“Aun cuando no existe una responsabilidad institucional, sí nos corresponde como partido político manifestar públicamente nuestro parecer al respecto. Lamentamos lo ocurrido y nos disculpamos ante la ciudadanía por cualquier conducta individual de alguno de nuestros militantes que suponga un financiamiento de campañas políticas de manera irregular”, dijo en una conferencia de prensa el presidente de la UDI, Ernesto Silva. “Con la misma seriedad y convicción expresamos que resulta injusto que se ponga el foco solamente en un sector político y se pretenda ignorar que existen prácticas generalizadas en esta materia”, agregó y aclaró que ninguno de los dirigentes utilizó esa financiación irregular para su propio enriquecimiento.
Las sospechas recaen sobre varios políticos, incluso dos ex candidatos presidenciales: Pablo Longueira y Laurence Golborne, un independiente que ha generado vínculos con la UDI.
En 2010, cuando era ministro de Minería de Chile, Golborne se convirtió en la estrella del Ejecutivo de Sebastián Piñera, y la coalición de derecha que gobernaba comenzó a pensar en él como su candidato a la presidencia para las elecciones de 2013. Para los chilenos, él era el ministro con mayor visibilidad y mejor imagen debido al caso de los 33 trabajadores que quedaron atrapados en la mina San José, en la región de Atacama. El rescate fue difundido en televisión en Chile y en el resto del mundo.
Dos años más tarde, Golborne lanzaba su precandidatura, a la que renunciaría poco después. En 2013 -año electoral- el dirigente enfrentó dos escándalos. El primero fue la condena judicial que recibió el consorcio Cencosud por cláusulas abusivas y subas de precios unilaterales dispuestas cuando él era su gerente. El segundo fue la información que publicó la prensa acerca de irregularidades en su declaración patrimonial.
Golborne renunció a su candidatura, y la coalición de derecha integrada por Renovación Nacional (RN, el partido de Piñera) y la UDI postuló en su lugar a Longueira, que poco después también renunció porque sufría depresión. Finalmente la candidata fue Evelyn Matthei, que perdió ante Michelle Bachelet en segunda vuelta, y Golborne se postuló al Senado por la UDI pero no fue electo.
Una ayudita
Días atrás, Golborne reconoció ante el fiscal Carlos Gajardo que su campaña de 2013 recibió aportes “irregulares” del grupo Penta por casi 200.000 dólares, según informó el medio digital El Mostrador. El grupo es sospechoso de haber evadido impuestos al entregar esos fondos, que se acreditaban con facturas y boletas falsas. Los justificaban como provenientes de falsas operaciones financieras y pago de servicios que no fueron brindados, una práctica que es ilegal. Por ejemplo, de acuerdo con El Mostrador, Golborne declaró en noviembre ante el fiscal que recibió fondos para su campaña a la presidencia a cambio de boletas emitidas por una empresa de comunicaciones como pago de servicios que no habían sido prestados.
En esa declaración Golborne también dijo que debido a su “vida profesional” conoció a uno de los responsables de Penta, Délano, y que le pidió apoyo para su candidatura. “Fui a hablar con él y le conté en lo que estaba [...]. Le pregunté si me podía ayudar y me dijo que sí, que era importante este tipo de apoyos”, dijo.
El Servicio de Impuestos Internos había denunciado a Délano y Lavín por delito tributario, en el entendido de que utilizaron de manera indebida 258 facturas falsas con las que justificaron más de tres millones de dólares evadiendo impuestos. La Fiscalía pidió el procesamiento de ambos por soborno y delito tributario por sus aportes a las elecciones parlamentarias de 2013. Un ex gerente del grupo, Hugo Bravo, que está en un litigio contra la empresa, es el principal informante del caso.
Para casi todos
La semana pasada otro de los políticos involucrados en el caso, el senador de la UDI Iván Moreira, dio una conferencia de prensa en la que admitió haber recibido aportes de Penta, después de que se hicieran públicos correos electrónicos que involucraban al grupo con su campaña. “Hoy estoy dando la cara, reconociendo mis errores con hombría, y estoy pidiendo disculpas públicas”, dijo.
Además de Moreira, Longueira y Golborne, aparecieron involucrados en el caso varios otros políticos de la UDI, ya fuera porque los mencionó Bravo o porque los comprometían los correos electrónicos investigados, informó el diario chileno La Nación. Entre ellos figuran el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, la senadora Ena von Baer y el ex subsecretario de Minería de Piñera Pablo Wagner.
Contra Wagner y su cuñada, María Carolina de la Cerda, presentó una denuncia el viernes el Servicio de Impuestos Internos por delitos tributarios. Los acusó de facilitar boletas de honorarios falsas y usarlas, de obtener en forma indebida devoluciones de impuestos y de omitir ingresos en sus declaraciones de impuestos a la renta. Según informó la agencia de noticias Efe, esas boletas fueron emitidas entre 2009 y 2014 para empresas del grupo Penta, por unos 200.000 dólares.
La UDI, un partido cuyo surgimiento está muy vinculado con la dictadura de Augusto Pinochet, la que todavía reivindican varios de sus integrantes, es uno de los más votados de Chile. En las elecciones de 2013 fue el más votado en la elección de diputados (con 19% de apoyo) y en la de senadores logró 15% de los votos, algo menos que los de otros partidos.
En el caso Penta también había aparecido involucrado el diputado Felipe Kast, dirigente del Partido Evolución Política (Evópoli), que presentó candidatos al Parlamento con el apoyo de RN. De acuerdo con La Nación, Kast aparece como una de las personas que se contactaron con Lavín, pero la Fiscalía no lo investiga. En un comunicado de prensa, su partido manifestó que “utilizando los mecanismos establecidos por la ley, Evópoli solicitó apoyo a distintas personas, entre las cuales se encuentra Carlos Eugenio Lavín, quien explícitamente manifestó no estar dispuesto a apoyar a los candidatos de Evópoli”.
Consultada acerca de este caso, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo en conferencia de prensa: “Lo que hemos dicho como gobierno, y yo lo reitero, es que frente a situaciones de esta naturaleza lo que corresponde es que las instituciones funcionen, que la Justicia haga su tarea”. Agregó que su gobierno envió al Parlamento, “ya hace un tiempo atrás, un proyecto de ley que permita separar los dineros de los negocios de la política, que permita que todo esté basado en la transparencia”. Además, la Cámara de Diputados instaló dos comisiones investigadoras; una se va a encargar de analizar la financiación fraudulenta de campañas, y la otra de los mecanismos por los que se entregan aportes a los candidatos.
La administración de Piñera aparece salpicada por este caso judicial, no sólo porque están involucrados un ministro y un subsecretario de ese gobierno. El presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juan Apablaza, dijo a radio Cooperativa: “Nosotros tenemos una opinión técnica del tema, [según la cual] esto empieza en 2010 y se detecta”. Agregó: “Si los antecedentes estaban desde 2010 y no se hizo nada, claramente hubo una vista gorda. Si los antecedentes estaban y no se investigó, hoy frente a la arista de Penta y a otras aristas que se puedan abrir, claramente hay alguien que quiso proteger a ciertos personajes”.