Entre 2004 y 2011 la producción de soja en Uruguay se multiplicó por tres. Sin embargo, el rendimiento por hectárea se mantuvo incambiado, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias. Esta situación fue la que motivó al INIA a firmar en mayo del año pasado un convenio con la empresa transnacional Monsanto, con sede en Estados Unidos, para desarrollar un evento transgénico adaptado a las condiciones climáticas de Uruguay, mediante la tecnología denominada RR2Y-Bt. “Partiendo de la base de que la tecnología de transgénicos está impuesta, nos guste o no nos guste, se buscó poner a disposición de los productores uruguayos materiales adaptados a las condiciones de Uruguay”, explicó Mario García, ex vicepresidente del INIA, quien participó en la firma del convenio. Señaló que el bajo rendimiento por hectárea que se registra en la soja se debe a que los cultivares disponibles están pensados sobre todo para Argentina, y por tanto para condiciones climáticas y para suelos distintos.
Por los recursos
Entre las prioridades para 2013 anunciadas en el último Consejo de Ministros, se informó sobre el próximo envío al Parlamento de una ley sobre recursos genéticos. Se entiende por éstos todos los organismos vivos (plantas, animales y microbios) que tienen material genético que podría ser potencialmente útil a los seres humanos, ya sea para fabricar medicamentos, alimentos o para prácticas agrícolas, y también para la conservación de la biodiversidad. Según explicó a la diaria el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, el proyecto apunta al “cuidado y protección de ese patrimonio”. Se procura evitar su apropiación por parte de particulares, por ejemplo a partir del establecimiento de patentes o la restricción del acceso a los lugares donde esos recursos se encuentran.
La tecnología RR2Y-Bt combina la resistencia al herbicida glifosato con la resistencia a insectos y posibilita reducir la utilización de pesticidas, según argumentó en su momento el INIA. En 2013 se liberará comercialmente esta tecnología en Brasil, luego se hará lo propio en Paraguay y en 2020 se liberaría en Uruguay. “Incorporar estas nuevas tecnologías en la genética nacional colocará a la agricultura del país en posición competitiva y a su vez, el acceso temprano a estas tecnologías es una clara señal de que se reconoce la seriedad, el cumplimiento de los acuerdos y respeto por la propiedad intelectual que el país ha construido mediante las políticas nacionales”, alegó el INIA.
En el convenio firmado con Monsanto, y según consta en la respuesta de INIA a un pedido de informes del diputado frenteamplista Edgardo Rodríguez (MPP), se garantiza a Monsanto la titularidad de la patente del nuevo evento que se desarrolle, se le otorga la autorización para la liberación comercial del nuevo evento y el cobro de las regalías a los productores (pago por el uso de la patente).
El convenio recibió críticas de la Comisión Nacional de Fomento Rural y de la organización ambientalista Redes-Amigos de la Tierra. Esta última declaró que Monsanto busca “privatizar” los recursos fitogenéticos.
No es una excepción
El acuerdo firmado en mayo es similar a los que ha firmado Monsanto en otros países de la región. En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Monsanto firmaron cerca de diez acuerdos de colaboración. En 1998 suscribieron uno de vinculación tecnológica en el sector del algodón, por intermedio del cual INTA le otorgó a Monsanto una licencia exclusiva para todo el mundo sobre líneas de algodón obtenidas por el organismo estatal con tecnología de la transnacional.
Un informe elaborado por Valeria Arza y Patrick van Zwanenberg del Centro de Investigaciones para la Transformación (Cenit) de Argentina para la Red Mercosur de Investigaciones Económicas, en el marco del proyecto “¿Cómo mejorar el impacto socioeconómico de la colaboración público-privada en I+D en el sector de biotecnología agropecuaria?”, advierte que este tipo de convenios de organismos públicos con empresas transnacionales conlleva el riesgo de que las empresas “utilicen herramientas de propiedad intelectual (por ejemplo, secreto o patentes) que les permitan apropiarse de los resultados de las innovaciones que se produzcan” en ese contexto.
