NADIE LO había imaginado afuera de la pantalla chica, donde mantuvo durante dos décadas el programa de humor Moralejas. Pero Jimmy Morales, beneficiado por el clima de descontento que generaron en Guatemala una crisis económica y el escándalo de corrupción que llevó a la cárcel al anterior presidente, Otto Pérez Molina, ignoró a quienes lo catalogaban de “novato”, llegó al balotaje y en octubre se hizo con la presidencia. Después de protagonizar una campaña electoral en la que repitió hasta el hartazgo el eslogan “ni corrupto, ni ladrón”, Morales asumió el liderazgo de un país en el que tendrá que priorizar la lucha contra la pobreza y la corrupción.

Ayer, pocas horas antes de asumir la presidencia, Morales dijo a la prensa que se sentía “muy feliz, muy agradecido y muy comprometido” con el pueblo de Guatemala. Lo acompañará en la vicepresidencia Jafeth Cabrera, un académico y empresario que fue rector de la Universidad de San Carlos y ocupó el cargo de secretario de Asuntos Agrarios durante la presidencia de Óscar Berger (2004-2008).

Según informes de la agencia de noticias Efe, la crisis económica en Guatemala afectó en particular al sistema sanitario, y varios hospitales del país tuvieron que cerrar sus puertas durante semanas ante el desabastecimiento. En materia de educación, el abandono escolar aumentó 8% en 2015, a causa de la desnutrición crónica, la falta de docentes y la escasez de materiales, informó el ministro de Educación, Rubén Alfonso Ramírez.

La situación es todavía más grave en las zonas rurales. El presidente de Guatemala llega al cargo en un país donde 54% de la población vive en la pobreza, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En el plano social, el país todavía se enfrenta a altos índices de violencia contra las mujeres y las niñas -sólo en 2015 murieron 500- y a los homicidios vinculados con el narcotráfico, que el año pasado fueron 5.000, señala un informe de Amnistía Internacional.

Además, Guatemala tiene pendiente el cierre de varias heridas de su pasado reciente, en particular su compromiso por la verdad y la justicia después del conflicto armado que duró más de 30 años y dejó miles de muertos. Fueron militares retirados los que formaron el partido que llevó a Jimmy Morales a vestir la banda presidencial. Sin embargo, los vínculos entre el novel gobernante y el Ejército adoptaron un tono más oscuro cuando la semana pasada 18 ex militares fueron acusados de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno. Se informó entonces que por esos hechos es investigado también Edgar Ovalle, actual diputado del FCN. De hecho, Ovalle fue uno de los “maestros políticos” de Morales y era una alternativa probable para sustituirlo como secretario general del partido una vez que él asumiera la presidencia.

La fiscal general, Thelma Aldana, confirmó la semana pasada la solicitud de antejuicio en contra de Ovalle ante la Suprema Corte de Justicia. Consultado por periodistas, Ovalle negó todas las acusaciones. Morales, en cambio, eligió el silencio. Su vocero, Heinz Hiemann, dijo que el presidente “no se pronunció” para “no interferir con las decisiones de la corte”.

La Fiscalía de Guatemala pidió el procesamiento de los otros 18 ex militares acusados de cometer “crímenes de guerra”. Entre los detenidos se encuentran ex oficiales y ex militares con altos cargos en el Ejército guatemalteco, como el general retirado Manuel Benedicto Lucas, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del ex presidente Fernando Romeo Lucas. De ellos, 14 son acusados de participar en 558 desapariciones forzadas de indígenas en la década de los 80, entre otros delitos. Otros cuatro son investigados por la desaparición de un adolescente de 14 años en la misma época.

“Jimmy Morales nunca tuvo el coraje de presentar a su gabinete, sin embargo, hubo una mención extraoficial de que probablemente uno de los [14 ex militares] capturados, el general César Augusto Cabrera Mejía, iba a ser el ministro de Gobernación [del Interior]”, dijo Jorge Santos, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, a la Deutsche Welle. En su opinión, estas detenciones son “necesarias” para erradicar la “impunidad del pasado”, ligada con la “del presente”. Afirmó que “esa impunidad del pasado [...] permite que personas como el ex presidente Otto Pérez Molina” o los militares detenidos “sigan teniendo suficiente poder para seguir generando redes criminales en el país”.

El sábado, Guatemala será testigo de dos movilizaciones: una, convocada por el movimiento #JusticiaYa, para recordarle al gobierno que siguen en pie manifestaciones contra la corrupción como las que promovieron la caída de Pérez Molina y su vicepresidenta, Susana Baldetti, y otra, en defensa de los militares detenidos.