La Conabúsqueda empezará afuncionar en 2018, probablemente en enero, aunque la fecha todavía no está confirmada. Lo que sí se sabe es que dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, que proveerá los recursos necesarios para su funcionamiento, y que estará conformada por tres comisionados. Uno de ellos será nombrado por el presidente, Salvador Sánchez Cerén, y los otros dos serán escogidos por el mandatario a partir de una lista de seis candidatos propuestos por organizaciones de víctimas de desapariciones forzadas.

La “finalidad esencial es investigar y determinar el paradero y la situación de las víctimas adultas de la desaparición forzada durante el conflicto armado interno en El Salvador y propiciar el reencuentro con su familia o la restitución de sus restos”, afirmó el presidente Sánchez Cerén al aprobar el decreto que selló la creación de la comisión especial. Así, los familiares de los desaparecidos podrán “cerrar sus heridas”, dijo.

De acuerdo con el mandatario, el Estado salvadoreño reafirma, con la conformación de esta comisión, “su profundo compromiso de saldar la deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas en el país”, para que “ese triste capítulo” de la historia no se repita. Es “otro paso importante en el camino de la verdad y dignificación de las víctimas”, agregó.

Es un paso que tardó en llegar. El 16 de enero de este año se cumplieron 25 años de la firma de los acuerdos de paz que dieron fin a la guerra civil en El Salvador, un conflicto que dejó 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos, según datos oficiales, aunque organizaciones civiles calculan que fueron 10.000. La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes durante ese período, concluyó que la mayoría de los desaparecidos fueron detenidos o secuestrados por fuerzas estatales y probablemente asesinados. Muchos fueron enterrados en fosas secretas y a sus familiares se les negó toda información. “Excepto por un puñado de casos, la mayoría no ha sido resuelta hasta hoy por la Justicia salvadoreña”, dijo Leonor Arteaga, experta en justicia transicional en la Fundación para el Debido Proceso, en una columna publicada por el diario madrileño El País.

Más allá de la Comisión de la Verdad, faltaba una política nacional para que determinara el paradero de las personas desaparecidas. La Conabúsqueda nació gracias a los esfuerzos que unieron durante muchos años organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y comités de víctimas y familiares del conflicto.

En junio de 2014, por primera vez, Sánchez Cerén reconoció que “el país tiene una deuda moral con los desaparecidos y sus familias que debe ser solventada”. Exactamente dos años después, apelando a esa promesa, las organizaciones presentaron una carta al presidente en la que solicitaban la creación de una “Comisión de Búsqueda”, formada por expertos independientes, que incluya investigaciones genéticas y forenses, y acompañamiento psicológico de las víctimas. La Conabúsqueda es la respuesta estatal a esa solicitud.

Sin embargo, algunas organizaciones consideran que el verdadero desafío es hacer que cooperen las Fuerzas Armadas salvadoreñas. En ese sentido, la presidenta del Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos, Guadalupe Mejía, llamó a los militares “a que colaboren” con la “difícil tarea” de encontrar a sus familiares porque “fueron ellos quienes los desaparecieron” y “saben dónde los dejaron”.

Según Arteaga, tanto la formación de la Conabúsqueda como la “puesta a disposición pública” de la información que está “en manos de autoridades militares o civiles en relación a la suerte de las personas desaparecidas en el conflicto”, serían “pasos positivos para dar alivio a las familias, pero también para reconstruir el tejido social y generar credibilidad en las instituciones”.

Para Sofía Hernández, de 74 años, encontrar los restos de sus parientes es necesario para “resarcir el dolor”, según dijo a la agencia de noticias Efe. Hernández contó que el Ejército le desapareció a una hija, dos hermanos y cuatro sobrinos a inicios de 1980. Y se mostró optimista por la nueva etapa que empieza el próximo año. “Tengo fe y esperamos que está comisión sí nos dé respuesta a las madres” sobre los desaparecidos, dijo, antes de agregar que desea que “se puedan recuperar los restos [...], aunque sea un pedazo de hueso”.

La inclusión de “Personas Adultas” en el nombre de la Conabúsqueda se dispuso para diferenciarla de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos en el conflicto, creada por el ex presidente Mauricio Funes en 2010. Esta comisión se creó en cumplimiento de una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño, en 2005, por la desaparición de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz.

La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos ya había denunciado desde finales de los años 80 la desaparición sistemática de menores de 18 años abandonados o secuestrados durante la guerra civil. Desde 2003, esta organización civil investiga con técnicas como las pruebas de ADN esos casos de desaparición forzada.