El semanario Búsqueda informó ayer que el Ministerio del Interior (MI) extenderá el programa de videovigilancia que funciona en Ciudad Vieja a otros barrios de la zona costera, como Pocitos, Punta Carretas, Malvín y Carrasco. El MI recibió varias críticas por aplicar estos programas solamente en los barrios de mayor poder adquisitivo. El titular de la cartera, Eduardo Bonomi, rechazó estas críticas y aseguró que la idea no es “discriminar a nadie”. “Lo que pasa es que el sistema recién está comenzando a operar, así que hay que empezar por lo más fácil. Si uno coloca una cámara en Cerro Norte, donde todo el mundo tiene pinta de chorro, entonces la cámara no sirve para detectar gente sospechosa. Pero en Carrasco y Pocitos, el aspecto de un delincuente es completamente diferente del de la gente bien que vive allí. Por ejemplo: si usa championes Nike y no está yendo al gimnasio, quiere decir que es delincuente”. Pero los sistemas de videovigilancia también despiertan resistencias porque llevan a los delincuentes a robar en zonas en las que no hay cámaras. “Los tiempos han cambiado, eso nadie lo puede negar. Quizá hace 15 años la gente se escandalizaría por el hecho de que estemos gastando 20 millones de dólares en un programa para que los delincuentes vayan a robar a los pobres. Pero hoy el paradigma ha cambiado, y así como antes estaba esa idea romántica de que para combatir a la delincuencia alcanzaba con prevenir, y reprimir en forma salvaje era algo propio del fascismo, hoy es iluso defender la teoría de que se puede cuidar a toda la población por igual, cuando es obvio que lo más inteligente y realista es proteger a los ricos y dejar que los pobres se roben entre sí”. Según explicó Bonomi, “los estudios del ministerio indican que la plata que un delincuente le roba a un pobre vuelve a las manos de la víctima, porque hay que recordar que ésta es una persona de bajos recursos, por lo que tarde o temprano va a salir a robar. Como decía anteriormente, el paradigma ha cambiado”.