Al Nimr murió junto a otras 46 personas en el fusilamiento más grande registrado en casi cuatro décadas en Arabia Saudita. Este reino de mayoría sunita anunció el sábado la ejecución de 47 personas, en 12 ciudades, condenadas por pertenecer a grupos terroristas, cometer atentados en el país y adoptar y promover la ideología extremista sunita o takfiri. Los cargos incluyen, entre otros, asesinato, secuestro, fabricación de explosivos y posesión de armas.

Según informó el Ministerio del Interior, los ejecutados eran ciudadanos sauditas, excepto dos que provenían de Egipto y Chad. La mayoría, también, era sunita, y muchos fueron condenados por los ataques de Al Qaeda en el país en 2003, por atentar contra empresas petroleras y por los ataques contra el Ministerio del Interior, las sedes de las Fuerzas de Emergencia y un consulado estadounidense cometidos en 2005. Sin embargo, cuatro de los condenados, que integraban la minoría chiita -incluido Al Nimr- fueron ejecutados por disparar contra policías y “desobedecer a las autoridades”.

Al Nimr era una de las caras más visibles de la oposición contra los Al Saud, la familia real saudita, y había sido detenido en varias ocasiones en los últimos diez años. Sin embargo, la condena que lo llevó a la muerte surgió en los años 2011 y 2012, en plena Primavera Árabe, cuando asumió el liderazgo en las protestas antigubernamentales de la comunidad chiita y se convirtió en una figura admirada sobre todo por los jóvenes. Durante ese período, la minoría chiita, que abarca aproximadamente a 10% de la población saudita, se manifestó para denunciar su discriminación legal y pedir la liberación de sus detenidos sin juicio.

La pena capital para Al Nimr, que estaba preso desde 2012 por “disidente”, fue ratificada en marzo y criticada por múltiples organizaciones que trabajan por los derechos humanos y que hasta el sábado tenían la esperanza de lograr la absolución. Para Ali Adubisi, director de la Organización Europea-Saudita para los Derechos Humanos, la ejecución de Al Nimr muestra que “las autoridades sauditas no toleran ningún tipo de oposición ni de peticiones de reforma sin distinguir si se hacen de forma violenta o pacífica”. A su vez, la organización de derechos humanos británica Reprieve, que seguía de cerca el caso, aseguró que cuatro de los ejecutados, incluido Al Nimr, fueron eliminados por “motivos políticos”. Sin embargo, Osama al Nugali, portavoz del Ministerio de Exteriores saudita, no tardó en argumentar, en su cuenta de Twitter, que el castigo al líder no se impuso porque fuera chiita sino porque era un terrorista.

Las resistencias

Las reacciones ante la muerte del clérigo fueron inmediatas. La condena más dura surgió en Irán, el gran rival regional de Arabia Saudita y potencia del islam chiita, donde el rechazo se manifestó en todos los estratos. El más incisivo fue el líder supremo, Ali Jamenei, quien condenó el “injusto derramamiento de la sangre de este mártir inocente” y advirtió que los “políticos sauditas” se enfrentarán a un “castigo divino”. Por su parte, el portavoz de la cancillería iraní, Hosein Ansari, acusó al gobierno saudita de utilizar “el lenguaje de las ejecuciones y la represión con sus críticos internos, mientras apoya a los terroristas y a los extremistas sunitas”.

También habló la población iraní. Ayer las protestas contra la ejecución de Al Nimr en Teherán, la capital, desembocaron en el incendio de la embajada de Arabia Saudita en esa ciudad. Al cierre de esta edición, 40 personas habían sido detenidas por haber irrumpido en el edificio y haberlo atacado con cócteles molotov, lo que inició el incendio, informó el fiscal de Teherán, Abas Yafari Dolatabadí, a la agencia de noticias iraní Mehr.

El presidente de Irán, Hasan Rohani, calificó de “injustificable” el ataque a la embajada de Arabia Saudita, que “legítima y legalmente debe estar bajo la protección de la República Islámica de Irán”. También aseguró que el gobierno iraní “hará frente” a los actos “delictivos”, independientemente de la postura que tenga sobre las ejecuciones en Arabia Saudita.

Después de esos hechos, el gobierno saudita anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas con Irán. En conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Adel al Yubeir, acusó al “discurso oficial iraní” de actuar como “instigador de los ataques”, y dio 48 horas al personal diplomático de Irán para dejar Arabia Saudita. Además, acusó a Irán de ser un refugio seguro para los líderes de Al Qaeda desde 2001 y a su gobierno de estar involucrado en el contrabando de explosivos a países de la región para desestabilizarlos, informó la agencia de noticias Efe.

La ejecución de Al Nimr también sacudió otros vínculos de Arabia Saudita: en Irak, figuras políticas y religiosas llamaron a cortar relaciones con ese reino. El primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, calificó la ejecución del líder chiita como una “violación de los derechos humanos” que “tiene repercusiones en la seguridad, la estabilidad y el tejido social de los habitantes de la región”, mientras que el ex primer ministro Nuri al Maliki la consideró un “acto terrorista”.

El movimiento libanés Hezbolá también condenó lo que consideró un “grave error”, y lo atribuyó a la demanda por parte de Al Nimr de “derechos para una población oprimida”, en referencia a la minoría chiita en el país. Además, responsabilizó a Estados Unidos por la ejecución e instó a la comunidad internacional a condenar ese “crimen odioso” y a incluir a las autoridades sauditas en la lista de grupos terroristas.

Los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Baréin, en cambio, expresaron su apoyo a las medidas de Arabia Saudita para combatir el terrorismo. Pero lejos de la postura oficial, la población de Baréin mostró su descontento con la ejecución de Al Nimr. El sábado, después del rezo del mediodía, la mayoría chiita de este pequeño reino gobernado por una familia sunita se manifestó contra los Al Saud, mientras sacudía banderas con la cara de Al Nimr y quemaba neumáticos.

Para impedir las protestas, la Policía desplegó vehículos blindados y disparó municiones y gases lacrimógenos contra los manifestantes, según informó Efe. Después de los disturbios, el Ministerio del Interior anunció que aquellos que se pronuncien en contra del gobierno saudita serán castigados con una multa de 530 dólares o con una pena de hasta dos años de cárcel.