-La última novedad sobre el proyecto de una Ley de Medios en Brasil fue la creación de una comisión civil y parlamentaria para delinear las líneas generales de una futura ley. ¿Cuál es el siguiente paso para esta iniciativa?

-El gobierno brasileño incentiva y promueve el diálogo con la sociedad civil. Hicimos 77 conferencias nacionales durante los ocho años del gobierno de Lula da Silva, que incluyeron billones de personas, porque a la conferencia nacional se llega después de instancias municipales y estaduales. El gobierno de Lula la convocó en 2009. Nunca se había realizado una conferencia de comunicación. Los grandes medios se dividieron: inicialmente todos participaron, pero a lo largo del proceso una parte se retiró. De esta conferencia salió la lista de prioridades que se incluyeron en el proyecto de ley que todavía está en consulta en el Ejecutivo. La presidenta Dilma y el Ministerio de Comunicaciones, con la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, están trabajando para presentar el proyecto en el Congreso. Y ahí sí habrá una nueva regulación para los medios.

-Brasil es uno de los países en los que hay un conglomerado grande de medios, con mucho peso, incluso político. ¿Cuál es el papel que tiene la prensa y cuál es el que se les pedirá con la ley?

-El Estado tiene que arbitrar a los medios. A la hora de elaborar el proyecto de ley también se evaluará si habrá una exigencia de contenido, porque si no, todos los paquetes extranjeros, de Estados Unidos y demás, ocupan toda la programación. La Constitución establece que es necesario preservar la diversidad y el contenido regional, y para esto tiene que haber un espacio asegurado. Este tipo de modificaciones, que creo que son las que van a existir, hablan de la aplicación de las normas y no tienen nada que ver con la censura, como se dice.

-Es bastante frecuente que los grandes conglomerados de medios brasileños realicen denuncias de hechos que en algunas ocasiones no se confirman. ¿eso también se va a controlar más?

-Los medios tienen que ser responsables en el uso de su libertad; cuando se accede a alguna información y no se tienen fundamentos suficientes, no se debería publicar. El caso de Veja contra Lula es un antecedente muy claro de una empresa periodística que se puso a investigar al presidente, no consiguió comprobar la información y aun así, en plena disputa electoral, publicó algo que no tiene fundamento, para perjudicar a uno y beneficiar al otro [en 2006 antes de las elecciones la revista Veja publicó información facilitada por un bancario según la cual, Lula tenía cuentas millonarias en el extranjero, y que el medio no logró verificar. Así lo reconoció la propia revista. Tampoco luego de publicada se comprobó la información]. Pero Lula igual ganó las elecciones. Los grandes medios ya no están consiguiendo aglutinar la formación de opinión y esto es por algo bien interesante, tenemos un proceso de mayor vigencia de los sindicatos, de los movimientos sociales, de más información, de acceso a internet; ahora la información proviene de más fuentes. El debate que hay ahora sobre lo que se muestra en la televisión no se daba décadas atrás; la sociedad está más crítica. Si se miran las portadas de los diarios, el país está caído, pero las personas se dan cuenta en su propia vida de que las cosas están mejor.

-Al comienzo de su gobierno, Dilma Rousseff pidió a los medios que la denominaran, justamente, "presidenta" y no "presidente". ¿La prensa brasileña escuchó ese pedido?

-Todos los medios del gobierno la tratan de “presidenta”, porque Dilma enfatiza y valora el hecho de que es la primera mujer presidenta del país, pero los grandes medios en general la tratan como “la presidente”, que también es una expresión correcta, aunque la preferencia de Dilma y del gobierno es que se la llame “presidenta”.

-¿Ésa es otra muestra de la lucha de poder que hay entre el gobierno y los medios?

-Sí, y también ahora con los miembros del gabinete, donde en los puestos clave son mayoría las mujeres [y las llaman “la ministro”, en lugar de “la ministra”].

-Hay una propuesta para la creación de un medio que incremente la comunicación a nivel regional, ¿en qué quedó? -Ya 24 países se involucraron con esta propuesta que tiene tres instancias: una de mayor producción de contenidos, otra de ampliación de la difusión de los contenidos sobre el sur y en tercer lugar una relacionada a generar un programa de información. En cuanto a instrumentos trabajamos con dos líneas nuevas: un gran portal de los países del sur donde cualquiera puede ir y encontrar información sobre el continente y lo otro, un canal de televisión del sur, con participación privada, que sería lanzado en 2012 en Europa en inglés y para América Latina, inicialmente vía web, en español y portugués. Esos son dos instrumentos nuevos que pretendemos implementar.

-En el caso del ex ministro de Presidencia Antonio Palocci, las denuncias de corrupción surgieron de la prensa, el gobierno intentó mantenerlo en el cargo pero no pudo y terminó alejándolo, ¿qué tanto incidió la presión de los medios?

