La Justicia argentina condenó ayer a cuatro años de prisión a Luis D’Elía, ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social durante la presidencia de Néstor Kirchner, por su participación en una protesta para denunciar la complicidad policial con el asesino de un dirigente barrial. La sentencia es la última de una seguidilla de acciones judiciales contra ex funcionarios kirchneristas que han sido procesados y detenidos en los últimos tiempos.

D’Elía fue condenado por “privación ilegal de la libertad, atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, usurpación e intimidación pública”. Recibió una pena de cuatro años de prisión, que no se hará efectiva hasta que la sentencia quede firme, y una inhabilitación de ocho años para ejercer cargos públicos.

Todo esto por haber participado, en 2004, en la ocupación de una comisaría para pedir justicia por la muerte de Martín “El Oso” Cisneros, un militante barrial cercano a D’Elía, que fue asesinado por órdenes del narcotraficante Juan Carlos Duarte. Según el ex funcionario, Duarte había sido denunciado en varias oportunidades y actuó en complicidad con la Policía.

El abogado de D’Elía, Adrián Albor, volvió a insistir ayer ante los jueces en que todos los delitos están prescriptos. El tribunal rechazó estos planteos, aunque los argumentos serán leídos recién el 5 de diciembre.

Cuando fue su turno de hablar ante el tribunal, el dirigente social dijo que volvería a hacer lo mismo si “narcopolicías” cometieran un crimen igual. También acusó al gobierno de “castigar la protesta social” y aseguró que el “juicio está hecho a expreso pedido” del presidente de Argentina, Mauricio Macri.

En la misma línea, la ex presidenta Cristina Fernández dijo el viernes que “está en riesgo la democracia” porque Macri “está utilizando el Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores”.

Sus declaraciones tuvieron lugar unas horas después de que fue detenido quien fuera su vicepresidente, Amado Boudou, por presunto enriquecimiento ilícito. Boudou no fue condenado, pero el juez Ariel Lijo consideró necesaria la prisión preventiva para el dirigente porque entendió que podría entorpecer la causa en caso de que siguiera en libertad. Frente al juez, Boudou dijo que su detención había sido “ilegal y arbitraria” y solicitó su excarcelación. Lijo la rechazó esa misma noche, pero su abogado, Eduardo Durañona, apeló ayer la sentencia.

Estos dos casos se sumaron a una veintena de detenciones y procesamientos que tomaron impulso con la llegada de Macri a la presidencia y se aceleraron en los últimos meses.

Hace apenas 11 días, el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido perdió su banca en la Cámara de Diputados y luego fue detenido por el desvío de fondos públicos en obras incompletas en un yacimiento de Río Turbio y por sobreprecios en la importación de gas natural licuado.

Entre los dirigentes procesados aparece la propia Cristina Fernández, acusada de liderar una asociación ilícita, lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y otorgamiento irregular de obra pública.

El año pasado, Aníbal Fernández, quien fue su jefe de gabinete, fue procesado por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta, por el plan Qunita, que entregaba sets de productos para recién nacidos a familias con bajos ingresos. También fue acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por el programa Fútbol para Todos, causa por la que la Justicia procesó además a Jorge Capitanich, otro ex jefe de gabinete del kirchnerismo. Por el plan Qunita fue también procesado Daniel Gollán, antiguo ministro de Salud.

Otros procesados son el ex canciller Héctor Timerman, por abuso de autoridad en el traslado de diplomáticos, y el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Martín Sabatella, acusado por defraudación a la administración pública en la entrega de subsidios.

En tanto, por perjuicios generados al Estado por la venta de dólar futuro, la Justicia procesó al ex titular de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli.

Otra ex funcionaria procesada es la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que la semana pasada presentó su renuncia. Se la acusa de irregularidades en la compra de un edificio para la Procuraduría.

La lista tiene altas chances de seguir creciendo. Ayer el fiscal Carlos Stornelli pidió procesar a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, por “falsificar los datos de la inflación desde 2006, colocar un programa informático que ponía topes a los registros de precios para que el sistema no los advirtiera, abusar de sus deberes y violar el secreto estadístico”, delitos que pueden castigarse con hasta seis años de prisión.