El proyecto retoma la base de una propuesta ingresada al Parlamento en 2008 y que si bien fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores, naufragó en Diputados con una fuerte oposición de Jorge Orrico (Asamblea Uruguay, Frente Amplio) (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/10/de-menor-a-mayor/) .

Iaci redactó uno nuevo para ponerlo a consideración en esta legislatura, para lo cual cuenta con el respaldo de la BBF. Como novedad, introduce un artículo al CNA en el que se establecen principios para la intervención de la Justicia. Según el texto, se debe respetar el derecho de los niños y adolescentes a recibir un “trato digno”: se debe tener en cuenta su opinión y el derecho a ser informado, asesorado y defendido por abogados, además de ser acompañado por un adulto de su confianza si así lo solicitara. Otro de los artículos que introduce refiere a la responsabilidad de los abogados defensores, quienes deberán entrevistarse con sus defendidos y considerar especialmente su opinión al momento de tomar decisiones que puedan afectar sus vidas.

El debido proceso

Iaci también plantea cambios en el procedimiento ante una denuncia por abuso. Actualmente, el CNA remite al Código General del Proceso, que la ONG considera que no se aplica a situaciones concretas de abuso sexual de niños y adolescentes, y propone que la referencia sea la Ley de Violencia Doméstica (incluyendo medidas cautelares).

Asimismo, establece una reformulación de las medidas de protección que pueden ser establecidas por los jueces con el objetivo de restituir los derechos, y se plantea que sea obligatorio que un equipo técnico las supervise. Además, en materia de los programas de alternativa familiar se propone la sustitución de la referencia a “matrimonio” por la de “familia”.

En materia de internación compulsiva de niños o adolescentes la propuesta de Iaci sintetiza los tres artículos del actual CNA que hacen referencia al tema en un único artículo, en el que se prioriza la excepcionalidad de la medida de internación compulsiva. Además, se incluye la explotación sexual como una de las formas de abuso sexual a niños y adolescentes, y se profundiza en la necesidad de evitar las situaciones de revictimización como la reiteración de testimonios y pericias, prohibiéndose que los menores de edad se encuentren con los denunciados en las audiencias y los casos de revinculación forzada.

Sobre este último punto la propuesta de reformulación establece que “en los procesos por denuncias sobre abuso sexual no podrá disponerse la revinculación de las niñas, niños y adolescentes con el denunciado salvo que hubieren transcurrido al menos seis meses desde la denuncia, la víctima lo solicitara expresamente y se cuente con el visto bueno de los técnicos que estuvieren interviniendo. En todos los casos el Tribunal requerirá de asistencia técnica especializada que acompañe el proceso”.

El nuevo proyecto también aborda algunas limitantes presentes al momento del proceso, como la intervención policial; no se podrá tomar declaración a niños y adolescentes que denuncien abuso sexual salvo en los casos en que sea personal capacitado designado por el juez. También se plantea la necesidad de que se limite la concurrencia a los juzgados de los denunciantes menores de edad, y se prohíbe la realización de careos entre las partes.

En concreto

Consultada por la diaria, la presidenta de Iaci, Alicia Deus, dijo que la semana pasada se presentó el proyecto con la participación de integrantes del Poder Judicial que se mostraron favorables a la propuesta de modificación, instancia en la que además se comentó un caso español. Ante una denuncia de abuso sexual con sentencia favorable al denunciante, en España la legislación permitió que se dispusiera la separación de la víctima y el abusador durante 20 años, además de una retribución económica.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique dijo a la diaria que si bien no tiene una opinión acabada acerca del proyecto, significa una buena oportunidad de rediscutir la forma en la que el sistema judicial trata las denuncias de abuso sexual, en particular las de menores de edad. El magistrado consideró que el proceso penal no está pensado para niños que puedan ser víctimas, y consideró que aun los mayores de edad enfrentan problemas complicados para abordar este tipo de casos, sobre todo porque en la mayoría la prueba no se encuentra en el cuerpo de la persona sino en la psiquis. Pérez Manrique señaló que la discusión también puede enmarcarse en la reforma del proceso penal, que también aborda temas de abuso.

Uno de los puntos que generaron mayor debate en 2008 fue que el proyecto discutido en el Parlamento buscaba que en casos de violencia intrafamiliar los denunciados pudieran ser apartados del hogar y que no fueran los niños y adolescentes los que debieran hacerlo, tal como está previsto en la Ley de Violencia Doméstica. Sobre este punto, Pérez Manrique consideró que cuando este tipo de medidas se deben aplicar sí o sí, no le parece algo saludable, y consideró que los jueces deben tener margen para resolver qué procedimiento aplicar en cada caso. Sostuvo que algunas veces, cuando se dispone el alejamiento del agresor, puede pasar que la víctima reciba una nueva agresión de mayor magnitud, por lo que concluyó que la medida debe depender de la particularidad de cada situación.

El magistrado adelantó que en estos días el Poder Judicial inaugurará una cámara gessell, que se encuentra en período de pruebas técnicas. Se trata de un dispositivo que graba los testimonios y que permite que personas autorizadas puedan ubicarse detrás del vidrio de la cámara sin que la víctima las vean, evitando la reiteración 
de testimonios.