Con más de 50 artículos, la nueva ley conocida ayer en Egipto establece que se aplique pena de muerte o cadena perpetua a quienes creen, organicen o dirijan un grupo “terrorista”, y a quienes ocupen altos cargos en uno de ellos. También prevé un castigo mínimo de diez años de cárcel para quienes ingresen a esas organizaciones.

La norma también define que un grupo “terrorista” es “toda entidad o banda formada por al menos tres personas, en el interior o en el exterior del país y de cualquier nacionalidad, que tenga el objetivo de cometer crímenes terroristas o use el terrorismo como medio para lograr sus fines”.

El texto además sanciona, con penas que van de diez años de cárcel a cadena perpetua, el ingreso a la fuerza o sin autorización a cualquier sede gubernamental, de seguridad, judicial, o a oficinas de sedes diplomáticas o de organizaciones internacionales para realizar “actos terroristas”. Por otro lado, el artículo 8 estipula que “los encargados de aplicar esta ley” no van a ser presentados ante la Justicia por usar la fuerza en ejercicio de sus funciones o para protegerse.

La Justicia ya aplicaba medidas muy duras contra los seguidores del ex presidente Mohamed Mursi y de su organización, los Hermanos Musulmanes, desbancados del poder en 2013 por las actuales autoridades.

Quizá por ese motivo, las mayores reacciones en contra de la ley se debieron a las disposiciones que afectan a la libertad de expresión y de prensa. La norma estipula que quien incite a la violencia o haga su apología, oralmente, por escrito o por cualquier otro medio, de forma directa o indirecta, se enfrenta a por lo menos cinco años de cárcel.

El artículo 35 condena la publicación de noticias no “verídicas” acerca de “cualquier operación terrorista” que “contradigan de alguna forma las informaciones oficiales difundidas por el Ministerio de Defensa”, informó la agencia de noticias Efe. Por este delito, los condenados deberán pagar entre 25.500 y 63.700 dólares, y podrán ser condenados con hasta un año de prohibición de ejercer “su profesión”, aunque no se especifica que se trate del periodismo. Estaba previsto que la sanción fuera de hasta dos años de cárcel, pero el gobierno la redujo debido a la polémica que se generó.

Otra novedad de la ley es que permite a la Fiscalía y a los investigadores interceptar comunicaciones de cualquiera que sea investigado por alguno de estos delitos por hasta 30 días. Además, con la nueva ley los procesos judiciales deberán ser más rápidos. Los abogados de miembros de los Hermanos Musulmanes ya denuncian juicios sin garantía, en los que las penas de muerte se dictan de manera masiva. Ahora, los tribunales deberán tener salas especializadas en “terrorismo”.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que la norma es un “asalto flagrante” a la Constitución. De acuerdo con Efe, reclaman enfrentar al terrorismo “con un sistema legal que proteja las libertades públicas”.

El abogado de la organización egipcia Red Árabe para la Información de Derechos Humanos, Ahmed Qimawi, dijo a la agencia de noticias Efe que la norma es inconstitucional y “su objetivo básico no es sólo combatir el terrorismo, sino cualquier acto pacífico que pueda ser contrario al régimen”. Ademas, señaló que las definiciones de términos como “terrorismo”, en esta norma, son “generales” y se pueden aplicar a cualquier grupo o persona.

Algunos medios señalan, además, que la ley puede tener como objetivo secundario intimidar a los medios internacionales presentes en el país. Recuerdan, por ejemplo, que el 1º de julio éstos informaron de la muerte de 21 soldados egipcios en un ataque de EI, citando a fuentes militares pero contradiciendo la versión oficial, según la cual las bajas entre los soldados eran menos.

Según el gobierno, el proyecto de ley anunciado por Al Sisi luego del asesinato del fiscal general del Estado, Hisham Barakat, a finales de julio, responde a que el país se enfrenta a una “verdadera guerra, que hizo necesario preparar rápidamente un proyecto de ley antiterrorista”.