Dos años después de las protestas multitudinarias contra un sistema político corrupto que tenía como norte los intereses personales y corporativos y no las necesidades del país, los ucranianos consideran que la revolución no se convirtió en un cambio del sistema político, sino que sólo renovó las caras.

Petro Poroshenko y Arseni Yatseniuk fueron los nuevos rostros del gobierno ucraniano, el primero presidente y el segundo primer ministro. Yatseniuk renunció a mediados de año, después de que se organizaran movilizaciones en su contra y de que se lo acusara de responder a intereses privados. Si bien contra Poroshenko hay acusaciones similares, él mantiene su cargo.

En lugar de Yatseniuk asumió un político muy cercano al presidente, Vladimir Groisman, que hasta abril presidía el Parlamento. Esto implicó que el Bloque Petro Poroshenko, el partido que respalda al presidente, diera el último paso para concentrar todo el poder. Cuando Poroshenko fue electo presidente se comprometió a mantener alianzas con otros partidos opositores pro europeos y mantuvo su gobierno gracias a una alianza con Batkivschina, el partido de Julia Timoshenko y Yatseniuk, y el Frente Popular. Hoy esa coalición no se mantiene ni siquiera en el Parlamento, por lo cual sólo ocasionalmente el gobierno puede impulsar sus proyectos legislativos.

Los pedidos de renuncia a Yatseniuk se habían redoblado en febrero, cuando el ministro de Desarrollo Económico, Aivaras Abromavicius, que había tenido cierto éxito al impulsar reformas importantes en el país, presentó su renuncia. “No quiero participar en este saqueo”, dijo al anunciar su salida del Ejecutivo. La decisión de Abromavicius fue un empujón para que nueve embajadores -de países europeos y Estados Unidos, entre otros- publicaran una carta abierta en la que solicitaron que los líderes ucranianos “dejen de lado sus pequeñas diferencias, superen los intereses encubiertos que han impedido el progreso del país durante décadas e impulsen reformas vitales”.

La renuncia de Abromavicius destapó parte de la corrupción que persiste en el sistema político ucraniano pese a que ese punto era el principal reclamo de los manifestantes de Maidán. Él fue uno de los tres ministros extranjeros designados por un acuerdo entre Poroshenko, Yatseniuk y países europeos para hacer las reformas necesarias para ponerle freno a la corrupción y generar confianza en Europa. Abromavicius es lituano, el ministro de Finanzas es estadounidense y el de Salud es georgiano. Al renunciar, el ministro presentó un comunicado en el que denunció que, con el aval de Poroshenko, el vicejefe de la bancada del Bloque Petro Poroshenko, Igor Kononenko, condicionó su apoyo a las reformas en el Parlamento -necesario para que fueran aprobadas- a la designación de una persona cercana a él como viceministro. También denunció que las reformas que intentó impulsar, algunas dirigidas a luchar contra la corrupción y otras a modificar la estructura económica ucraniana, fueron “permanentemente bloqueadas” por el oficialismo mediante la infiltración de “personajes turbios” en el gobierno.

Abromavicius hizo de su renuncia una declaración de principios: “Me niego a trabajar en este sistema. Ni yo ni mi equipo estamos dispuestos a servir de tapadera para la renovación de viejos esquemas, ni para la creación de nuevos en interés de determinados jugadores de la política y los negocios [...] No deseamos ser una pantalla para la corrupción abierta ni marionetas controladas para los que desean, al viejo estilo de gobierno, establecer control sobre el dinero del Estado. No quiero ir a Davos, reunirme con inversores y socios extranjeros e informarles de nuestros éxitos cuando a mis espaldas los asuntos se resuelven en interés de individuos particulares”.

La salida de Abromavicius empeoró la situación del gobierno, que enfrentó nuevas protestas que reclamaban el fin de la corrupción y el respeto por los principios de las protestas de Maidán. Estas resultaron en la renuncia de Yatseniuk, señalado por muchos como el continuador del sistema corrupto en el Ejecutivo. Sin embargo, tanto en ese entonces como ahora también se reclama la salida de Poroshenko. Esos reclamos en su contra se intensificaron cuando se terminó de desarmar la coalición, con la salida de Yatseniuk, y cuando se conocieron los Panama Papers, en los que su nombre aparece involucrado a varias empresas offshore. El presidente es la cuarta persona más rica de Ucrania, según la declaración jurada que presentó meses atrás obligado por la nueva Ley de Transparencia, una de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional para seguir entregándole préstamos a Ucrania, y que fue impulsada por Abromavicius.

Pero ni las protestas ni las reformas llevaron a que mejorara la situación, mientras la economía sigue empeorando. Se estima que Ucrania terminará 2016 con una inflación de 300%, y el Fondo Monetario Internacional, que aprobó un préstamo para este país ni bien cayó Yanukovich, ya advirtió que si no se hacen las reformas necesarias en lo poco que queda del año es posible que no pueda seguir entregándole dinero. En este contexto, el gobierno ha tomado medidas antipopulares, como el aumento de las tarifas del gas y el congelamiento de las prestaciones económicas a quienes dependen del Estado -incluidos funcionarios, jubilados y pensionistas-.

