La jueza Pura Book revirtió un proceso de adopción de dos niños de la ciudad de Mercedes, tras resolver que deben volver con su familia de origen. Los niños pasaron a la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tras el fallecimiento de su madre, días después del nacimiento del menor de los hermanos, que ahora tiene tres años. Una pareja de Montevideo inició los trámites de adopción y desde hace cuatro meses los niños estaban viviendo con ella. INAU y las defensas de los niños y de la pareja apelaron el fallo.
El directorio del INAU convocó ayer una conferencia de prensa para “aclarar” la información y dar su versión acerca del caso de dos pequeños de tres y cinco años que fueron dados en adopción a una pareja de Montevideo. Al tiempo que los niños estaban en pleno proceso de transición, irrumpió en escena la tía, quien no había tomado contacto con la causa antes, y pidió la tenencia. La jueza Book emitió una nueva sentencia judicial y resolvió que los niños deben ir a vivir con su tía.
Otro tema
Catorce personas declararon ayer en el Juzgado de Crimen Organizado de la magistrada Adriana de los Santos, que investiga un supuesto caso de coimas en Montevideo, Carmelo y Mercedes. Según informó Subrayado, el presidente del INAU, Javier Salsamendi, presentó una denuncia penal por coimas a funcionarios e inspectores del instituto, que también involucran a empresarios dueños de locales bailables. Once de los funcionarios están detenidos y tres permanecen emplazados.
La situación motivó que varios políticos atribuyeran la responsabilidad del hecho a la directora de Adopciones del INAU, Beatriz Scarone, y pidieran su remoción. La diputada del Partido Nacional Verónica Alonso, por ejemplo, publicó en su cuenta de Twitter: “La Directora del INAU es responsable de este nuevo error. De qué sirve si hacemos leyes que mejoran si no hay sentido común desde las autoridades”. En esa misma red social la secretaria general del Partido Colorado, Marta Montaner, manifestó su acuerdo con la legisladora nacionalista.
La abogada Diana González, de la organización Infancia y Adolescencia Ciudadana, dijo en diálogo con la diaria que considera “lamentable” que se esté “haciendo política con la situación de niños que no tienen familia”. Entendió que Scarone no tiene nada que ver en esta resolución puntual, si bien comentó que desde el INAU a menudo se trabaja mal con las familias biológicas de los niños y adolescentes, pero que eso no depende exclusivamente de la Dirección de Adopciones.
Con respecto a este caso puntual, González explicó que la resolución de la jueza cambió ante la aparición de una persona de la familia biológica que no se había presentado hasta el momento, y explicó que las posibles causas son que se haya trabajado mal desde el INAU o que la familiar haya iniciado tarde su pedido de la custodia de los niños.
Tanto el directorio del INAU como el sindicato de trabajadores del organismo manifestaron total apoyo a Scarone. El director del instituto Jorge Ferrando habló de la existencia de informes técnicos que recomiendan que el proceso de adopción que ya se había iniciado con la pareja continúe adelante. Además, la defensa de los niños tenía la misma postura, que fue desestimada por la jueza, según dijo Ferrando.
En la tarde de ayer, el INAU, la defensa de la pareja y la de los niños presentaron tres recursos de apelación ante la decisión de la jueza, quien todavía está a tiempo de revocar su última resolución. Los niños aún se encuentran con la pareja debido a que están enfermos y no pueden trasladarse, explicó Ferrando.
Dos palitos
El director del INAU también criticó a los políticos que pidieron la renuncia de Scarone y la forma como se trató la noticia en algunos medios de comunicación. Sobre este último punto, recordó el artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece que no se debe usar la imagen de los menores de edad ni publicarse información que los comprometa. Ferrando hizo mención a que algunos medios que dieron la noticia publicaron sus nombres y apellidos, al igual que los de los mayores que intervienen en el litigio por sus tenencias.