“Estamos ante una contradicción”, estimó el abogado constitucionalista Rodolfo Ponce de León, consultado ayer por la agencia estatal de noticias argentina Télam sobre la polémica que surgió por el decreto que anunció, el martes 5, la presidenta argentina Cristina Fernández. Ese decreto prohíbe los avisos de servicios sexuales en el marco de la lucha que impulsa su gobierno contra la trata de personas.
Ponce de León dijo que la “contradicción” surge del hecho de que “es un acto delictivo manejar una casa de citas, pero está libre de castigo el medio de prensa que publica avisos sobre los lugares en donde se comercia con el sexo”. Para el constitucionalista, el decreto “es totalmente correcto y aplicable”. Argumentó que la Convención Americana de los Derechos Humanos “establece con claridad las restricciones a la prensa cuando se trata de evitar la explotación de las personas y de las minorías”.
El viernes, dos días después de la publicación del decreto, un diario de las provincias de Río Negro y Neuquén, que publica ese tipo de anuncios en sus páginas de clasificados, presentó un recurso de amparo contra la norma. La denuncia del diario provincial Río Negro se basa en el hecho de que la prostitución es lícita, a diferencia de la explotación sexual. Argumenta que en sus avisos del llamado “Rubro 59”, promocionan algo que es lícito: la prostitución. Por eso estima que el decreto es “inconstitucional”, “lesivo de la libertad de expresión” y “discriminatorio del libre ejercicio de una actividad lícita”. Además, según explicaron desde el diario patagónico a sus colegas de Página/12, en sus clasificados se aplican “medidas de autorregulación” para evitar difundir proxenetismo o trata de personas.
Por otro lado, desde el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), Susana Chiarotti, estimó consultada el mismo diario, que pese a esos mecanismos de autorregulación que llevan adelante algunos diarios, promover la oferta sexual “naturaliza el comercio de seres humanos, donde todo se compra y vende, además del alquiler del cuerpo del otro y la explotación sexual”.
En nombre de las principales interesadas sonó fuerte la voz de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) expresada por su titular, Elena Reynaga. La activista explicó que hace 17 años que están organizadas y que a ella le costó mucho trabajo explicar a “las chicas” que les conviene trabajar por cuenta propia, para evitar ser explotadas. Por lo tanto, lamentó que con el decreto de Fernández, las trabajadoras sexuales independientes pierden su principal medio de publicidad y corren el riesgo de volver hacia los establecimientos que lucran con ellas porque tienen recursos para hacerse conocer, pagando, por ejemplo, a repartidores de volantes.
Reynaga dijo que “prohibir la publicación de anuncios es una medida que sólo logra criminalizar” esa actividad y opinó que “la clandestinidad va en beneficio de los sinvergüenzas”.
Por último lamentó: “no nos han preguntado [antes de promulgar el decreto], no nos escucharon, y de la noche a la mañana se está tomando una decisión política muy fuerte. Por eso estamos muy dolidas. La presidenta ha tenido una buena intención, pero esta medida, tan drástica, afecta a demasiadas compañeras”.