Ruth Melgarejo tiene 53 años, vive en Casabó, integra la Comisión de Fomento 4 de Marzo y se considera una “militante social de toda la vida”. “Desde los seis años, en realidad, cuando vine a vivir a este barrio”, precisa. Es una de las que suscriben la “Carta de vecinos de Casabó” difundida el martes en apoyo a la instalación de la planta de regasificación de UTE y ANCAP (Gas Sayago) en Puntas de Sayago.
“Cambiará nuestro barrio positivamente. [...] Puede aportar posibles fuentes laborales directas e indirectas, mejoras en los comercios, más servicios y es una gran oportunidad para la recategorización y reivindicación de esta zona algo olvidada, donde hay miles de trabajadores, familias, jóvenes y niños, que buscan y merecen un futuro mejor”, expresa el escrito.
Ruth recuerda que en 2002 se opuso al proyecto Puerto Moon porque quedaba en “manos de extranjeros” y “el Estado no iba a tener injerencia”. “Puntas de Sayago es diferente”, señala. Dice estar “cansada” de que las únicas oportunidades para los vecinos sean el trabajo doméstico para las mujeres y la Marina, o la Policía para los varones. “Nuestros hijos y nietos tienen derecho a otro futuro”, asegura.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) convocó para el lunes 14 una audiencia pública para “habilitar la participación ciudadana” en relación a la solicitud de Autorización Ambiental presentada por Gas Sayago y su proyecto de Terminal de Recepción y Regasificación de Gas Natural Licuado y Gasoducto, disponible en el sitio oficial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. “Vamos a ir a apoyar y a tratar de influir en todos los vecinos que podamos”, asegura Ruth. “Gas Sayago ofertó talleres y explicó a todo el mundo. A mí me quedó muy claro: el máximo impacto es que se va a enfriar el agua alrededor del barco”, dijo.
La carta difundida por “vecinos de Casabó” cierra admitiendo que hay opiniones diferentes, pero que éstas “no representan el sentir de la mayoría de quienes vivimos en estos barrios”. Ruth entiende que los vecinos del oeste que sostienen una postura crítica con Puntas de Sagayo “no se embarraron los pies para construir el barrio”. “Son técnicos que muchas veces no viven en el barrio. No sé si por ignorancia o por militancia política, pueden convencer a otros vecinos de oponerse a todo lo que es progreso”, apuntó.
Cabos sueltos
La Coordinación de Vecinos del Oeste ha venido manifestando dudas sobre la transparencia del proceso de instalación y adjudicación en Puntas de Sayago, y advierte sobre impactos negativos a nivel social, ambiental y de seguridad. “Somos más de 50 y menos de 1.000. De La Colorada, Pajas Blancas, Playa Zabala, Casabó, Cerro, Santa Catalina y Paso de la Arena”, dice Rubén Bouza, vocero de la Coordinación. Rubén tiene 53 años, es docente y vive en Tres Esquinas, barrio ubicado entre Casabó y Santa Catalina.
Hoy a las 16.00, una delegación acudirá a la Dinama a “exigir que se otorgue” la prórroga de la audiencia pública que el lunes 7 solicitaron por escrito al entender que no se cuenta con información. El comunicado presentado también incluyó “observaciones” al informe de impacto ambiental que entregó Gas Sayago hace 20 días.
El documento difundido ayer por la coordinadora señala que la audiencia debe postergarse hasta que se respondan por escrito “todas las observaciones” presentadas por vecinos y técnicos, en las que “se alerta seriamente sobre los riesgos para las poblaciones que implica la construcción de la regasificadora en esa zona” y hasta que el Poder Judicial se expida acerca del petitorio de acceso a todos los datos requeridos. Amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, la Coordinación solicitó a UTE y ANCAP el documento presentado por la consultora Foster Wheeler a pedido de estos organismos sobre la localización, el impacto ambiental y la seguridad de la planta regasificadora. Como el documento les fue negado, los vecinos recurrieron a la vía judicial, prevista en la norma. El juez deberá decidir si exige a UTE y ANCAP que entregue esa información a la sociedad civil.
Desde la coordinadora se entiende que la no postergación de la audiencia pública implica un “proceso turbio, siendo un mero trámite y un simulacro de participación”. “Si no se posterga, iremos igual e iremos más. Pero no hay condiciones”, dice Rubén. Argumenta que no hay medidas que apunten a la prevención de la explotación sexual comercial asociada a la instalación de emprendimientos, de los accidentes laborales durante la etapa de construcción ni de los vinculados a la circulación de camiones de gran porte. “Hay poca experiencia con la tecnología que se tiene previsto usar. Hay personas que viven a 970 metros de donde va a operar el barco regasificador y no a 2.500 metros. A esa distancia va a estar la escollera. Peligran las playas Puntas de Sayago, Santa Catalina y Punta Yeguas, que están a dos kilómetros del dragado, lo suficientemente grande como para que pueda entrar un barco que mide tres cuadras”, detalló. Consultado sobre la diversidad de opiniones, Rubén afirmó: “Pienso que el emprendimiento ha logrado la fragmentación social, justamente porque es una zona de Montevideo donde hay mayor vulnerabilidad social y más necesidad de puestos de trabajo”. Según pudo saber la diaria, la Dinama se encontraba trabajando -ayer y continuaría hoy- en la preparación de la realización de la audiencia pública.