Para Brasil, 2016 será histórico. De acuerdo con las proyecciones públicas y privadas el PIB caerá por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde la década de 1930. La economía seguirá en la trayectoria negativa en la que está, aunque las cifras no serán tan malas como las de 2015: la contracción prevista del PIB es de 2% y la inflación, de 6,2% anual.

De acuerdo con cifras preliminares de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 2015 la economía brasileña acentuó su cuadro recesivo. A partir de esos números, que no llegan hasta el cierre del año, la CEPAL prevé que el PIB descienda cerca de 3,5% (la peor cifra desde 1990), debido a una fuerte caída de la inversión y el menor consumo de las familias -que en el caso de la economía norteña es el principal motor de crecimiento de la demanda-. Estima que la tasa de desempleo en los principales centros urbanos aumentará desde 4,7% en 2014 a 7,9% al cierre de 2015, tomando en cuenta los datos de los 12 meses cerrados en octubre.

A su vez, prevé que la inflación será superior a 10% en 2015, a causa de la fuerte depreciación del real y el incremento de los precios de la energía y los combustibles. La balanza de pagos, que registra las transacciones con el exterior, tendrá una sustancial mejoría, más bien por efecto de la caída de las importaciones, mientras que las reservas internacionales del país se mantendrán estables. Por su parte, en estas previsiones, el sector público registraría un déficit primario -sin contabilizar el pago de los intereses de la deuda pública- de 2% del PIB, y el déficit global tendrá un crecimiento que superará el 10% del PIB.

El segundo gobierno de Dilma Rousseff, que nombró como ministro de Hacienda a Joaquim Levy -un cuadro del Fondo Monetario Internacional, ex economista en jefe del Ministerio de Planeamiento del gobierno de Fernando Henrique Cardoso-, modificó a fines de 2014 las prioridades de la política económica. Para recuperar el superávit primario de las cuentas públicas y controlar el crecimiento de la deuda, aumentó las tasas impositivas, aplicó reglas más restrictivas para acceder a las prestaciones sociales y procesó una amplia reducción de los subsidios concedidos (y que formaban parte de las políticas anticíclicas implementadas para salir de la crisis financiera internacional de fines de 2010).

Si se comparan los meses que van de enero a setiembre de 2014 y de 2015, el gasto público total se redujo 4%, las transferencias 5,5% y las inversiones públicas 41%. Sin embargo, la menor actividad económica limó la recaudación de impuestos (cayó 5,4% entre enero y octubre), y los aumentos de la tasa de interés de referencia para controlar la inflación obligaron a mayores pagos de intereses. Como consecuencia, el déficit a octubre de 2015 fue de 8,9% del PIB (mayor al 5,3% con que cerró 2014) y la deuda pública bruta subió desde 53% en 2013 a una proyección de 67% a fines de 2015.

Bilaterales

-En la cumbre de Asunción, a medidados de diciembre, el ministro de Desarrollo e Industria de Brasil, Armando Monteiro, opinó que el levantamiento del “cepo cambiario” por parte del nuevo gobierno argentino “apunta a una política cambiaria realista”, y eso “dará más dinamismo a la relación entre los países del bloque”. -Las empresas automotrices brasileñas se beneficiaron de la reacción en el consumo de los argentinos en los últimos tres meses del año. Ante la perspectiva de la devaluación, los argentinos anticiparon compras de bienes durables y se volcaron a los autos brasileños. Después de que sus ventas cayeran 46% en 2014 y se mantuvieran estancadas durante el primer semestre de 2015, en el segundo el embarque de vehículos brasileños al mercado argentino se incrementó más de 12%, con más de 250.000 unidades embarcadas.

A esto se agrega que la política monetaria mostró malos resultados. Desde 2013 la tasa Selic se duplicó, lo que determinó costos fiscales y encarecimiento del crédito, pero entre marzo de 2013 y octubre de 2015 el Índice de Precios al Consumidor Ampliado aumentó 20%. Por otra parte, en 2015 se observó una sustancial devaluación del real en relación con el dólar, que superó el 40%, al que se agregó una alta volatilidad.

El último mes del año agregó nuevos problemas. La agencia de calificación de riesgo Fitch retiró el miércoles 16 la calificación de grado inversor, y desde ese día la deuda pública brasileña es considerada inversión especulativa por dos agencias, debido a que Standard & Poor’s ya había bajado la nota en setiembre. Dos días después del comunicado de Fitch, dejó su cargo el ministro Joaquim Levy, que fue reemplazado por Nelson Barbosa, hasta ese momento ministro de Planificación. Si bien Barbosa defiende la necesidad de lograr un equilibrio de las cuentas públicas, chocó en varias ocasiones con Levy por los recortes a los gastos en infraestructura.

