Martelly abandonó ayer la presidencia de Haití, después de un mandato de casi cinco años salpicado por protestas sociales violentas, denuncias de fraude y corrupción, una economía que se mantuvo como la más pobre del continente -según datos del Banco Mundial- y un proceso electoral que todavía no terminó y que seguirá más allá de su salida. “Hoy es un día difícil, pero tenemos que unirnos para enfrentar las dificultades. Somos un pueblo valiente, un pueblo que tiene honor y una historia importante para el mundo”, dijo Martelly en su último discurso como presidente. “Desde el terremoto [de 2010] quería servir a mi país; cinco años después, estoy listo para comparecer ante el tribunal de la historia”, sostuvo. Insistió en que no se irá del país -como han hecho varios ex presidentes- y pidió a los haitianos que luchen “contra la demagogia y el espíritu de violencia”.

Lo que viene ahora aún no está muy claro. Un día antes de abandonar el poder, Martelly y los titulares de la Cámara de Diputados, Cholzer Chancy, y de Senadores, Jocelerme Privert, firmaron un acuerdo para la salida de la crisis política. El pacto propone que se establezca por 120 días un gobierno de transición que prepare al país para realizar el 24 de abril la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que debería haberse llevado a cabo el 24 de enero, pero fue suspendida por las protestas que surgieron tras las denuncias de irregularidades. Según el acuerdo, el nuevo presidente haitiano asumiría el 14 de mayo. La idea de los firmantes es elegir un presidente interino pero conservar el gabinete ministerial, incluido el primer ministro, Evans Paul. Aunque no precisó fechas, Privert explicó a la agencia de noticias AFP que la primera medida será, desde el Parlamento, “pedir al primer ministro y al gobierno que se mantengan en el cargo”, y la segunda, elegir al presidente de transición. En este punto, el acuerdo plantea que cualquier “personalidad política” puede presentarse ante el Parlamento para presentar su candidatura. Antes de dejar la presidencia, Martelly había sugerido a Privert o al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jules Cantave, para ocupar ese puesto temporalmente.

El acuerdo ratificado el sábado no le gustó nada a la oposición, aglomerada en el Grupo de los Ocho (G8): “Este supuesto acuerdo intenta validar las elecciones de 2015 como si hubieran sido regulares, sin tener en cuenta las protestas populares que llevaron a numerosas bajas en el pueblo y a que se produjeran fracturas en la sociedad. Se trata de una provocación, de un desprecio inaceptable de los firmantes de este supuesto acuerdo hacia las masas populares, los campesinos y las clases medias”, expresó el bloque opositor en un comunicado que divulgó el sábado el diario haitiano Le Nouvelliste. El grupo señaló, además, que el presidente interino no debería ser elegido por el Parlamento, como plantea el documento, porque el Legislativo es “parte del problema”, y también rechazó la continuidad del primer ministro, al considerar que debería ser sucedido por alguien elegido por la “clase política”. “El Parlamento es parte de la crisis y no puede, en consecuencia, decidir sobre su solución. Este supuesto acuerdo es la posición de un sector de la comunidad internacional, con el apoyo de las clases dominantes y sus sirvientes, e intenta validar sin problemas las elecciones de 2015 sin ninguna consideración por lo que reclama el pueblo”, dice el comunicado.

La oposición recalcó que el objetivo principal del gobierno de transición debe ser garantizar la paz, crear una comisión que investigue las irregularidades cometidas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre y crear un clima de confianza que permita celebrar una segunda vuelta de manera “libre” y “democrática”. El G8 también sostiene que el acuerdo no tiene fundamentos reales: primero, porque los presidentes de las dos cámaras tomaron una decisión “sin consultar antes el voto de la mayoría”, y segundo, porque los acuerdos políticos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo “no están previstos en la Constitución” haitiana.

Minutos después de anunciado el acuerdo, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que su misión mediadora en Haití, que comenzó el domingo 31 de enero, había llegado a su fin. “La situación en Haití es excepcional y eso obligó a soluciones excepcionales. Estamos satisfechos de que las partes interesadas se hayan comprometido con la democracia, la paz y la estabilidad, en medio de un vacío constitucional creado por la ausencia de un presidente electo para reemplazar a Martelly”, dijo en un comunicado Ronald Sanders, representante de Antigua y Barbuda en el Consejo Permanente de la OEA y jefe de la delegación que visitó Haití.

Martelly también valoró el acuerdo y consideró que el sábado fue un día “muy importante” porque se alcanzó un acuerdo “entre todos”, no “para ganar” sino para “buscar soluciones para el país”. “La historia juzgará nuestras decisiones”, agregó. Mientras el entonces presidente elogiaba el flamante acuerdo, las calles de Haití eran escenario de duras protestas por parte de miles de personas que querían verlo afuera del cargo. “Cada acto de violencia es un paso hacia atrás para el país”, señaló Martelly, dirigiéndose especialmente a la oposición.

Lo que pasa afuera

Mientras oposición y oficialismo discutían el futuro político del país puertas adentro, distintos sectores de la sociedad civil salieron a las calles de Haití a manifestarse. La gran mayoría, convocada por la oposición, protestaba contra Martelly y reclamaba elecciones libres, transparentes y democráticas. La minoría manifestó su apoyo a quien abandonaba la presidencia, con remeras que pregonaban: “Je suis Martelly” (Yo soy Martelly).

Los hechos más violentos tuvieron lugar el viernes, cuando un grupo de ex militares -armados y en moto- invadieron las calles para imponer “orden”. En su recorrido por la capital haitiana, Puerto Príncipe, los antiguos soldados se cruzaron con un grupo de opositores y se produjeron disparos. En este enfrentamiento, un ex militar falleció. La agencia de noticias Reuters y Le Nouvelliste informaron que el muerto, identificado como Raphaël Néron Ciceron, de 78 años, cayó tras ser lapidado por una “turba”. Los medios locales explicaron que la población vio con “temor” la actitud de los ex militares, cuya imagen recordó a muchos el golpe de Estado de 2004, que derrocó a Jean-Bertrand Aristide. Para el ministro de Defensa, Lener Renauld, sin embargo, los ex combatientes “son ciudadanos de pleno derecho” y pueden manifestarse, “no importa cuándo ni cómo”.