Las leyes y las trampas

-¿Es posible llegar a Uruguay con cinco millones de dólares y depositarlos en un banco?

-Desde el punto de vista normativo es imposible. Lo podés depositar en la medida en que justifiques por qué lo estás haciendo y cuál es el origen de los fondos. El banco, además de conocer al cliente, tiene que establecer si la operación tiene lógica. Si considera que no, tiene que hacer un reporte como operación sospechosa ante el Banco Central [del Uruguay (BCU)], que lo analizará como secreto confidencial. Eso pasa cuando llegás a cualquier banco de plaza con cinco millones de dólares y no tenés cómo justificarlos. Transacciones de ese tipo son difíciles hasta para empresas legalmente constituidas: hoy andar con esa cantidad en efectivo no es lógico ni seguro. Los controles son rigurosos hasta para abrir una cuenta de sueldo, ni hablar en el caso de esas cifras. No se puede hacer, salvo que los funcionarios del banco sean tanto o más delincuentes que quienes vienen a hacer el depósito. En ese caso ya hablaríamos de un problema penal y no administrativo, y deberían ir presos.

-¿Hay registros de ese tipo en los últimos casos de procesamiento por lavado?

-Los últimos procesamientos -hubo 12 en estos últimos días- han sido fundamentalmente por transacciones con inmuebles. Funcionaba así: el beneficio que se obtenía por narcotráfico se destinaba a la compra de inmuebles que eran puestos a nombre de otras personas.

-¿Es la práctica más común?

-Sí, es la más común y la que complica este tipo de investigaciones. Cuando intentás encontrar qué bienes están a nombre del indagado, ves que no tiene nada a su nombre. Pasó en estos casos: la investigación determinó que tenían todo a nombre de familiares o de sociedades. Hay una regla lógica en este tema: los delincuentes no hacen actividades criminales de manera honoraria, sino para obtener beneficios económicos. Vemos el lavado de activos como algo accesorio, cuando es la esencia de todos esos esquemas. Cuando cometés un delito, salvo que sea pasional, es para obtener un beneficio económico; por lo tanto, el lavado de activos es consecuencia pero también causa de cualquier actividad delictiva.

-¿Qué pasa con los sectores exonerados de impuestos, como las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las zonas francas? ¿Son más vulnerables a este tipo de prácticas?

-En todo el mundo son más vulnerables, porque no tienen uno de los controles fundamentales, el de la administración tributaria. En todos los Estados, las administraciones tributarias son organismos poderosos de policía administrativa. Y lo son porque tienen que serlo. Cuando una organización está fiscalizada tiene la obligación de cumplir con formalidades, llevar libros, firmar declaraciones juradas, conservar comprobantes. Una organización liberada de esa fiscalización no deja pistas de ningún tipo, por eso son sectores más riesgosos, tanto en Uruguay como en el resto del mundo.

-¿Qué tipo de cambios en las políticas públicas se necesitan para bajar esos riesgos?

-Adoptar lo que hacen otros países. Hace poco, una ONG de Miami que asistía a los veteranos de guerra sufrió un desfalco formidable. Para esos casos funciona un organismo dentro de Servicio de Impuestos Internos [IRS, por sus siglas en inglés] de Estados Unidos, que tiene como cometido controlar sólo a los exonerados. En nuestro caso, el Ministerio de Educación y Cultura [MEC] tiene muy aceitadas sus tareas de registro de estas organizaciones, pero no se dedica al control y la auditoría. Entonces, una de las posibilidades sería establecer una división dentro de la administración tributaria que controle a las exoneradas.

-¿Cuáles son los sectores económicos más vulnerables en materia de lavado de activos en Uruguay? Hace un tiempo dijo que eran el sector financiero y el inmobiliario; ¿sigue siendo así?

-El sector financiero tiene mayores controles en los últimos tiempos y hoy es menos riesgoso. Desde 2004, las inmobiliarias están obligadas a hacer controles; no obstante, no han hecho ningún tipo de reporte de operaciones sospechosas. Parece ser que podrían no estar haciendo los controles. Vemos que el sector es riesgoso porque los sujetos obligados a hacer los controles no lo están haciendo. Si hoy vas a un banco con cinco millones de dólares te van a decir que no lo pueden recibir, pero si vas a comprar una casa con cinco millones de dólares y lo podés hacer sin que nadie lo reporte, la cosa ya es diferente. Hoy el riesgo mayor está en el sector inmobiliario.

-¿Y en ese caso, qué tipo de controles está fallando?

-La ley está vigente y los obliga a reportar. Las guías de cómo debería funcionar están disponibles para todas las inmobiliarias en el BCU. Hay una resistencia al cambio por parte de ellos, que ya se prolonga demasiado tiempo.

-Pero ¿qué políticas de Estado están funcionando mal?

-¿Me preguntás quién debería apretar las clavijas? Quizá haya que plantearse, desde las políticas públicas, si todos los sujetos obligados deben ser considerados socios y cómo queremos que transiten estos caminos con nosotros. Con los escribanos se hizo algo interesante: ellos están colaborando y aportando información que es muy valiosa para nosotros. En el caso de las inmobiliarias, creo que hay que replantearse la estrategia de relacionamiento, porque ya ha pasado el tiempo suficiente y quizá tengamos que empezar a sancionar. Es un asunto que dependería de la Auditoría Interna de la Nación.

-Teniendo en cuenta esa omisión de las inmobiliarias, la idea, planteada estos días tras el programa de Jorge Lanata, de que basta ir a Punta del Este para ver que en Uruguay se lavan activos no parece desatinada.

-Puede haber lavado, sí. Que haya lavado de activos en Punta del Este no puede dejar de ser admitido. Quizá sea menos que en algunos países, pero también quizá más que en otros. Normas para la prevención tenemos; el tema es cumplirlas.

-¿Cómo se explican las reacciones a nivel político de estos días?

-Nosotros no podemos decir que en Uruguay no pasa, lo que podemos decir es que el país no otorga mayores facilidades y que cumple con los estándares. Eso no es subjetivo, nuestros normas ya no permiten lo que antes permitían. Acá había una tradición en este sentido, porque tuvimos gobiernos que apostaron a que esto fuera la Suiza de América, que fuera un paraíso fiscal. Eso es una mentira: no tenemos espaldas para que el mundo ande atrás nuestro. Pero hubo que pelear para que las SAFI [Sociedades Anónimas de Fondos de Inversión] fueran derogadas. Quizá la reputación actual se deba a cuánto nos costó llegar a eso. También es cierto que hay grandes estudios en nuestro país que todavía mantienen esa cultura. Cambian las normas, pero la cultura no se modifica tan fácilmente. Si tenés internalizado que sirve cualquier cosa, que la plata hay que tomarla venga de donde venga, y que la gambeta o el dribbling es lo mejor, claro que es complicado.

-¿Qué pasa con las transacciones de futbolistas?

-Es también un sector de riesgo que pretendemos que sea regulado. En estos días se está creando un grupo de trabajo -que es más amplio, porque también participan representantes de las ONG- para determinar cómo nos deberíamos aproximar a ese control necesario. Está claro que los sectores más riesgosos son los de mayores ingresos económicos, a los que deberíamos limitar en su capacidad de autorregularse. El fútbol es un sector riesgoso en todo el mundo, porque es imposible una verificación objetiva del valor de las transacciones. Pasa lo mismo con los caballos de carrera o con las obras de arte.