Rasca donde no pica
El picudo del algodonero es un insecto que se alimenta de las flores y los frutos del algodón. Pese a su simpática apariencia, se trata de una de las plagas más temibles en Argentina y en Paraguay para ese cultivo. Según el informe de Cenit de Argentina para la Red Mercosur de Investigaciones Económicas, Monsanto es propietaria de 100% de las semillas de algodón en Argentina. Sin embargo, dicha empresa no realiza investigación específica que busque soluciones a los problemas agronómicos de las distintas regiones del país porque no le es rentable. Este rol, en cambio, lo ocupa el INTA.
En 2004, el sector privado productivo de Paraguay firmó un Acuerdo Marco sobre Incorporación de Biotecnología Agrícola que asegura un mecanismo de pago de regalías a las empresas propietarias de los eventos transgénicos, las que a su vez deben contribuir con un fondo de investigación en biotecnología.
Escalas y prioridades
Monsanto tiene más de 400 establecimientos repartidos en 66 países. Las ventas netas de la empresa ascendieron a casi 12.000 millones de dólares en 2011. El 9% de esas ventas se registró en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La empresa cuenta con más de 100 establecimientos destinados a la investigación en mejoramiento genético para maíz, oleaginosas y algodón.
La falta de recursos presupuestales y en algunos casos humanos es el argumento que se esgrime desde los organismos públicos de la región para la firma de este tipo de acuerdos. “En cuanto a biotecnología, estamos muy escasos de trabajo en ese tema. No se hace nada por los costos que esto requiere, más bien somos usuarios de la tecnología generada en otros países”, reconoció Cristina Soerensen, coordinadora de la Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal de Paraguay, en diálogo con la diaria. García hizo notar que Monsanto está gastando, sólo en sus investigaciones vinculadas a Uruguay, más que todo el presupuesto del INIA, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay y de la Universidad de la República juntos. El ex vicepresidente del INIA afirmó que “hay un problema de escala” que hace “impensable” el desarrollo de tecnología propia por parte de los Estados.
En Argentina, el informe de la Red arroja como conclusión que la principal debilidad del INTA para llevar al mercado desarrollos propios tiene que ver con su “incapacidad financiera para afrontar los costos de desregulación de semillas transgénicas”. La liberación de los eventos puede costar hasta diez veces más que su desarrollo. “INTA, Conicet y las universidades son capaces de desarrollar eventos transgénicos, y están tratando de hacerlo, pero ningún evento desarrollado por estas instituciones había sido aprobado para el mercado hacia el año 2010”, indica el informe. Los autores agregan que los laboratorios argentinos tampoco tienen capacidades para conducir los ensayos requeridos para la desregulación, ya que no cumplen con la normativa internacional a tales efectos.
Problema de agenda
La falta de priorización de estos temas entre las políticas de Estado explica en parte la falta de presupuesto asignado. El informe argentino para la Red señala que no existe “una política explícita desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de capacidades domésticas para la generación de transgénicos que puedan darle al país el control de todos los aspectos del desarrollo tecnológico y la comercialización”. “Si existiera el interés político, los costos de desregulación podrían no resultar un obstáculo insuperable”, estiman los autores.
Otro informe, de Carmen Galdona, Víctor Vázquez Aranda y Alejandra Bazzano, del Instituto de Desarrollo de Paraguay para la Red Mercosur de Investigaciones Económicas, en el marco del proyecto mencionado anteriormente, llega a conclusiones similares. Señala que las áreas de investigación en ese país en biotecnología “son limitadas, y la cantidad de proyectos promovidos actualmente es mínima” debido a la “falta de priorización de estos temas entre las políticas de Estado”.
El informe sobre Argentina elaborado para la Red recomienda preservar en el dominio público, “en la medida de lo posible”, el conocimiento que producen los centros públicos de investigación. Asimismo, sugiere no conceder licencias exclusivas a empresas en el marco de acuerdos de cooperación público-privados, o en todo caso, establecer por ejemplo precios máximos de comercialización de la tecnología para asegurar que ésta llegue a los pequeños y medianos productores.