En los accesos, a la altura del Tróccoli, Carlos María Ramírez, Cibils y Burdeos hasta el final. Allí estaba instalada la carpa donde al cierre de esta edición continuaba la audiencia pública en el marco del proyecto de Recepción y Regasificación de Gas Natural Licuado y Gasoducto. Al llegar, un grupo de vecinos entregaba una publicación local cuya portada comunicaba el sentir de la mayoría de los presentes: “El Oeste amenazado por la regasificadora”.

Más adelante, dos funcionarias de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) entregaron una publicación de Gas Sayago (empresa conformada por UTE y ANCAP bajo el derecho privado) de 218 páginas, impresa en papel satinado, que incluía un resumen del proyecto, el marco jurídico, la evaluación de impactos ambientales y un plan de seguimiento. También entregaban una lapicera y una papeleta que invitaba a escribir la “pregunta/inquietud”.

El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, explicó ayer al inicio de la audiencia que esta instancia está prevista cuando las iniciativas son catalogadas, desde el punto de vista medioambiental, dentro del grupo C. Esto significa que tendrán un “impacto importante”, en contraposición con la categoría A, que implica “impactos menores” y la B, “impacto de fácil mitigación”.

La exposición de Gas Sayago comenzó con las intervenciones políticas del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, y su par de ANCAP, Raúl Sendic. Señalaron que la construcción de la regasificadora en Puntas de Sayago “cierra un proceso de transformación de la matriz energética y eléctrica” en el marco de una “fuerte apuesta a las energías renovables”. “Hemos sido lo más transparentes y profesionales posible. Estamos absolutamente convencidos de este proceso”, enfatizó Sendic.

Uno de los puntos más cuestionados por las organizaciones civiles Coordinadora de Vecinos del Oeste y Red Intersectorial Oeste fue la cercanía de la regasificadora al centro poblado. Marta Jara, gerenta general de Gas Sayago, destacó que la ubicación, a dos kilómetros y medio de la costa, “no afectará a los vecinos”, y que el mayor nivel de riesgo sería “una muerte en 600 años” que afectaría a los trabajadores industriales y no a la población aledaña. Jara explicó que se analizaron todas las catástrofes “tomando hipótesis conservadoras” en base a la experiencia de plantas similares de Boston (Estados Unidos), Italia y Japón. “Es el mismo riesgo que podemos correr haciendo deporte, cocinando o viajando por la carretera. Es importante ver esto desde lo racional. La pérdida masiva es sumamente improbable y no ha ocurrido en los 50 años de esta industria”, aseguró.

En tanto, el coordinador de los estudios de impacto social, Héctor Villaverde, hizo referencia a otro de los puntos de preocupación de la sociedad civil: la prevención de la explotación sexual comercial. Villaverde señaló que había preocupación por “prevenir el desarrollo del tema de la prostitución infantil”, pero que “no habrá alojamiento de trabajadores” ni “tripulaciones en ratos de ocio”. Señaló, a su vez, que los servicios de agua, luz, salud pública, transporte y recolección de residuos no se verán afectados en los barrios del oeste porque Gas Sayago contará con los suyos propios.

Los comentarios de desaprobación y los abucheos de los vecinos contrarios al proyecto comenzaron durante la intervención de los técnicos de Gas Sayago y tuvo su punto álgido cuando Alessandra Tiribocchi, responsable técnica de CSI Ingenieros, expuso una diapositiva que afirmaba que “las modificaciones esperables resultarán benéficas para la zona”, en referencia al Río de la Plata. En varias oportunidades, Rucks, que encabezaba la audiencia, pidió mantener el “clima de trabajo”.

Si bien muchos de los interlocutores de la sociedad civil no formularon discursos pasionales, ni en su contenido ni en la forma de pronunciarlos, desde el público surgieron en escalada señales de aprobación y desaprobación, según el caso. Sobre las 20.00, las autoridades de gobierno pidieron presencia policial luego de que un grupo de vecinos contrarios a la instalación del proyecto avanzara violentamente sobre sus pares de Casabó, que en ese momento manifestaban su apoyo a la iniciativa. Los organizadores, a su vez, retiraron de esa zona los equipos de televisión que servían de monitores.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, la audiencia continuaba en forma normal. Una funcionaria de Dinama les pidió, en nombre de Rucks, que se retiraran, pero que le facilitaran un número de celular por si acaso. “¿Va a demorar mucho más esto?”, preguntó el comisario Larrosa. “Todavía falta abrir la etapa de preguntas”, respondió la funcionaria sobre las 21.00, dando a entender que la noche sería larga.