Algunas de las personas que aparecen como involucradas en empresas offshore en los Paradise Papers salieron a defenderse y distintos entes de control reclamaron medidas más duras contra la evasión de impuestos.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, fueron dos de los involucrados que reivindicaron su inocencia en público. Santos dijo que no se enriqueció con la posición que supuestamente mantuvo como director de dos sociedades offshore en Barbados, mientras que Ross aseguró que no cometió ningún tipo de delito ni hizo “nada malo”.

En otros países fueron anunciadas investigaciones sobre este tema, así como iniciativas para reformar las normas y poner obstáculos a la creación y el acceso a empresas offshore. Esto sucedió, por ejemplo, en la Unión Europea, donde varios jerarcas llamaron a imponer mayores controles. Tanto el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, como el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, consideraron que la filtración de los Paradise Papers es negativa pero tiene su costado positivo, porque si bien preocupa el involucramiento de jerarcas con empresas offshore, también implica un impulso para trabajar contra la evasión fiscal.

Por su parte, los eurodiputados del Partido Popular Europeo pidieron que se aceleren los trabajos para hacer las “listas negras”, una de paraísos fiscales y otra sobre los países que tienen vínculos con el blanqueo de capitales.

Las revelaciones de la investigación internacional coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación también motivaron que en varios países se pidiera la renuncia de los involucrados cuando estos ocupan cargos públicos. Uno de esos casos fue el del ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo. La agrupación kirchnerista Unidad Ciudadana emitió un comunicado en el que pide su renuncia “inmediata” por este “escándalo internacional”. Caputo “se dedicó a administrar sociedades y fondos de inversión en paraísos fiscales, y no informó de esa actividad en su declaración jurada de ingreso a la función pública”, manifestó la agrupación, que exige la intervención “inmediata” de la Justicia para que “tome las medidas que sean necesarias”. De acuerdo con la investigación periodística, Caputo fue gerente de un fondo de inversión y administrador de una gestora de fondos de inversión radicada en Miami con ramificaciones en Delaware e Islas Caimán. En declaraciones al diario argentino La Nación Caputo dijo que no cometió ninguna irregularidad.