-¿Cómo valora la repercusión que tuvo la aprobación de la ley de regulación de la marihuana?
-El proyecto se juega en la implementación. Y lo tenemos que hacer de manera tal que minicemos al máximo los errores. Tenemos una inmensa tarea por delante. A nosotros no es que no nos importe cómo el mundo lo vea, pero lo que nos importa es que el proyecto sirva para los objetivos que nos planteamos. Desde el punto de vista sanitario, creemos que ya hemos dado pasos importantes en este proceso de discusión. Hoy se habla de los usuarios de drogas de una manera diferente. Ese sentido despectivo de drogodependientes o de faloperos se está desterrando paulatinamente del vocabulario, y me parece que eso es muy importante, porque las palabras son performativas, generan hechos, acciones, conductas. Quizá el hecho de que hablemos en general de usuarios de cannabis me parece que es un salto muy importante. Hay un antes y un después del 20 de junio de 2012, cuando se anunció esta ley. Después se habló de este tema de una manera diferente: no es que de un día para el otro se esfumaran el tabú, la estigmatización, pero se empezó ese proceso. Que se hablara en todos los lugares, con broma, con sarcasmo, con desconfianza, con lo que fuera, pero que se pudiera hablar de la manera en que hemos hablado estos dos años de este tema, me parece que es un antes y un después. Hoy, una persona que consume cannabis puede tener una reflexión acerca de si está teniendo problemas o no, si es un usuario de todos los días, si está desarrollando una relación adictiva con la sustancia, y va a sentir mucho menos peso en ir a consultar sobre el problema que tenga que antes de [que se implementara] la ley, por un tema simbólico. La estigmatización de que esto se tratara, de alguna manera, de un fenómeno criminal cambia sustancialmente.
-Pese a este debate, las últimas encuestas de opinión pública indican que gran parte de la población sigue rechazando la medida.
-Ha habido cambios en el posicionamiento de la gente, creo que son cambios que se van a ver en el tiempo, en la medida en que se vea que esto no es el pandemónium, en la medida en que se empiece a encontrar elementos que reafirmen lo que hemos venido diciendo. La cámara oculta de la farmacia muestra un poco cómo se expresan ciertos sectores en relación a esto. Seguramente no pase lo mismo en cualquier farmacia del país, pero corroboré que es una cámara oculta: los actores son tres. Eso da cuenta de un tratamiento diferente del tema. El gran desafío para todos los que hemos estado detrás de este proceso es construir la legitimidad de esta ley. Por ejemplo, a nivel del Parlamento, la ley tuvo más votos que los 50 del Frente Amplio [legisladores de la oposición aprobaron algunos artículos], y eso es un núcleo importante. Eso ha contribuido, y aunque efectivamente las opiniones no sean favorables a esta idea del Poder Ejecutivo, en determinado momento la población va a ir cayendo en la cuenta, y va a cambiar la mirada. Hemos dado pasos para avanzar en esto. Hemos trabajado con las cámaras de la construcción y del transporte, con el PIT-CNT, con la Universidad de la República, con el Colegio de Prevencionistas, para abordar todo este tema en el campo del trabajo, y hay una conciencia de que hay que enfrentar estos problemas de manera colectiva. Hay una idea, por parte del PIT-CNT y de los empresarios, de que es necesario tratar el tema de las situaciones de riesgo, que no se ha abordado de la manera más adecuada. Y esto es producto de la propia discusión de la ley, aunque es un problema que ya existe. No es que ahora va a haber trabajadores de la construcción que puedan consumir marihuana y se suban a un sexto piso después, eso ya existe; haber puesto luz sobre esto nos permite mirar con otros ojos un problema que ya teníamos. Quizá esto que estamos haciendo ahora lo tendríamos que haber hecho antes. ¿Por qué no lo hicimos? Quizá porque no era un emergente tan fuerte, pero es una pregunta que yo mismo me hago, por qué no avanzamos en esos planos antes, y yo creo que eso es producto de este debate. Los uruguayos, hoy, pensamos con más claridad sobre estos problemas, porque la puesta de este tema alrededor de una mesa introduce una cantidad de problemas sanitarios, sociales, vinculares... más allá, incluso, de los objetivos específicos de la ley. Hoy tenemos un juego mucho más claro desde el punto de vista jurídico: en materia de tenencia, los jueces no tenían parámetros para valorar, quedaba a su convicción aplicar un criterio u otro. En materia de autocultivo fue donde se dieron las situaciones más diversas.
