Promete

Desde distintos lugares, la mayoría de los miembros del consejo tienen una vinculación directa con los hechos ocurridos durante la dictadura (ver perfiles). Incluso la sede de la INDDHH será en el predio del ex Servicio de Información y Defensa. En un contexto social y político en que la expresión “derechos humanos” remite inmediatamente al “pasado reciente”, uno de los desafíos será abarcar ese período pero también excederlo. Ferreira entiende que por esa razón en los últimos años la discusión en torno a los derechos humanos está “politizada” y genera “encendidas polémicas”.

“El desafío es reconciliar a la sociedad con el concepto DDHH, darle una connotación amplia, que convoque en lugar de ahuyentar, principalmente a los jóvenes. Es poner la agenda de los DDHH en la cabeza de la gente y que la pueda identificar con sus necesidades inmediatas. Pero los temas del pasado reciente no se pueden ignorar, es una parte irrenunciable”, reflexionó.

Peralta consideró que parte del cambio es incorporar “sin miedo” el pasado reciente en el marco de una agenda transversal que contemple múltiples derechos. “Tenemos una sociedad que todavía transita sobre este pasado, que tiene un lenguaje y un imaginario colectivo, y esto es ineludible. Lograr esa apropiación de la gente es uno de los desafíos. Lo que más me gustaría es crear una INDDHH transparente, independiente, reglada en las obligaciones. Lo importante es crear un mecanismo fuerte, accesible, que dé eficacia para promocionar y promover derechos”, expresó.

Faroppa señaló que el de trascender la noción de derechos humanos como “secuelas de la dictadura” va a ser uno de los desafíos más importantes. Además remarcó que dedicarán la misma atención a los hechos de la historia reciente que a cualquier otra violación de DDHH, y entendió que “en la medida en que el tema se pueda tomar de forma global, los hechos de la dictadura también van a poder concebirse como importantes”.

Sobre este punto, González manifestó su convencimiento de que es un tema que “no se puede ni negar ni olvidar”. “Es una herida abierta que hay que encarar, pero también tenemos que encontrar un equilibrio con otras problemáticas que la sociedad enfrenta”, entre las que destacó las derivadas de los adolescentes en conflicto con la ley y la situación que viven las personas trans. En el mismo sentido, Guianze afirmó que la INDDHH deberá “llegar al común de la gente para ilustrarla acerca de las posibilidades que le ofrece para hacer valer sus derechos, eventualmente vulnerados”, para lo cual consideró clave promover la educación en derechos humanos a todo nivel. “Tal vez es un objetivo ambicioso, pero que es compartido por otras instituciones y en ese contexto debe ubicarse”, fundamentó. “La educación tiende a internalizar pautas de convivencia, a integrar a sectores de la sociedad que hoy están marginados, a enseñar el valor de respetar el derecho del semejante para disminuir el nivel de violencia. Pero para que esa formación en derechos humanos resulte creíble, para que la sociedad la asuma como válida, debemos partir mínimamente de la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales básicos: trabajo, salario digno, vivienda”, enumeró Guianze.

Lo real y lo posible

Además de los desafíos propios, la INDDHH enfrenta los de cualquier institución nueva: sentar bases de funcionamiento y posicionarse. “Es imprescindible que tenga un presupuesto adecuado que posibilite su funcionamiento”, señaló Peralta, quien también hizo referencia a las expectativas que pueden generarse en la ciudadanía en cuanto a soluciones de corto plazo.

“No creo que vaya a solucionar todo. La gran fortaleza es tener una institución puente entre los habitantes que aspiran a una vida mejor y las instituciones del Estado, y lograr que los informes, al no tener carácter jurisdiccional, tengan fuerza moral. Para eso hay que tener bases fundacionales fuertes y un plan que no implique poder solucionar todo en el corto tiempo. La INDDHH tiene que poder dar ese mensaje”, dijo Peralta.

Ese puente, añadió, tiene que construirse en conjunto con las organizaciones sociales, y sobre este punto Guianze enfatizó: “Debe insertarse en la sociedad civil, articular sus acciones con las organizaciones sociales que, desde años atrás, vienen bregando por la vigencia efectiva de los derechos humanos. Paralelamente, habrá de montarse una estructura adecuada para posibilitar el acceso efectivo, evitar trabas burocráticas y lograr la igualdad de trato, cualquiera sea la ubicación o posición social del o los reclamantes”.

Faroppa aspira a que la INDDHH sea capaz de alcanzar consensos a nivel social, articular y favorecer procesos de construcción de ciudadanía, y prevenir la violación de DDHH. Para él, las prioridades en esta primera etapa pasan por la instalación del organismo sobre el cual “hay que construir todo desde cero”, y la de contribuir a generar una cultura de DDHH.

En nombre de la ley

El artículo 4º de la Ley Nº 18.446, a cuyo texto completo se puede acceder en http://ladiaria.com.uy/Ux , otorga a la INDDHH, entre otras facultades y siempre en carácter de sugerencia, la de proponer la ratificación, adhesión o denuncia de tratados internacionales; promover medidas que considere adecuadas para un mejor ejercicio de los DDHH, e investigar casos puntuales. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá presentar un caso ante el organismo, incluso los menores de edad tal como explícitamente lo establece la ley, como así también personas con discapacidad intelectual, funcionarios estatales, y extranjeros. Las denuncias deberán dirigirse al Consejo Directivo mediante un escrito firmado, o en forma oral en las oficinas de la institución, sin costo alguno por el trámite, y con la garantía de la reserva de identidad. El plazo para efectivizar una denuncia o para intervenir de oficio es de seis meses a partir de que la persona tome conocimiento de los hechos que la motivan, excepto en “casos graves”, en los que el Consejo Directivo puede ampliar ese período, o en aquellos que se trate de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, para los que no existen límites. Una vez recibida, el consejo evaluará si acepta o no la denuncia, y en caso afirmativo deberá comenzar una investigación “informal y reservada”.

La INDDHH es un organismo autónomo que no está sujeto a ningún tipo de jerarquía, cuyas resoluciones, al ser a modo de recomendación, no tienen la potestad de modificar ni anular actos administrativos. El Consejo Directivo que la preside y representa tendrá un mandato de cinco años, renovables sólo una vez. Sus cinco miembros deberán elegir un presidente, cargo que será rotativo anualmente, por lo que todos asumirán esa responsabilidad. El presidente será quien represente al Consejo, y debe dirigir y convocar sus sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias. Deberán existir reuniones extraordinarias, que funcionarán como Asamblea Nacional de Derechos Humanos, de las que participarán organizaciones sociales y organismos gubernamentales; tendrá que haber por lo menos una por año. A su vez, la institución deberá elevar un informe anual a la Asamblea General del Parlamento, que lo tratará en una sesión especial.

Una vez que el Consejo asuma formalmente, tendrá 90 días para elaborar su presupuesto y enviarlo a la Cámara de Representantes, la que no podrá modificarlo salvo para reducirlo, por mayoría absoluta de votos. Su discusión podrá tener un máximo de 30 días, y excedido ese tiempo, se dará por aprobado. Hasta el 7 de junio la Asamblea General tiene tiempo de abrir un llamado de hasta 20 funcionarios administrativos y tres técnicos, para el apoyo de las tareas de la institución. Por su parte, el Consejo Directivo tiene 45 días desde el momento de designación -el 8 de mayo- para asumir.