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Internacional | Lunes 16 • Enero • 2017

Manifestación en apoyo al pueblo mapuche, frente al podio del rally Dakar, el sábado, en Buenos Aires. Foto: Eitan Abramovich, AFP
Manifestación en apoyo al pueblo mapuche, frente al podio del rally Dakar, el sábado, en Buenos Aires. Foto: Eitan Abramovich, AFP

Organismos de derechos humanos denuncian violenta represión policial contra comunidad mapuche en Argentina

Distintas organizaciones civiles argentinas repudiaron la brutal represión que sufrió la semana pasada la comunidad mapuche de la localidad de Cushamen, en la provincia sureña de Chubut. Los operativos liderados por las fuerzas de seguridad, que se repitieron tres veces en dos días, dejaron un saldo de diez mapuches heridos -dos en estado grave- y diez detenidos.

Integrantes de la comunidad mapuche Lof, en Resistencia Cushamen, denunciaron haber sido agredidos por funcionarios de la Policía de Chubut y de la Gendarmería Nacional, en el marco de un operativo que tenía como objetivo desbloquear las vías del tren turístico conocido como La Trochita, que recorre la Patagonia argentina. Los mapuches cortaron hace más de un mes esas vías, para reclamar tierras que consideran suyas, pertenecientes a sus ancestros, y que están en manos de la multinacional textil italiana Benetton desde 1991. Aunque desde hace varios años se intenta resolver la disputa en la Justicia, el grupo mapuche resolvió regresar a esas tierras en marzo de 2015 y asentarse en una parte del territorio -de casi un millón de hectáreas- que compró el empresario Luciano Benetton.

Los mapuches de Cushamen sostienen que el primer ataque tuvo lugar el martes de mañana, cuando 200 funcionarios de la Policía y la Gendarmería ingresaron con una orden firmada por el juez federal Guido Otranto para “despejar las vías de La Trochita” e “identificar” a las personas que viven ahí, según explicó Jaquelin Marin, una vocera de la comunidad, al diario argentino Página 12.

Pero fueron más allá de lo que establecía la orden de allanamiento. Los funcionarios entraron “tirando balas de goma”, golpearon “salvajemente” a los hombres, y a las mujeres las “arrastraron de los pelos” y las esposaron, relató Soraya Maicoño, otra integrante de la comunidad, a la agencia de noticias Télam. Ellas estuvieron esposadas durante más de cuatro horas, hasta que un abogado presentó un recurso de habeas corpus y fueron liberadas. En ese primer operativo terminaron detenidos tres mapuches por los delitos de abigeato, obstrucción de las vías de tren y resistencia al arresto.

El martes de tarde, la Policía de la provincia llevó a cabo otro allanamiento por un supuesto robo de animales, con una orden dispuesta por el juez de Chubut José Colabelli. Según dijo Marin, la Policía se llevó 15 caballos, a pesar de que ellos tenían “todos los papeles” para demostrar que no eran robados.

Más tarde, dos miembros de la comunidad mapuche y otras cinco personas que se sumaron para ayudar decidieron ir a recuperar los animales. Sin embargo, fueron interceptados por las fuerzas de seguridad, que les pegaron y los llevaron detenidos. “Los persiguieron a los tiros, los encerraron en la ruta, los terminaron cazando en el viejo hospital de El Maitén. Ahí les pegaron. Les plantaron bombas molotov en una de las camionetas. Uno de los camiones de la Policía tiene impactos de calibre 22 que, creemos también, es prueba plantada”, dijo el abogado que representa a esas siete personas, Edgardo Manosalva, miembro de la organización civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. “Fue una cacería”, agregó. Manosalva dijo, en declaraciones recogidas por Página 12, que sus clientes son acusados de abigeato y resistencia a la autoridad, y que el caso contempla que también se investigue el accionar de la Policía.

