La acción parlamentaria fue solicitada por el presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Luis Lacalle Pou, pero dada su condición la bancada acordó que será el diputado por Rivera, Gerardo Amarilla, el encargado de llevarla adelante. Oriundo de un departamento minero por excelencia y con la experiencia de haber prestado servicios para la Dirección Nacional de Medio Ambiente entre finales de los años 90 y principios de 2000, Amarilla hará un planteo general y posteriormente dirigirá una serie de preguntas a los tres ministros involucrados, en este orden: de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera; y de Turismo y Deporte, Héctor Lescano.
Desde que se decidió activar este mecanismo, el partido convocante aclaró que no busca una condena, sino esclarecer y clarificar la información existente hasta el momento, a la que califican como confusa cuando no contradictoria. Entre las cuestiones que también están en duda -política y socialmente hablando- figura el hecho de si la Dinama tiene la capacidad, los recursos y los conocimientos suficientes para estudiar y medir el impacto ambiental que tendrá el emprendimiento. Fuentes de la Dinama dijeron a la diaria que existe confianza en “la calidad humana y profesional” de los jerarcas y técnicos de la dirección y en la capacidad del organismo. En este sentido, adelantaron que en estos días la dirección está contratando personal calificado para evaluar el proyecto a fondo.
Sí, yes, oui
El ingeniero industrial y gerente de logística de Aratirí, Santiago Sotuyo, señala que para que la inversión sea viable “se necesitan tres sí, el sí de la empresa, el sí de la banca y el sí del gobierno”. El primero, en función de la cantidad de hierro existente y de la “ventana de oportunidad” que abre la India como futuro comprador del mineral, está asegurado, dijo. El camino de la financiación por ahora “va bien”, aseguró Sotuyo, quien se muestra confiado en “la excelencia del trabajo” de la minera, lo cual le hace pensar que el gobierno dará su aprobación.
Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias y en referencia a los plazos de explotación, el ingeniero señala que “éste es un proyecto que vino para quedarse, no se trata de veinte años, toco y me voy”. Por lo pronto, el nuevo estudio de impacto ambiental de la empresa será vuelto a entregar en la Dinama en setiembre, que se tomará aproximadamente un año y medio en analizarlo.
Interparlamentación
Mientras el sistema político se apronta para abordar el tema en el ámbito legislativo hoy a partir de las 11.00, diferentes organizaciones sociales que critican el proyecto preparan una “interpelación ciudadana”, es decir, una manifestación en el Palacio Legislativo paralela a la discusión que se dará dentro. Destacan que la concentración no tiene banderas políticas, sino que quienes asistan tienen en común el cuestionamiento o rechazo a Aratirí.
Sobre todo convocan productores rurales de la zona minera y de la costa de Rocha, y ciudadanos nucleados en el “Movimiento por un Uruguay sustentable”, que reúne a organizaciones no gubernamentales, investigadores independientes y sindicatos como FFOSE (Federación de Funcionarios de OSE) y UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas).
La minera, que en vistas a su instalación intenta negociar con los productores de la zona, afirma que cada vez son más los que están a favor del emprendimiento, sin embargo siguen en trámite en la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio del Industria, 250 recursos de quienes impugnan la entrada de la empresa en sus campos.
Otro asunto complejo tiene que ver con el área total que la empresa usaría. Si bien actualmente se habla de 14.000 hectáreas que incluyen cinco minas, estanques de relave, montañas de estériles y caminería interna, siguen vigentes los pedidos de la empresa ante la Dinamige por un total de 120.000 hectáreas.
Los productores de la zona más reacios a la inversión creen, de acuerdo a cómo se ha dado la negociación con la empresa, que ésta ha cambiado datos de forma a veces incomprensible. Recuerdan que en su momento Aratirí anunció que una vez obtenido el permiso de explotación se desplegará hasta completar las 120.000. Sotuyo le dijo a la diaria la semana pasada que “por lo menos en veinte años” no van a ir por el resto del área pedida.
La mayoría de los recursos interpuestos ante Dinamige para impugnar la entrada a los campos, pertenecen a productores de las áreas que no definen el distrito actual, y sobre la suerte de estas impugnaciones todavía nada se sabe. El distrito de las 14.000 hectáreas, según afirmó Sotuyo, se conformó en base a la posibilidad efectiva que tuvo la empresa de entrar a los campos.
Sin embargo, esa posibilidad no implica la complacencia de la totalidad de los propietarios, que en muchos casos no tuvieron tiempo de recurrir y aunque prefieren que la minera no se instale, actualmente cobran la renta de servidumbre que paga la empresa, así como hay quienes aun sin impugnar prefieren no cobrar la renta, incluso cuando su tierra ahora está en manos de la minera. También se da el caso de algunos productores que no explotaban su campo ni vivían en él y aceptaron con gusto la renta minera, que a esta altura es bastante mayor que la ganadera.
El acuerdo con la empresa pasa por un arreglo económico que muchos productores no están dispuestos a aceptar. Uno de ellos declaró que “nosotros defendemos una forma de vivir. En promedio tenemos campos de 400 hectáreas, no son latifundios, y nos gusta vivir así”. Según su versión, el Estado tendría que pensar más en la gente que vive en la zona: “No es lo mismo proyectar minería en un lugar despoblado que acá”, dice.
Oportunidades
Así como para la empresa el precio del hierro en el mundo ofrece una oportunidad económica para Uruguay, para algunos grupos y personas se genera al mismo tiempo la oportunidad de cuestionar y replantear desde valores asumidos como sociedad, la defensa del derecho a elegir la propia vida. Las ganas de debatir y de revisar vienen en primer lugar por parte de quienes consideran que aquella oportunidad de mercado podría terminar siendo demasiado costosa en términos medioambientales y sociales.
En este sentido, el sábado en La Paloma tendrá lugar el “Primer encuentro de comunidades costeras de Rocha” que reúne a comisiones de vecinos de La Esmeralda, Punta del Diablo, Valizas, La Paloma y lagunas costeras. El encuentro se plantea como “una iniciativa en respuesta a proyectos que excluyen la participación de las poblaciones locales” y “busca reivindicar el derecho de las comunidades a elaborar y participar directamente en los planes y proyectos que involucran su forma de vida y entorno”. En la convocatoria se destaca como uno de sus objetivos “reflexionar sobre alternativas para construir nuevas realidades”.