-¿Incluso con la ley aprobada, hasta que el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) no conceda licencias, la gente no puede autocultivar?
-No lo puede hacer. La ley es muy clara, va a haber un registro de autocultivadores, que tendrán que declarar qué van a plantar y demás. Lo que hay son ciertos efectos jurídicos que empiezan a tener vigor, y eso depende más que nada de jueces, fiscales y abogados. Hoy la ley le da mucha más claridad al juez para tomar una decisión. No se va a poder dar que un juez encuentre a una persona con diez plantas y que no la procese y que encuentre a una persona con dos y que la procese. Eventualmente, si la persona tiene seis plantas y no está registrada, la ley dice que se le podrá decomisar: entonces se le quitarán las plantas, pero la persona no habrá cometido un acto criminal. Ésos son los efectos de la ley hoy. El resto está todo a cuenta de la reglamentación que hagamos.
-Un riesgo es que la gente no se sume al sistema y siga comprando de forma ilegal.
-El mayor desafío es si efectivamente con esta ley podemos reducir el narcotráfico. Creemos firmemente que sí, esto de la cámara oculta habla de que vamos a tener un campo para avanzar, de personas que ven con buenos ojos la existencia de este sistema, y eso es muy importante. Se trata de nuevas generaciones: la mayoría de los consumidores están entre los 18 y los 30 años, cuando terminó la dictadura tenían menos de cinco años o todavía no habían nacido. Es una generación que tiene perspectivas diferentes, más libre en relación a las perspectivas de control, y creo que eso va a tener un impacto positivo, en el sentido de que va a hacer posible que esto se pueda llevar adelante sin resistencias insalvables.
Seguramente, las generaciones que crecieron durante la dictadura o antes tengamos más reticencias a los mecanismos de control como los que están planteados. Después nos quedan tres grandes desafíos, que no son propiamente de la ley sino de la política de drogas en general: las políticas de prevención, las políticas que tienen que ver con la asistencia a los usuarios de drogas en general y a los de cannabis en particular. Es un gran desafío de la sociedad, que quede muy claro que todo consumo de drogas tiene riesgos. Y lo otro es avanzar y consolidar un sistema de prestaciones sanitarias para el conjunto de usuarios de drogas. Esos desafíos los teníamos previstos con y sin ley. Creo que la aprobación de la ley nos interpela y nos obliga a avanzar mucho más y a ser mucho más potentes en relación a esto.
-Algunos argumentan que proponer la regulación de la marihuana podría justificar la legalización de otras drogas. ¿Qué visión tiene al respecto?
-Hay un tema conceptual. Todas las drogas son productos de consumo no ordinario, siguiendo la definición de Thomas Babor; por lo tanto, tienen que estar sujetas, desde nuestra perspectiva, a ciertos tipos de controles, por la mercadotecnia, la propaganda y demás. Segundo, todas las drogas tienen diferentes riesgos, no podés regular de la misma manera el tabaco que la heroína. El alcohol puede ser considerado un alimento, la marihuana siempre la consumís en busca de alterar tu conciencia; entonces no son lo mismo. Podés tomar una copa de vino al mediodía y no pretendés alterar tu conciencia. Si tomás medio litro estamos hablando de otra cosa, y hay quien busca directamente alterarse la conciencia con el alcohol: muchas prácticas de adolescentes de mezclar bebidas blancas con bebidas fermentadas buscan directamente alterar la conciencia, ahí es específicamente una droga. Eso hay que tratarlo de una forma diferente, porque a un alimento no lo podés tratar de la misma forma que a la marihuana, que en ningún caso es un alimento, aunque puede tener otras funciones sociales [que las de alterar la conciencia]. Al tabaco lo regulamos, para el alcohol tenemos una propuesta de regulación, para la marihuana también... ¿puede haber regulación para otras drogas? Sí, seguramente, pero no iguales. Otro factor muy importante es la masividad. La regulación está asociada a la masividad del consumo. Ninguna de las otras sustancias que puede haber en la vuelta son de uso masivo, no la consumen 150.000 o 160.000 personas, como a la marihuana; eso hace que la tengamos que ver de una manera diferente. Otro elemento importante es que no hay un debate académico generalizado en relación al tema de la legalización o flexibilización de la regulación en relación a otras sustancias. Si mañana está, habría que acompañarlo. Sinceramente, creo que en el corto plazo no están las condiciones académicas y políticas a nivel internacional, regional o nacional para ponerlo como tema de agenda. Seguramente sí sea necesario poner en la agenda una nueva mirada sobre el tema de las drogas y plasmarlo en una ley que dé cuenta de muchas más globalidades. La Ley de Estupefacientes, la 14.294, ya tiene 40 años, se hizo en un momento muy particular del país. Yo creo que en el próximo período de gobierno habrá que discutir una nueva ley general sobre drogas, que sea realizada desde una perspectiva de la salud, de los derechos humanos, de este conjunto de elementos. Un debate que tendrá que dar toda la sociedad; sin duda, creo que es una necesidad que está sobre la mesa. No creo que sea bueno seguir avanzando con parcialidades.
