Desde enero, el empresario y ex presidente de Panamá es investigado por la CSJ por la supuesta sobrefacturación en un contrato para comprar comida deshidratada para escuelas de su país, por un monto de 45 millones de dólares, con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Ese programa de apoyo social estatal es investigado por otro caso de desvío de fondos, en el marco del cual el lunes de noche fue detenido un segundo empresario y están procesados la ex ministra de Educación Lucy Molinar y los ex directores del PAN Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén.
Por este y otros supuestos casos de enriquecimiento ilícito y corrupción están detenidos ex funcionarios de su gobierno, como los ex ministros de Economía Frank de Lima, de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y de Desarrollo Agropecuario Óscar Osorio. Desde que se abrió el primer caso en su contra, se levantó la inmunidad que le correspondía a Martinelli por ser presidente del ahora opositor partido Cambio Democrático, y fue entonces que el ex mandatario se instaló en Miami. Lo investiga la CSJ porque le corresponde a este tribunal hacerlo, debido a que es diputado del Parlamento Centroamericano.
La nueva investigación, que se sumó el lunes, indaga presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, peculado, abuso de autoridad, asociación ilícita y atentado contra la seguridad informática, según informó la CSJ en un comunicado. La Fiscalía Auxiliar del Ministerio Público lo acusa de haber interceptado las comunicaciones de unas 150 personas, entre ellas empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos afines y opositores a su gobierno.
Desde enero, el ex director de la Policía Gustavo Pérez y el ex jefe de Seguridad del Estado Alejandro Garuz están detenidos por este mismo caso, y la investigación a Martinelli se basa en particular en la confesión de Pérez, que además fue secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad. Este funcionario dijo al Ministerio Público que Martinelli construyó durante su gestión, entre julio de 2009 y julio de 2014, una estructura clandestina de espionaje que operó desde el despacho presidencial.
A la distancia y mediante Twitter, el ex jefe de Estado denuncia una conspiración política en su contra. Publicó la foto de un artículo de la Constitución panameña en el que se estipulan los motivos por los que se puede juzgar a un presidente. El único caso en el que el artículo 191 de la Constitución prevé aplicar el derecho común, y que no se aplica a un mandatario en ejercicio, es para investigarlo “por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública”. Citando ese texto, Martelli asegura: “Soy un perseguido político y no seré el último. [No es justo] que me acusen por escuchas cuando el artículo 191 de la Constitución es claro. No hay ley”.
La investigación se abrió debido a las denuncias que presentaron el ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens, la ex candidata a la presidencia por esa fuerza política Balbina Herrera y otro dirigente de su partido, Bernabé Pérez. También denunciaron a Martinelli, alegando que fueron objeto de escuchas, el constitucionalista y activista Miguel Antonio Bernal y el diputado José Luis Varela, miembro del gobernante Partido Panameñista y hermano del actual mandatario panameño, Juan Carlos Varela. A ellos se suma el candidato presidencial del PRD en las últimas elecciones Juan Carlos Navarro, entre otras personas admitidas como querellantes por la CSJ.