-La gran influencia de los medios es sobre la opinión pública, que a su vez presiona a los parlamentarios, sobre todo a los aliados. Para el gobierno de Dilma, el Partido de los Trabajadores (PT) sacrificó la disputa de algunos gobiernos estaduales para lograr una mayoría muy sustancial en el Congreso, pero igual algunas veces los aliados logran victorias contra el PT, porque la presión crece y hay que negociar y ceder, porque es preferible ceder acá y continuar, que tener problemas internos. Nosotros acabamos de pasar por lo de Palocci, que era una denuncia muy fuerte, que creció, generando cierta indignación; se le dio tiempo para responder, no contestó suficientemente, tuvo que salir. En Brasil las denuncias fuertes son contra el gobierno, cuando podrían estar haciendo denuncias graves contra la oposición, pero eso es muy difícil de comprobar. No podemos saber qué consecuencias va a tener el escándalo, pero fue aunque su resolución fue favorable, desestabilizó la situación anterior, que era cómoda y estábamos todos tranquilos.

-Mientras en Uruguay, Argentina y Chile las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura son un tema presente, en Brasil pareciera que de esto no se habla, ¿cómo se explica?

-Hay varios componentes. Existe una cultura muy fuerte de la conciliación, el enfrentamiento es siempre visto de manera negativa y la conciliación es siempre apreciada, a pesar de la cruda realidad. Ése es un aspecto peculiar de Brasil. Otro punto es que el presidente Lula es sobre todo un negociador, y él quería combatir la miseria y la pobreza, consideraba importantes el tema de la verdad y la cuestión de los derechos humanos, pero creía que si luchaba por eso, gastaría tanta energía en negociaciones que se le agotaría cuando quisiera luchar por sacar a millones de personas de la pobreza.

-¿Por eso cuando el ex ministro de Derechos Humanos Paulo Vannuchi presentó el Programa de Derechos Humanos, incluyendo una propuesta para derogar la ley de amnistía, Lula retrocedió ante presiones de militares?

-Sin duda Vannuchi tenía una gran preocupación por el tema de la verdad y de castigar, como hacen Argentina o Uruguay, y Lula era consciente de que la mayoría de la sociedad en Brasil no considera que sea tan importante, entonces este tema no tiene fuerza ni peso social. En Brasil no ves mil personas gritando en la calle por la Comisión de la Verdad: las ves gritando por la guerra, por el desempleo… Lula no iba a pelear por algo que no tenía fuerza social, había problemas más difíciles y más preocupantes. Ahora, con Dilma cambia un poco la cosa: guerrillera, presa política torturada, luchó contra la dictadura de forma distinta a la de Lula, vio a sus compañeros muertos. Ella tiene otro compromiso con la causa. El día que asumió estuvo más de una hora con sus compañeras de organización y ahora está muy atenta a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário, al ministro conservador de Defensa -Nelson Jobim-, y llegaron a un acuerdo para hacer pasar al Congreso una Comisión de la Verdad, que para Brasil es una maravilla, pero comparada con otros países de la región no es gran cosa. Es una Comisión de la Verdad que va a establecer muchas cosas, y va a permitir avanzar. Después continuaremos lentamente, porque el gobierno tiene un compromiso con estos temas, pero tiene un compromiso mayor con mejorar la calidad de vida de las personas. Enfocarse en el pasado reciente, sin que exista un reclamo fuerte desde la sociedad, es comprar un problema que en el caso de Brasil lleva a un debate largo que se corre el riesgo de perder.

-El ex ministro de Asuntos Estratégicos Samuel Pinheiro Guimarães había hecho un programa en el que proyectaba a Brasil para el año 2022, que fue avalado por el presidente Lula a fines del gobierno pasado y fue aplaudido por todo el Partido de los Trabajadores. ¿Ese programa se considera en los planes de gobierno?

-No, infelizmente ese ministerio fue entregado al aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño [PMDB], que colocó al ex gobernador de Río de Janeiro, Wellington Moreira Franco, que lo agarró por acuerdo político, por ser ministro, pero no hay continuidad en la cartera. Aun así, algunos planes fueron incorporados al programa de gobierno y tendrán continuidad, pero no con el compromiso político e ideológico de Samuel, infelizmente.

-¿El gobierno de Dilma tiene más conflictos con el PMDB que los que tuvo el de Lula?

-Vamos a tener problemas siempre. Es una alianza absolutamente necesaria para garantizar la gobernabilidad, pero que tiene contradicciones internas y que está en continua tensión. Pero no hay que olvidar una cosa: nosotros tenemos siempre en el banco de suplentes al presidente Lula.