinatos entre 1973 y 1985, y la ampliación de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, que tendrá un coordinador ejecutivo, un representante del ministerio público y fiscal, un representante de las organizaciones de la sociedad civil, dos de la Universidad de la República, y la secretaría administrativa.

Esta comisión deberá recibir, analizar y recopilar la información sobre desapariciones forzadas, crear una base de datos unificada y un banco de muestras genético. El decreto del Ejecutivo designa a Graciela Jorge como la coordinadora ejecutiva.

El proceso de aprobación de la ley contra la impunidad también impactó en la interna militar. El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), general del aire José Bonilla, fue sancionado por el presidente José Mujica y el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, con un "arresto simple" por sus declaraciones públicas "inconsultas" de la semana pasada.

En la víspera de la votación parlamentaria de la ley que evita la prescripción de los delitos cometidos en dictadura, el titular del Esmade ratificó su idea de que "verdad" y "justicia" son incompatibles en este caso, ya que los militares, ante la inminencia de un arresto, no estarían dispuestos a brindar información sobre las violaciones a los derechos humanos. A pesar de esta sanción, el ministro de Defensa está de acuerdo con lo sustancial del planteo. "Es una verdad de Perogrullo. Nadie te va a decir que sabe algo si sabe que al otro día va preso", dijo en julio Fernández Huidobro, entrevistado por el periodista Gerardo Tagliaferro, autor del libro De las armas a las urnas. Tras recibir la noticia de la sanción, este fin de semana, el general Bonilla dijo que mantendría reuniones durante el fin de semana en la "interna" y que evaluaría su "renuncia".