Las elecciones locales celebradas a fines de octubre hicieron que estos reclamos se redoblaran, con múltiples denuncias de fraude e irregularidades cuyas investigaciones todavía no concluyeron.

Poroshenko se defiende ante los cuestionamientos culpando a la guerra, que continúa en el este del país.

Lo mismo que ayer

A mediados de octubre hubo una reunión de lo que se conoce como el Cuarteto de Normandía -Alemania, Francia, Rusia y Ucrania-, en la que se buscó reimpulsar los Acuerdos de Minsk, firmados en setiembre de 2014 y febrero de 2015. El principal resultado de la reunión fue reafirmar que no es viable ninguna de las alternativas que manejan Ucrania y Rusia para la situación que mantienen en la frontera desde la salida de Yanukovich del poder. Desde ese entonces las provincias pro rusas Donetsk y Lugansk, conocidas ahora como Donbás, se autoproclamaron independientes. Sus milicias, que según denuncia Ucrania están apoyadas por Rusia, y el Ejército ucraniano se enfrentan desde ese entonces en un conflicto que ya causó la muerte de más de 10.000 personas desde febrero de 2014.

En los Acuerdos de Minsk se incluyó un alto el fuego que en forma esporádica se ve suspendido por enfrentamientos puntuales. Según organizaciones civiles, el número de muertes civiles es de entre dos y cinco por mes. Las bajas son más habituales entre los líderes de la revuelta, varios de los cuales han muerto en episodios aislados en los últimos meses. El último de ellos fue el ruso Arsén Pavlov, que lideraba un batallón de milicias rebeldes en Donetsk y murió en un elaborado atentado en un ascensor.

La salida de la situación está incluida en los Acuerdos de Minsk, las diferencias están en cómo implementarla. En el texto se prevé que el Parlamento ucraniano impulse reformas para que Donbás cuente con una autonomía mayor que la de otras provincias. Sin embargo, Kiev asegura que es necesario que se cumpla totalmente el alto el fuego durante tres meses y que comience un proceso de desmilitarización en la zona para comenzar a impulsar esas reformas. Rusia, que defiende los intereses de Donbás en las negociaciones, considera que primero Kiev debe avanzar con las reformas, para generar confianza en los rebeldes, y, recién ahí, tendría lugar la desmilitarización.

En todo caso, la recuperación de esos territorios debe hacerse contrarreloj, consideró en declaraciones a periodistas el viceministro ucraniano que supervisa la situación de Donbás, Georgui Tuka, ya que en los hechos la integración de esos terrenos con Rusia es cada vez mayor. De hecho, el “canciller” de Donbás, Alex Kofman, incluso ahora niega la voluntad de estas regiones de volver a estar bajo gobierno ucraniano. “Este es un proceso de dos fases, una primera de independencia, y otra después de integración en el espacio ruso”, indicó Kofman a El País de Madrid. Hasta ahora Rusia no ha mostrado interés en anexionar Donbás unilateralmente, como hizo con Crimea.

Mientras las negociaciones políticas continúan, en Donbás la moneda que se usa es el rublo ruso y no la grivna ucraniana, en las escuelas se enseña el programa educativo ruso y no el ucraniano, y los diarios que se venden en las calles no son los de Kiev sino los de Moscú.

Cuestión de perspectiva

Mientras enfrenta múltiples cuestionamientos en el interior de su país, Poroshenko hace todo lo posible por no perder ninguno de los apoyos que tiene en el extranjero, aunque cada vez son menos frecuentes las visitas de autoridades de los países que lo siguen apoyando. Por eso la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos generó un sismo en el gobierno ucraniano, que rápidamente salió a insistir en lo importante que es el apoyo estadounidense para la estabilidad del país y a decir que “confía” en que Trump mantendrá la política de la administración de Barack Obama durante su mandato.

Durante la campaña electoral Trump dijo que “podría” reconocer a Crimea como parte del territorio ruso, algo que generó múltiples críticas en la clase política ucraniana, que las volcó en las redes sociales, según informaron medios rusos, que también indicaron que esas publicaciones fueron borradas cuando se supo que el empresario sería el próximo presidente de Estados Unidos.

En un comunicado, el Ejecutivo ucraniano felicitó a Trump por su victoria, a la que definió como “símbolo de una auténtica democracia, en la que hasta el último momento no se conocen los resultados”. También manifestó que “espera” que ambos países continúen cooperando “en la lucha de Ucrania contra la agresión rusa y por la libertad, la independencia y el restablecimiento de la soberanía e integridad territorial”.

Sin embargo, la intención de Trump de mantener buenas relaciones con Rusia hace que parezca poco probable que el republicano acceda a algunos de los pedidos que Ucrania venía planteando a Estados Unidos, principalmente el que se dirigía a que Washington suministrara armas a Kiev para la guerra en el este del país, algo a lo que incluso Obama se había negado.