El tercer ataque, que también fue el más violento, tuvo lugar el miércoles de noche. “Paró una camioneta de la que bajaron diez efectivos con armas largas y empezaron a disparar al grito de ‘hay que matar a alguno’”, dijo Maicoño. En esta ocasión, ni siquiera tenían una orden judicial. Diez miembros de la comunidad resultaron lastimados. Dos de ellos se encuentran en estado grave: Fausto Huala, que está internado en terapia intensiva debido a que varias balas de goma impactaran en su cabeza, y Emilio Jones, que quedó con la mandíbula rota al recibir el impacto de una bala de plomo en el cuello.

El gobernador de Chubut, Mario das Neves, dijo a la prensa local que fueron los mapuches quienes “le tiraron piedras a un helicóptero que iba a apagar un incendio en el predio que ellos ocupan”. Además, aseguró que cuando la Policía provincial se retiraba del lugar “le dispararon, con armas de fuego, no con gomeras, y las piedras son cada vez más grandes”. También aclaró que fue el juez Otranto quien emitió la orden para desalojar las vías de tren, en un intento por pasarle la factura al gobierno nacional.

También el jefe de la Policía de Chubut, Juan Ale, defendió el accionar de sus funcionarios. “La Policía fue atacada, resultaron tres empleados policiales de la Infantería con contusiones, se usaron postas para defenderse de los ataques con piedras”, dijo. A su vez, el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Durán, dijo que los mapuches de Cushamen son “terroristas” y “delincuentes”.

Por su parte, el gobierno argentino expresó su “preocupación” por lo sucedido e instó a una “solución pacífica del conflicto con mapuches” mediante la conformación de una “mesa de diálogo y negociación”, en palabras del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. El funcionario dijo que trabaja con los ministerios del Interior y de Seguridad para “intentar encontrar rápidamente una solución”.

Pocas horas después de que Avruj emitiera el comunicado, el gobierno del Chubut anunció un acuerdo sellado con representantes de comunidades mapuches para “entablar una mesa de diálogo y trabajo” y comprometerse a “preservar la paz social”. Entre los firmantes del acuerdo aparecen integrantes de varias comunidades mapuches argentinas, pero no figura ningún miembro de Lof en Resistencia Cushamen.

En reacción

Por otra parte, 12 organismos de derechos humanos repudiaron el viernes los actos represivos en un comunicado en el que exigieron al presidente argentino, Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a Das Neves garantías para el cese del hostigamiento. “Los recientes hechos de violencia de los que fueron víctimas los integrantes de la comunidad [mapuche] son expresión de un Estado federal que no estuvo dispuesto a resolver el conflicto territorial de fondo y alimentó, en cambio, su abordaje represivo”, afirman en el documento organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Servicio Paz y Justicia.

Además, advirtieron del mecanismo de estigmatización del gobierno llevado adelante por unas fuerzas de seguridad que “vienen ejerciendo operativos de control y represión sobre la comunidad, cercando los asentamientos como zona liberada para el accionar de las fuerzas represivas, con evidente criminalización de la protesta social”.

Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, viajó a Chubut junto a otros activistas para conocer de primera mano las condiciones de los detenidos y los demás mapuches. “La represión nos avergüenza y nos produce un gran dolor, porque atacaron a personas que están defendiendo sus tierras usurpadas por las empresas extranjeras. No hay ningún país en el mundo que haga con sus tierras lo que se hace en la Argentina; este gobierno y el otro, y el anterior”, dijo Cortiñas.

También Amnistía Internacional Argentina repudió la represión contra el pueblo mapuche, y dijo que estos hechos se dan “en un contexto de creciente criminalización de la protesta y particularmente de estigmatización del pueblo mapuche”. La directora ejecutiva de la filial argentina de la organización, Mariela Belski, dijo que “la orden emitida no encuentra correlato con los hechos de la realidad”, y condenó “la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en el territorio”. Concluyó: “La opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”.


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