“Cayó Ben Alí, pero el sistema corrupto que creó continúa vigente”, dijo ante los periodistas Abai Badredin, uno de los varios jóvenes que ocupan el edificio anexo de la sede de gobierno de la provincia de Kasserine, que queda en el centro de Túnez. Fue en esta provincia donde se concentró el mayor número de muertes durante la represión de las protestas de la Primavera Árabe, que derivaron en la caída de Ben Alí, hace ya cinco años. Hoy los jóvenes relatan a los corresponsales de prensa que llegan a la sede de gobierno de Kasserine una serie de decepciones que se acumularon desde entonces: planes prometidos que nunca se ejecutaron, inversiones que no llegaron y puestos de trabajo que desaparecen.

Esto último es lo que le sucedió a Ridha Yahyaoui, según cuentan los jóvenes ocupantes: participó en un concurso para ser profesor, le dieron el trabajo, pero finalmente lo sacaron de la lista para darle el cargo al familiar de algún integrante del gobierno. Yahyaoui se subió a un poste de luz y murió electrocutado, no se sabe todavía si accidental o intencionalmente, el sábado 16.

Tal como sucedió en 2011, cuando una muerte llevó a que gran parte de la población tunecina se levantara contra el gobierno, la muerte de Yahyaoui sirvió como un disparador para las primeras protestas actuales, que fueron reprimidas con fuerza. Esa represión funcionó como un segundo detonante para que miles de jóvenes salieran a las calles en varias ciudades reclamando, sobre todo, empleo.

En la noche del miércoles al jueves hubo disturbios en las calles de Kasserine y fue linchado un policía, Sufian Busalmi, de 25 años. Al día siguiente, el gobierno anunció que extendería el toque de queda que ya estaba en vigor en Kasserine a todo el territorio nacional, de 22.00 a 5.00. Desde ese entonces, fueron detenidas más de 600 personas, la mayoría de ellas por violar el toque de queda. Además, hay denuncias de represión policial desmedida ante manifestaciones pacíficas que se realizaron durante el día.

Estas protestas son las mayores en Túnez desde la caída de Ben Alí, y muchos reclamos se vinculan con la falta de empleo. El desempleo llega a 15%, pero entre los jóvenes supera 30%, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que también indican que 62% de los universitarios tunecinos no tiene trabajo.

Amnistía Internacional informó en enero que en Túnez los derechos humanos se han supeditado a la seguridad y a la lucha contra el terrorismo, una amenaza que el gobierno puso sobre la mesa cuando, en estos días, pidió a los manifestantes que no realizaran más protestas. El portavoz del Ministerio del Interior, Walid Louguini, dijo que grupos terroristas planean aprovechar esta desestabilización que vive el país para llevar adelante atentados.

Los problemas económicos que impulsan a los manifestantes no son exclusivos de Túnez. En Egipto, otro país que tuvo su Primavera Árabe y donde también se derrocó a un presidente, Hosni Mubarak, hace cinco años, comparte esa inquietud, en particular desde que los países del Golfo anunciaron que podrían disminuir su ayuda como consecuencia de la baja en el precio del petróleo.

Mientras en Túnez el 11 de enero se conmemoró el aniversario del derrocamiento de Ben Alí, en Egipto el gobierno de Abdelfatah al Sisi ordenó que para el aniversario del comienzo de las protestas contra Mubarak el Ejército se desplegara en la simbólica plaza Tahrir y redoblara su presencia en las calles.