Andar sin miedo es una de las vivencias que para algunas personas han quedado en el recuerdo. Gran parte de la violencia en Latinoamérica sienta sus bases en el comercio ilegal de armas ligeras. Pero eso no es lo más novedoso. ¿Qué impacta? Que la mayoría de la tenencia de armas se encuentra en la población civil. “Entre 70% y 90% de la violencia se genera mediante la tenencia de armas de fuego”, afirmó el director del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Jorge Pan.
Basta con mirar a México, uno de los países considerados más violentos; allí se relevó que hay 15 millones de armas de fuego entre la población civil, de un total de 112 millones de personas (un fenómeno similar ocurre en Venezuela). Pero “hace poco”, según indicó Pan, el país norteamericano presentó un proyecto para estimular a que la población civil se deshaga de las armas. En el mismo camino va Uruguay. Con la financiación de la Unión Europea (UE), Ielsur presentó ayer el proyecto “Acciones para una política de seguridad democrática, hacia un Plan nacional de desarme civil”.
Los datos rompen los ojos. Según el Registro Nacional de Armas, en diciembre de 2012, en Uruguay había 584.112 registradas, de las cuales sólo 11% corresponden al Ejército, la Policía y coleccionistas. Este aporte concluye que se trata de un país “fuertemente” armado, ubicado entre los primeros nueve del mundo, y casi en las mismas proporciones que Irak, aunque Uruguay está libre de conflictos armados. Además, afirmó Pan, por cada arma registrada puede existir otra en el mercado clandestino (lo que abulta la llamada “cifra negra”), y eso equivaldría a que uno de cada tres uruguayos tuviera una.
Cambio de cabeza
Ante esta situación muy “preocupante” para el director de Ielsur, en la que se han cuestionado las políticas del gobierno y a la que se suma una sensación “exacerbada” de inseguridad social, el desafío es encarar políticas públicas de “desarme” de la población civil con su apoyo y su participación, mediante propuestas educativas (especialmente dirigidas a niños y adolescentes) y de diálogo. Para ello es primordial conocer las causas de la violencia, para anticiparla, prevenirla y controlar el efecto de la problemática.
Con el lema “Tu mejor arma es el arte”, Ielsur propone, por un lado, trabajar con artistas plásticos que fomenten el “desarme” y, por otro, realizar campañas publicitarias (con estudiantes de carreras de comunicación) a los efectos de cambiar el paradigma de la “falsa seguridad” que genera en la sociedad civil la tenencia de armas. A su vez, se apunta a elaborar indicadores que muchas veces “son los grandes ausentes”, dijo el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Federico Perazza. Cuanto más “veraces” y “eficientes” sean, “corregirán, aumentarán y reorientarán” las políticas públicas “imprescindibles” en temas de seguridad. Para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, Ielsur apuesta, también, a revitalizar la comisión interministerial que funcionó dirigida por el MRE.
El director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior (MI), Javier Donnangelo, recordó que entre 2011 y 2012 en Montevideo los homicidios aumentaron 38%. En 73% de los casos se utilizaron armas de fuego. En esa línea resaltó que esta iniciativa es “particularmente feliz”, ya que se plantea una articulación multisectorial “adecuada” para superar la problemática. Respecto de la cantidad de armas registradas que existen actualmente, Donnangelo aclaró en diálogo con la diaria que la mayoría lo están “hace 20 o 30 años”. Consultado por la campaña que realizaron el MI y Antel de cambiar un arma por una tablet, aseguró que comenzará “aproximadamente en 20 días”.
El médico Daniel Parada hizo énfasis en los costos de las armas de fuego. “Los recursos que tiene el país en salud son finitos”, pero “los riesgos de aplicación de armas de fuego son infinitas”, dijo en relación a que cada vez que en la salud se invierte en casos relacionados con armas de fuego, se deja de invertir en otra cosa.
En definitiva, se intenta fomentar una “cultura de paz” con la participación “activa” de la sociedad, señaló el director de Ielsur a la diaria. Para que la población civil entregue voluntariamente las armas debe haber más “impacto” sobre cómo la problemática afecta en todos los ámbitos sociales (salud, educación, etcétera). Para eso debe existir, a su entender, una propuesta acorde, como, por ejemplo, “mejor vigilancia a las zonas por parte del Estado”. “La falta de respuestas obliga a que la gente se arme, y ése es un problema grave”, resaltó. “Si la solución hubieran sido las armas se habría solucionado el tema”.
Respecto del proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Senadores, que “también vamos a analizar”, Pan indicó que “si no hay una educación y no hay una política pública donde toda la sociedad pueda discutir, la ley por sí sola no va a solucionar nada”.