Cientos de personas se movilizaron ayer en Cataluña para protestar por la prisión dispuesta para los líderes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, procesados por el delito de sedición. Además, más de una decena de organizaciones emitieron comunicados en los que rechazaron esta decisión judicial, que consideran parte de una persecución política. Las críticas no llegaron sólo desde organizaciones independentistas, sino que también fueron formuladas por el Partido Socialista Catalán, el Partido Nacionalista Vasco y sindicatos como Comisiones Obreras. Se prevé que los pronunciamientos y las protestas en las calles continúen hoy.
La Justicia aceptó el pedido de la Fiscalía de detener en prisión preventiva a los líderes sociales, pero antes había rechazado otro pedido similar contra el jefe de la policía catalana, los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, también acusado de sedición, a quien le impuso otras medidas cautelares.
Todas las acusaciones se deben a que el 20 de setiembre varios agentes de la Policía española no pudieron salir de un edificio en Cataluña porque este fue rodeado por manifestantes.
Por su parte, el presidente catalán, Carles Puigdemont, acusó al gobierno de España de utilizar a la Justicia para “encarcelar ideas”, y lamentó que vuelvan a existir “presos políticos” en el país. El número dos del gobierno catalán, Oriol Junqueras, tuiteó: “Pedimos hablar, sentarnos y dialogar, y el PP [el gobernante Partido Popular], vía Fiscalía, responde con prisión”.
Junqueras se refería a la carta enviada por Puigdemont al presidente español, Mariano Rajoy. En la misiva el presidente catalán elude aclarar si la semana pasada declaró la independencia, tal como le consultó Rajoy. La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, le exigió una respuesta “clara” antes del jueves y advirtió que, de lo contrario, se aplicará el artículo 155 de la Constitución, por el que Madrid se atribuiría las competencias del gobierno catalán.