Tras 18 meses de investigaciones de la operación “Lava Jato”, parece indudable su efecto negativo sobre las expectativas de crecimiento económico. Según cuantificaron varias consultoras, dicha operación contribuyó con 2,5 puntos porcentuales negativos al PIB de 2015.

La incertidumbre generada en el ámbito político, el escaso impacto de las medidas para contrarrestar la inflación y la volatilidad cambiaria configuran un ambiente adverso para la toma de decisiones de largo plazo por parte de inversores y consumidores. Si bien cambió la conducción económica, no es claro aún que eso determine una modificación de ese ambiente en el que se desempeña el sistema económico. Por eso, en 2016 Brasil viviría otro año de recesión. De acuerdo con la CEPAL, el PIB brasileño caerá 2% el año que viene.

A su vez, el Banco Central de Brasil elevó su pronóstico de inflación para 2016 a 6,2%, lo que puede ser interpretado como una señal de que el organismo reanudará los aumentos de las tasas de interés, todo lo cual podría retraer, todavía más, las decisiones de inversión.

Todo está por verse

Las estimaciones de la CEPAL indican que Argentina crecerá 2,2% en 2015, un porcentaje superior al 0,5% con que cerró en 2014. El dinamismo de las actividades productivas desempeñadas por el sector público fue el factor más importante de la dinamización de la economía. Asimismo, el consumo privado aumentó durante 2015, aunque de manera moderada, mientras que la inversión siguió seriamente afectada por la incertidumbre cambiaria.

Por su parte, las exportaciones cayeron 15,1%, sobre todo por la disminución de la demanda brasileña -principal destino de las exportaciones manufactureras argentinas- y la baja de los precios de los productos que el país vende al exterior. La estabilización del tipo de cambio contribuyó también a que la inflación se desacelerara, aunque se mantuvo en niveles muy superiores al promedio regional. Según la CEPAL, en 2016 el crecimiento será de 0,8%, cifra que podría caer, dependiendo de la forma en que se resuelvan los desequilibrios externos de la economía.

Pero las proyecciones en el caso argentino necesariamente deben considerar el cambio de gobierno, que en materia de política económica significa un replanteo de las orientaciones más básicas. En menos de una semana, el nuevo gobierno, liderado por Mauricio Macri, implementó las dos principales promesas de campaña: la eliminación de las retenciones a varios productos agropecuarios y el levantamiento del “cepo” cambiario.

A 24 horas de asumir, el nuevo gobierno rebajó cinco puntos en las retenciones a la soja y eliminó las que tenían el trigo, el maíz, la carne, la pesca y las economías regionales. La medida busca alentar la liquidación de unos 8.000 millones de dólares en granos y el ingreso de dólares al país, pero asimismo representa una caída de 2,5 puntos porcentuales en los ingresos fiscales. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, el costo fiscal de la eliminación de los derechos de exportación a los productos agrarios será de 3.685 millones de dólares, que volverán a manos del sector agropecuario en lugar de ingresar a las arcas estatales.

El levantamiento de las restricciones a la compraventa de dólares, que estaba vigente desde 2011, fue presentado por Alfonso Prat-Gay, flamante ministro de Hacienda, como la principal medida de liberalización de la economía argentina. “El que quiera comprar dólares lo va a poder hacer, el que quiera exportar lo va a poder hacer sin permiso, y el que quiera importar va a poder importar”, dijo al hacer el anuncio.

La medida derivó en una fuerte devaluación de la moneda local, que no se tradujo inmediatamente en mayores precios porque muchos ya estaban fijados por el valor del dólar ilegal y porque durante octubre y noviembre las empresas con capacidad de fijarlos ya los habían habían aumentado. La medida trae aparejado un gran desafío para el gobierno de Macri: evitar una carrera entre precios y salarios. El nuevo gobierno anunció que buscará “acercar las posturas” de trabajadores y empresarios durante el verano para lograr un acuerdo económico social amplio y de cara a la fijación de las pautas salariales.

Por otra parte, se anunció el reinicio de las discusiones entre Argentina y los holdouts o fondos buitre, tras el cese de las negociaciones entre el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, el mediador Daniel Pollack y los representantes de NML Capital, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, los fondos favorecidos con la sentencia del juez estadounidense Thomas Griesa. La decisión del juez de congelar el dinero girado por el gobierno argentino para el pago de la deuda determinó la declaratoria de default de Argentina, lo que hace aun más difícil el acceso del país al mercado de crédito internacional. La necesidad de dólares, que a mediano plazo se espera que provengan de la recuperación de los mercados externos, requiere en el corto plazo la contratación de préstamos con organismos internacionales de crédito y la emisión de títulos de deuda.