El gobierno y todos los partidos políticos de la oposición llegaron a un acuerdo para empezar a aplicar el nuevo Código del Proceso Penal en 2017. La reforma del sistema procesal es una de las medidas que anunció el presidente Tabaré Vázquez el día de su asunción, pero su implementación fue puesta en duda debido a problemas presupuestales. “Los juicios en Uruguay son lentos, engorrosos, y generan situaciones injustas para las víctimas, los acusados, los procesados y los condenados, es decir, una cantidad de personas que a diferencia de los militares, no tiene ninguna capacidad de presión.
Ante la disyuntiva de bajar las jubilaciones a los militares o dejar el Código del Proceso Penal tal como está, lógicamente había que inclinarse por lo segundo”, declaró la semana pasada el presidente Tabaré Vázquez. Pero finalmente se arribó a una solución intermedia. El nuevo sistema comenzará a aplicarse en 2017, pero en esta primera instancia será solamente en algunos departamentos. “Es un paso muy importante para esta reforma. Es cierto que se puede reeditar lo que ocurrió con la implementación de sistemas de videovigilancia en ciertos barrios, que llevó a que los delincuentes se desplazaran a los barrios en donde no hay cámaras. Es de sentido común que los delincuentes van a comenzar a delinquir en los departamentos en los que la Justicia funciona peor. Pero si elegimos bien los departamentos, o sea, si lo aplicamos en Montevideo, Maldonado, Colonia y algún par más en donde vive la gente bien, el efecto podría ser hasta positivo”, aseguró el mandatario.
Desde el Congreso de Intendentes reclamaron que la instauración del nuevo sistema sea “justa”. “Que se haga un estudio serio para determinar en qué departamentos sería más apropiado comenzar la reforma. O un sorteo. Pero si nuestros departamentos se van a llenar de chorros, que no sea por una medida discrecional”, manifestaron.