Ha trabajado como consultor de Unicef y como perito consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Defiende los “programas de reincorporación y reinserción de carácter social” como “las mejores respuestas” frente al problema de la delincuencia en la adolescencia. Dice que sobre ésta “hay muchos mitos”. Subraya además que la población percibe de manera más grave los delitos cometidos por adolescentes porque los ve como “los delitos del futuro”, aunque, apuntó, no pasan de 10% de la totalidad.

-¿La baja de la edad de imputabilidad es un tema que suele estar en agendas legislativas?

-En general en todos los países de América Latina hay una preocupación seria por el tema de la inseguridad ciudadana. Esa inseguridad no es del todo injustificada, porque en la mayoría de los países, y pasa también aquí en Uruguay, ha habido un aumento importante del delito. Las respuestas que tradicionalmente se están dando en los países de América Latina, entre las que se encuentra rebajar la edad de imputabilidad o la edad para adquirir una responsabilidad de carácter penal, no van a solucionar el problema de la inseguridad. Sostengo que son sólo reacciones ante el problema. Otro tipo de respuestas que también se dan es el de las garantías y el aumento de las conductas delictivas y la aplicación automática de la prisión preventiva. Todas ellas, lamentablemente, no van a producir lo que muchas veces se cree que es el mejoramiento de la seguridad 
ciudadana.

-También ha estado en la agenda en su país, Costa Rica, con el cual, en diversos frentes, suele compararse a Uruguay.

-Sí, es cierto. A pesar de que son países alejados geográficamente, se suele comparar a Costa Rica y Uruguay en varios aspectos. Existe mucho en el imaginario, porque se comparan por población, por estándares de carácter económico, social, etcétera. Con respecto al tema de la edad de imputabilidad penal, Costa Rica y Uruguay suscribieron la Convención sobre los Derechos del Niño. Al rubricarla ambos estados adquieren obligaciones que este instrumento establece. En Costa Rica se estableció un sistema de responsabilidad que se denomina Penal Juvenil, que va de los 12 a los 18 años.

-¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas de la baja de la edad de imputabilidad?

-Traería un aumento de población penitenciaria. Eso debería calcularlo cualquier país, porque va a tener un impacto fuerte en el sistema penitenciario, pero también en la Justicia. Además, hay que tener en cuenta que va a tener impacto en la misma seguridad y en el mismo delito, porque va a generar más violencia y más delito. Termina siendo totalmente contraproducente. Desde el punto de vista normativo sería un incumplimiento de las obligaciones internacionales, en el que los países signatarios de la Convención estarían incurriendo.

-¿Se ha aplicado?

-No conozco ningún país de la región donde se juzgue a los menores de edad como adultos. Existe sí el caso de Argentina, que aplica desde los 16 años un sistema similar al de los mayores de edad, e incluso establece penas perpetuas. Es un tema que ahora está debatiendo la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y sobre lo que próximamente va a dictar la sentencia.

-¿Hay una lectura social que tiende a atar a la inseguridad directamente a los delitos cometidos por 
adolescentes?

-Hay algunos mitos sobre la delincuencia juvenil, como por ejemplo que los adolescentes son los responsables de una mayor inseguridad ciudadana. Ocurre que el efecto de esa inseguridad no se produce exclusivamente por las conductas delictivas de los adolescentes. Es un fenómeno más complejo, en el que, no desconozco, hay una participación de adolescentes, pero no son los principales responsables. Lo que se produce es una percepción. Muchas veces se percibe socialmente que el responsable de la inseguridad ciudadana es el delito juvenil, pero en la mayoría de los países el delito cometido por menores de edad no pasa de 10% de la totalidad del delito.

-A comienzos de la pasada década en Uruguay no sólo aumentaron los delitos, también lo hicieron los espacios dedicados a la información policial en los medios. Se nota una especial focalización en los casos protagonizados por menores de edad. ¿Es de suponer que esto aporta a la criminalización de la adolescencia?

-Sí, porque no es lo mismo el crimen que la criminalización. El crimen es el delito real, es el que sucede, y para hablar de ello se requieren estudios estadísticos sobre la realidad del delito. El fenómeno de la criminalización tiene que ver con la percepción de los ciudadanos que podrían ser víctimas del delito. Efectivamente, ocurre en todas partes por igual que la percepción es mayor que el delito real. Cuando se percibe la inseguridad es más que nada una sensación a la afectación que uno podría tener de su integridad física, de sus bienes y de su propia seguridad. Hay que ver la participación de los menores de edad, porque se percibe que son los principales responsables de esa inseguridad, pero se percibe eso más por una percepción que por una realidad propiamente dicha.

-¿Hay entonces una percepción diferente cuando el delito es cometido por un adolescente?

-Efectivamente, ocurre que la población percibe de una manera más grave un delito que comete un adolescente que el que comete un adulto. Por eso mismo, además, la percepción de inseguridad aumenta. Cuando un adolescente comete un homicidio produce un efecto mayor de percepción que si lo cometiera un adulto. Como dice el criminólogo Günter Kaiser, que fue mi profesor en Alemania, la ciudadanía ve el delito de los jóvenes no sólo como el del presente sino como el delito futuro.

-Entonces, ¿eso genera miedo respecto a ese posible futuro?

-Es muy peligroso este fenómeno. El Estado y la sociedad tienen que dar una respuesta, porque el fenómeno delictivo puede generar un efecto de paralización de carácter social. Si sólo medimos el costo del delito o el tema del efecto que tiene el delito en general, en una sociedad o una comunidad que se percibe como violenta e insegura se produce un efecto de paralización social. Hay que dar respuestas de carácter integral y no sólo pensar en la responsabilidad penal. Ésa no es, reitero, una respuesta acorde a las obligaciones asumidas al haber firmado la Convención. Además, y por sobre todo, no es acorde a lo que estamos tratando de buscar, que es mayor seguridad ciudadana; un derecho que debemos tener en cualquier sociedad.

-¿Qué opina de la conservación de antecedentes cuando cumplen los 18 años?

-Mi posición sobre esto es que no tendrían que registrarse como antecedentes las sentencias condenatorias de los adolescentes. El delito juvenil debe entenderse como un delito episódico en el desarrollo de las personas. El hecho de registrarlos y además utilizarlos en la edad adulta significa iniciar las carreras delictivas. Es totalmente contraproducente para la orientación que tendría que tener un sistema de justicia, que es la reincorporación y reinserción social. Esos antecedentes son utilizados para estigmatizar negativamente a una persona.