La semana pasada la empresa brasileña Odebrecht y otra con la que está vinculada, Braskem, llegaron a un acuerdo con la sección Fraudes del Departamento de Justicia estadounidense. En ese marco, reconocieron que violaron leyes de Estados Unidos al pagar coimas en otros 12 países. Odebrecht, indica el texto del Departamento de Justicia, “pagó cientos de millones de dólares en sobornos a un alto número de funcionarios de alto nivel durante 15 años”. El objetivo era influir en las decisiones de esos funcionarios, incluso induciéndolos a violar las leyes de sus países, para asegurarse ventajas indebidas a la hora de obtener contratos públicos.

Como parte del acuerdo, las empresas se comprometieron a despedir a 51 trabajadores y a advertir a otros 26, todos ellos involucrados en mayor o menor medida en estas prácticas, y a aumentar y mejorar su estructura interna dirigida a la transparencia. Odebrecht se compromete a aceptar una extensa y detallada supervisión de sus acciones por parte de Estados Unidos dirigida a confirmar que cumpla con su parte del acuerdo. Si lo cumple, la sección Fraudes del Departamento de Justicia se compromete a “no presentar cargos criminales” en su contra, aunque sí lo pueden hacer otras divisiones de ese departamento.

En la última parte del acuerdo, cuyo texto fue divulgado la semana pasada, se detalla que entre 2001 y 2016 Odebrecht sobornó a funcionarios, partidos y dirigentes políticos “para asegurar una indebida ventaja e influenciar” a esos dirigentes “a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”. La empresa pagó “aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos vinculados a más de 100 proyectos en 12 países”: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. El país que recibió más dinero de soborno fue Brasil: 349 millones de dólares.

El acuerdo incluye la mayor y más detallada explicación de cómo operó Odebrecht. La empresa pagó sobornos en forma directa, así como mediante Braskem y tres empresas fantasmas que operaban fuera de Brasil. Creó el Departamento de Operaciones Estructurales, que “funcionó como un departamento de corrupción”, y utilizaba un sistema de comunicaciones específico, Drousys, en el que se usaban alias.

“Odebrecht y sus coconspiradores crearon y financiaron una estructura financiera secreta” que contó con la cooperación del sistema bancario estadounidense, indica el texto. Por ejemplo, una de las empresas offshore utilizadas para el pago de coimas operaba desde Estados Unidos. Mediante esa contabilidad paralela se hacían esos pagos -para los cuales el dinero llegaba por el cobro de sobreprecios, sin registros- y el desvío de fondos desde las empresas subsidiarias. Para mover esa plata se utilizó una larga lista de empresas fantasmas que a veces recurrían a contratos ficticios para justificar el movimiento. Los pagos de los sobornos se hacían en efectivo o mediante el depósito en una cuenta que no fuera del beneficiario, sino de una persona de su confianza.

Multinacional

En los últimos 15 años Odebrecht se expandió en varios países de América Latina y algunos de África, aumentando su presencia en la construcción de obra pública. Según el acuerdo firmado en Estados Unidos, el primer país en el que la firma pagó sobornos fue República Dominicana, en 2001, y en 2016 sus actividades ilícitas continuaban únicamente en Ecuador.

Si se ordenan los países de acuerdo con la cantidad de dinero recibido en coimas, la lista queda conformada con Venezuela a la cabeza (98 millones de dólares), República Dominicana (92), Panamá (59), Angola (50), Argentina (35), Ecuador (33,5), Perú (29), Guatemala (18), Colombia (11), México (10,5) y Mozambique (900.000 dólares). En todos los casos el objetivo de Odebrecht era asegurarse los contratos de obra pública, que le otorgaron beneficios por más de 1.400 millones de dólares.

Desde que se hizo público el informe del Departamento de Justicia, políticos y sistemas judiciales latinoamericanos piden más información para investigar esos casos.En algunos países el gobierno cambió, y en otros se mantiene. Este es, por ejemplo, el caso de Venezuela, donde los supuestos sobornos se pagaron entre 2006 y 2015, cuando ya gobernaba el Partido Socialista Unido de Venezuela. Allí la Asamblea Nacional, ahora dominada por la oposición, conformó una comisión que investigará si hubo corrupción en el otorgamiento de contratos a Odebrecht por las obras en líneas de trenes subterráneos en Caracas y alrededores y por las de construcción de dos puentes. El gobierno y la Justicia no hicieron anuncios al respecto.

La situación es distinta en Guatemala, donde el presidente Jimmy Morales anunció que se investigaría todo acto de corrupción ni bien se dieron a conocer los supuestos sobornos de Odebrecht, que se concentran en el período 2013-2015, mientras gobernaba el ahora opositor Otto Pérez Molina, que está en prisión preventiva por corrupción.

Panamá pidió información a Estados Unidos sobre los supuestos sobornos efectuados entre 2009 y 2014, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Ayer la Contraloría General ordenó auditar por sospechas de enriquecimiento injustificado a Carlos Ho González, quien fue director de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas en el período investigado.

En Argentina los hechos reconocidos por Odebrecht habrían ocurrido entre 2007 y 2014, durante los gobiernos kirchneristas. El entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, negó en su cuenta de Twitter haber recibido sobornos. Lo hizo después de las revelaciones que también preocupan al gobierno de Mauricio Macri, ya que la empresa de su primo Ángelo Calcaterra estuvo asociada en varios emprendimientos a Odebrecht. La Oficina Anticorrupción pidió información a Brasil y Estados Unidos para iniciar investigaciones.

Mientras tanto, en Ecuador, donde las coimas habrían sido pagadas en los anteriores gobiernos de Rafael Correa, la noticia fue aprovechada por la oposición para anunciar que intentará llevar adelante un juicio político contra el vicepresidente y candidato a la reelección para las elecciones de 2017, Jorge Glas, ya que él es el responsable de la obra pública en Ecuador. El oficialismo es mayoría en el Parlamento, por lo que se considera poco probable que la oposición logre concretar el juicio. Por su parte, el gobierno emitió un comunicado en el que informó que investigará las denuncias, pero no permitirá que sean selectivas ni sesgadas contra el oficialismo.

En Perú ya se investigaba si Odebrecht pagó sobornos a jerarcas para asegurarse contratos de obra pública, pero estas indagatorias recaían exclusivamente sobre el gobierno de Ollanta Humala y específicamente sobre su esposa, Nadine Heredia, que según una denuncia recibió dinero de la constructora brasileña. Sin embargo, Odebrecht reconoció en Estados Unidos que sobornó durante los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo, por lo cual se abrirá una nueva investigación, comunicó la Fiscalía.

En República Dominicana, Colombia y México los gobiernos anunciaron que se abrirán investigaciones en base a las revelaciones. A diferencia de los otros dos casos, en Colombia y México la corrupción alcanzó a los actuales gobiernos y sus antecesores.

En el caso de Brasil, los sobornos se investigan desde hace dos años, vinculados con el caso Petrobras. Decenas de funcionarios dieron sus testimonios en el marco de un acuerdo entre la empresa y la Justicia, y dos de esos testimonios -que se comenzarán a estudiar en febrero y que divulgó la prensa de Brasil- involucran al presidente Michel Temer.