-¿Cuánto se ha avanzado en la implementación de la ley?
-Tenemos un equipo de trabajo con más de 25 personas de los ministerios involucrados [Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Desarrollo Social, Educación y Cultura, Salud Pública, Interior, y Ganadería, Agricultura y Pesca]. En todo el sistema de licencias tiene que ver más de un ministerio; licencias para la producción, de autocultivo, de clubes, de farmacias... vamos a tener, después, licencias para la producción medicinal, licencias para producir insumos para la producción farmacéutica, medicamentos oncológicos que se producen en base al cannabis... hay un conjunto de licencias que tienen que ver con todos los ministerios. Estamos trabajando sobre el límite de abril para tener la reglamentación. Todo esto tiene dos grandes componentes: la ley y el Ircca. Si no creamos el Ircca se hace muy difícil bajar a tierra todo esto, todo el sistema de licencias depende del Ircca.
-¿Qué ha avanzado en cuanto a la producción?
-Hay muchos productores nacionales y de fuera del país interesados. Desde hace un año están viniendo de Estados Unidos, España, Holanda, Alemania. De cualquier manera, estamos en los prolegómenos. El Ministerio de Ganadería está haciendo estudios muy importantes para ver cómo es todo el proceso de producción. Sin duda, hay más interesados que las licencias que vamos a otorgar. Pero antes de junio no va a haber nada; hay licitaciones, llamados a precios, después quienes obtengan las licencias tendrán que montar su infraestructura... lleva un tiempo. Sabemos que hay mucha ansiedad en los usuarios, en la población, pero no tenemos fechas.
-¿Cómo evalúan las reacciones de los países de la región? ¿Es real la posibilidad de que participen en el comité científico que monitoreará la ley?
-Los países, como tales, no; sí hemos avanzado en que participen como observadores. En términos políticos tenemos un respaldo implícito en el desarrollo de la política por parte de la CICAD [Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, organismo de la Organización de los Estados Americanos]. De 34 países no hubo más de uno [Estados Unidos] que explicitara una visión crítica; luego, algunos de los países no se pronunciaron, algunos plantearon que a Uruguay le asistía el derecho de poder desarrollar políticas soberanas, y algunos tuvieron un apoyo explícito, respaldaron que se permitiera que Uruguay desarrolle una política soberana y aprender de ella. Pensando en la región, ha sido muy explícito el caso del gobierno de Brasil, en el sentido de que el ministro de Justicia y de Salud Pública dijera que Uruguay tenía derecho a desarrollar esta política y que había que observarla para aprender de ella, lo que nos parece que es muy importante. El gobierno de Ecuador también ha tenido una posición clara, en entender que debe ser mirada no con ojos inquisidores, tampoco con ojos complacientes, sí con una mirada de poder aprender. Y después hubo algunas declaraciones: el jefe de Seguridad de Argentina, Sergio Berni, ha dicho que es necesario mirar esta experiencia y aprender de ella para que, si eventualmente aporta soluciones al problema, sea útil para todos.
-¿Qué opinión le merecieron las críticas del presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes [JIFE], Raymond Yans?
-La JIFE tiene como tarea fiscalizar la aplicación de las convenciones y puede dar una opinión crítica del desarrollo de una política con todo el derecho: está dentro de nuestras potestades responderle. Lo que está totalmente fuera de lugar es el tono y el carácter que Yans utilizó, fue una extralimitación total de sus funciones en su carácter de funcionario de las Naciones Unidas. Es una actitud desencajada, grosera, usó calificativos que estaban totalmente fuera de lugar. Y creo que también implica un desconocimiento de la ley. No es una ley para fomentar el consumo ni para facilitarlo. Creo que Yans no ha leído, no comprende esta ley, y ha cometido un acto irresponsable al calificar a Uruguay de la manera en que lo ha calificado.