La mayor de los hermanos Fujimori, líder del conservador partido Fuerza Popular, encabeza las encuestas de intención de voto prácticamente desde que se postuló para la presidencia de Perú, en noviembre. Por eso nunca previó que su liderazgo podría verse amenazado por el ex ministro Julio Guzmán a tan pocas semanas de las elecciones del 10 de abril. Sobre todo porque, en enero, Guzmán -candidato por el partido Todos por el Perú-, contaba con 5% de apoyo.

Sin embargo, un sondeo realizado por la empresa Ipsos, difundido el domingo por el diario peruano El Comercio, concluyó que Fujimori y Guzmán definirían la presidencia de Perú en un balotaje. Los dos llegarían a esta instancia, prevista para el 5 de junio, ya que ninguno obtendría más de la mitad de los votos necesarios para ganar en primera vuelta.

Keiko, hija del ex presidente Alberto Fujimori, sigue como favorita con 30% de intención de voto, y Guzmán cuenta con un apoyo de 18%. Los porcentajes en las encuestas muestran una leve caída en el respaldo a la candidata y un rápido ascenso del ex ministro. Según el mismo estudio, el balotaje terminaría con un empate técnico entre Fujimori, que obtendría 45% de los votos, y Guzmán, que lograría 43%.

Gane quien gane, las dos opciones que dominan las encuestas son de derecha. Guzmán quiso desmarcarse de ese lado del espectro político y se presenta como un “reformista de centro”. El dirigente ganó adhesiones con un discurso centrado en criticar a la clase política tradicional del país y a la corrupción. Para el presidente de la consultora Ipsos en Perú, Alfredo Torres, gran parte del crecimiento de Guzmán tiene que ver con la caída de sus rivales.

Desplazado por este candidato, el economista y ex ministro Pedro Pablo Kuczynski -que en algún momento fue el segundo favorito- se ubica ahora en tercer lugar, con 9% de apoyo. En el cuarto puesto, con 6% de intención de voto, quedó el empresario César Acuña, afectado por una serie de denuncias políticas y profesionales.

Por otro lado, la opción oficialista, Daniel Urresti, se mantiene abajo con 3% de respaldo y los partidos de izquierda apenas figuran en las encuestas.

Denuncias y sospechas

Las denuncias contra Acuña, y un proceso al que se tuvo que enfrentar el partido de Guzmán, Todos por el Perú, pusieron en peligro las candidaturas de dos de los dirigentes más populares. Por un lado, Todos por el Perú tuvo que enfrentarse a un fallo del Registro de Organizaciones Políticas, ratificado por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, que rechazaba la inscripción del partido por supuestos incumplimientos de sus propios estatutos partidarios.

El miércoles, finalmente, el Jurado Electoral Especial de Lima -ente encargado de admitir a los candidatos a la presidencia- dio el visto bueno a su inscripción, argumentando que las objeciones presentadas quedaban “subsanadas” con la información que presentó el partido el domingo. También argumentó que se privilegió el “derecho a la participación política del partido”, según expresó el presidente del organismo, Manuel Miranda. De esta forma, Guzmán volvió a la competencia.

Para Acuña, en cambio, la situación es más complicada. El lunes, el Jurado Electoral Especial de Lima decidió abrir un proceso para excluir su candidatura presidencial por una supuesta compra de votos, que de confirmarse vulneraría el artículo 42 de la ley de organizaciones políticas que prohíbe la entrega de “dádivas o dinero” a los votantes.

El proceso se basa en dos hechos que salieron a la luz el domingo 14, en un programa que se emite por el canal estatal, en el que los periodistas denunciaron que el candidato del partido Alianza para el Progreso entregó alrededor de 2.800 dólares en efectivo a la asociación de comerciantes Señor de los Milagros del distrito de Chosica, en Lima, y cerca de 1.400 dólares a un agricultor que vive en la región de Piura, al noroeste del país, con la intención de ganar sus votos.

A raíz de esta denuncia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales inició un proceso contra Acuña y le anunció que sería sancionado con una multa de unos 112.000 dólares porque cometió “una infracción grave”. El dirigente reconoció haber entregado dinero pero como donación para personas necesitadas, y el miércoles presentó sus alegaciones ante la presunta vulneración del artículo 42 de la ley de organizaciones políticas. Ahora espera el fallo del Jurado Electoral Especial, que posiblemente se emita hoy. Después de conocerse el proceso de exclusión contra Acuña, el candidato a la segunda vicepresidencia de Alianza para el Progreso, Humberto Lay, informó su renuncia “por motivos estrictamente personales”. No está claro si en la decisión influyó o no el proceso abierto contra Acuña.

El Jurado Electoral Especial de Lima también investigará a Acuña por la presunta entrega de información falsa sobre su domicilio y estudios escolares, según una disposición difundida el martes por el Jurado Nacional de Elecciones. Estas dos denuncias se suman a las que Acuña enfrenta hace meses por el plagio de un libro completo y por haber plagiado fragmentos en la tesis con la que obtuvo su doctorado en Educación.

El caso del plagio ya se discutía y volvió a ser noticia el miércoles, cuando el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, un organismo del Jurado Nacional de Elecciones, después de investigar las denuncias al respecto, concluyó que Acuña “carece de idoneidad ética” para ejercer el cargo al que se postula. El dirigente, que además es dueño de varias universidades privadas, incumplió “el compromiso 13 del Pacto Ético Electoral”, explicó el organismo. La directiva de Alianza para el Progreso respondió con un comunicado en el que afirma que no corresponde al Tribunal de Honor declarar “si un candidato presidencial o congresal carece o no de idoneidad ética para postular al cargo”, y que sólo la Constitución Política y la legislación electoral tienen esa potestad. En el último sondeo de Ipsos, 73% de los consultados opinó que Acuña debería renunciar a su candidatura presidencial si se comprueba que plagió.

También el miércoles, el Jurado Electoral Especial de Lima abrió un proceso de investigación a los candidatos al Congreso peruano Kenji Fujimori de Fuerza Popular -el partido de su hermana-, José Luna de Solidaridad Nacional y Renzo Reggiardo de Perú Patria Segura por sospechas de que pagaron sobornos a terceros mediante distintos regalos durante la campaña.